Silvia es una mujer boliviana migrante en el País Vasco, la comunidad autónoma dentro del Estado español. El racismo que se repite en todo occidente no es una excepción en esta región donde la violencia policial hacia las personas migrantes y racializadas es estructural y sistemática.
El 26 de mayo de 2018, Silvia presenció un abuso policial contra una persona en la calle, dos agentes de la Ertzaintza (policía vasca) estaban maltratando a una persona sin techo e intervino para impedirlo. Cuando preguntó lo que pasaba, sin intermediar palabra, fue detenida de forma ilegal y golpeada brutalmente. Ahora se encuentra procesada por “atentado a un agente de la autoridad y dos delitos de lesiones”. Sin pruebas, la acusación se basa únicamente en el testimonio del oficial que la golpeó y la detuvo, a pesar de que existe un video en el que se ve con claridad la golpiza que recibió Silvia por parte del oficial. Una muestra clara de cómo se expresa el racismo institucional de la policía y del gobierno Vasco. Hoy enfrenta una causa donde podría tener una pena de siete años de prisión más el pago de una multa de miles de euros.
El racismo y la xenofobia del País Vasco
Organizaciones feministas, indígenas, organizaciones obreras, populares, activistas, personas independientes de Bolivia y de distintos territorios del mundo, están llevando acciones para lograr la absolución de Silvia, visibilizar el caso y denunciar al sistema judicial racista y patriarcal del País Vasco. Con la fuerza de la solidaridad migrante que no conoce fronteras, comenzaron a tejer estrategias para acompañar a Silvia.
El pasado 2 de marzo, el movimiento SOS Racismo de Bizkaia y la abogada de Silvia, Agatha Líbano, llegaron al Parlamento Vasco para denunciar el violento ataque de la policía y solicitaron al Gobierno que retire la acusación. Durante esa primera audiencia de defensa, en las calles se realizaron distintas movilizaciones y acciones colectivas. “No tengo palabras para agradecer todo lo que están haciendo para que todos sepan de la injusticia y discriminación que estoy sufriendo por ser inmigrante. Nunca pensé en tener tanto apoyo de todos ustedes.” dijo Silvia a sus compañeras de toda Abya Yala.
“Agathha Líbano es una abogada de oficio que se tomó muy en serio el caso y eso lo valoramos mucho, ella está trabajando desde su convicción y en defensa de los derechos humanos”, asegura Sara Nicholson Mendieta, militante en la asamblea de SOS Racismos Bizkaia en comunicación con Las12, quien explica que el caso de Silvia no es un hecho aislado, las personas migrantes son constantemente hostigadas por la policía. A la oficina de SOS Racismo Bizkaia llegan constantemente denuncias de abuso y brutalidad policial y que las actuaciones policiales racistas son un patrón de las fuerzas de seguridad en diferentes regiones del Estado español.
"Quienes denuncian son ignorados"
“La Oficina de Información y Denuncia es un espacio donde la gente puede denunciar los actos racistas que ha sufrido, es el único órgano que recibe denuncias de este aspecto porque cuando una persona va a denunciar por racismo a las dependencias de los juzgados o a la policía, la ningunean o no la reciben. Las denuncias que se procesan por agresiones o abuso de autoridad no recogen el carácter racista de las agresiones. En el último informe del 2020 -todavía no hemos acabado el informe del 2021- más del 40% de las denuncias que nos llegaron fueron por racismo institucional lo que significa que son denuncias hacia las fuerzas del Estado. ¿Con qué seguridad o confianza puede una persona denunciar el racismo ante agentes que la están agrediendo de forma racista?”, se pregunta Sara.
¿Por qué la justicia desestimó el video donde se ve claramente cuando Silvia es golpeada?
--El video de las agresiones en la comisaría fue filtrado no se sabe por quién y como no se sabe el origen del video se desestima la prueba, pero el video existe entonces no entendemos cómo todavía el gobierno vasco no ha desistido de su acusación. El otro tema es que el mismo agente que la agrede reconoce que le ha dado todos esos golpes. La declaración de un agente que dice que agrede a una persona privada de libertad en dependencias policiales es razón suficiente para abrir un expediente interno de investigación y para quitarlo de sus funciones. No puede ser que un funcionario del Estado que ha reconocido que agredió a alguien siga el ejercicio de sus funciones porque tiene riesgo claro de reincidencia.
¿Por qué solo se toma el testimonio del oficial aun cuando reconoce que violentó a Silvia?
--Cada vez que denunciamos este tipo de racismo el 100 por ciento de las denuncias son respondidas por una contra denuncia de los funcionarios del Estado, o sea por el gobierno vasco. Esto agota toda posibilidad de denunciar el racismo porque existe algo que se llama “principio de veracidad”. Los agentes del Estado gozan de este principio y es justamente lo que tergiversó todo el proceso de Silvia porque son los que la golpean pero son los mismos que ponen una denuncia contra Silvia y todo el proceso judicial va a estar determinado por ese atestado que dice que ella los agredió. No se toma en cuenta en ningún momento el testimonio de Silvia ni cómo fue agredida ni los golpes que tenía. Todo lo que dicen ellos es verdad y no se puede poner en cuestión. Cuando nosotros denunciamos un caso evidente de racismo institucional ya está todo perdido por ese principio de veracidad. Hay un enclave de impunidad de la Policía que está protegiendo al Gobierno Vasco y es eso lo que hemos ido a denunciar al Parlamento. Estamos pidiendo que tomen medidas respecto a la impunidad policial. El gobierno vasco es responsable de la policía, el organismo ejecutivo manda sobre la policía pero el poder que tiene el parlamento vasco es establecer medidas y mecanismos para el bien hacer o el buen hacer de la policía.
¿Qué otras situaciones de racismo y discriminación sufren las migrantes en el País Vasco?
--El racismo social, institucional y cultural que hay en el País Vasco obliga a las mujeres de Abya Yala a dedicarse a los cuidados, a los trabajos de limpieza y a un sector del ámbito laboral que está muy poco valorado y que representa una cadena de explotación a menudo sin derechos laborales porque la relación contractual se hace entre las familias y la persona. Cuando se juntan los estereotipos del patriarcado, el colonialismo y el racismo pesan muchísimo. También hay muchísimas trabas desde la ley de extranjería que es muy limitante. Quizá un poco menos para la gente de Abya Yala que para la gente del continente africano. Son totalmente desvalorizados por el sistema, les pagan muy poco o no pagan o incluso se sienten con el poder de utilizar sexualmente los cuerpos. Estoy pensando en trabajadores de hogar, han ocurrido abusos sexuales, pero las personas latinoamericanas no tienen ningún tipo de protección. Frente a esto es importante decir que hay muchas organizaciones de migrantes como la plataforma de Regularización Ya que propone una iniciativa de ley popular con una recogida de firmas para la regularización a nivel estatal en el Estado español. Las personas migrantes se movilizan y están poniendo al Estado en jaque y somos muchas apoyándolas.
¿Cuál es la situación de las mujeres trans migrantes?
--Evidentemente si ser mujer ya es una situación de opresión, ser mujer racializada es todavía más y si a eso le sumamos las diferencias de género evidentemente es una guillotina social respecto a la defensa de derechos. Sufren violencia hasta cuando van a comprar el pan. Estamos hablando de una cotidianidad, es un campo de batalla constante. Lo que sí hay son ciertos lazos de complicidad entre nosotras, pero la agresión diaria y cotidiana hacia las mujeres trans es terrible. Los movimientos sociales estamos aliados, por ejemplo ahora junto al Sindicato de Viviendas y Ocean que es un grupo transfeminista, estamos acompañando un caso de una mujer trans, refugiada política de Marruecos que la querían expulsar. Gracias a la organización hemos logrado también esa defensa.
¿Qué sucede con las migrantes en el ámbito laboral?
--La entrada laboral de las personas que vienen de América Latina o del continente africano es terrible, no se homologan los estudios. Viene gente súper experta en algo y muchas veces terminan en el sector de cuidados y este es un gran problema. Son muchas las trabas, no solo legales sino también, administrativas. Es atroz que no se le reconozca a una persona su proceso académico. El otro problema es la confianza en los espacios laborales. Yo casi no he visto médicas latinoamericanas, ese racismo también se refleja en la poca confianza que se le entrega a una persona migrante o racializada en los espacios laborales y me parece que ahí tenemos muchísimo trabajo por hacer. En el País Vasco no se reconoce la diversidad de la población. Aquí habitan muchas personas migrantes e hijos de migrantes que hoy en día son un ciudadano más, esa realidad poblacional no se refleja en los espacios laborales, hay una segregación muy grande según cómo valoran a la gente y los trabajos.
