La anunciada obra del nuevo puente que conectaría Salta con el departamento La Caldera aún se encuentra en veremos y su inicio es una incógnita debido a que la empresa que ganó en primer término la licitación no presenta todos los papeles que estipula la ley de contrataciones, ni todo los avales monetarios correspondientes. En la apertura de sobres, para otorgar el primer lugar, solo se privilegió el presupuesto más bajo.
El 22 de febrero en un acto realizado en Buenos Aires, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que junto al presidente de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, se habían abierto los sobres de la licitación para la construcción de dicha obra. La presentación del proyecto fue anunciada el año pasado y estaba incluida en el presupuesto nacional 2022, rechazado por los diputados nacionales de la oposición. Sin embargo, Vialidad Nacional, a través de una resolución específica, avanzó con las tareas previstas para el llamado a licitación que culminaron con la presentación de tres oferentes.
La encargada de revisar las carpetas y otorgar la obra, así como de controlarla posteriormente es la provincia a través de su Dirección de Vialidad. Se estipulaba que la preadjudicación estaría el 31 de marzo. Incluso el ministro de Infraestructura de la provincia, Sergio Camacho, le había dicho a este medio que ya se podrían observar avances a mediados de año, y que la obra podría estar culminada a finales de 2023.
Sin embargo, parafraseando al ex presidente Mauricio Macri, “pasaron cosas”. En este caso, que Vialidad dio como ganadora del concurso a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre DESA y Noroeste Construcciones, en principio, porque su oferta era por un monto menor que las demás. Segunda quedó la empresa Ingeniero Medina SA, y tercera, Dal Borgo Construcciones SRL. Pero cuando comenzaron a avanzar con la preadjudicación, se dieron cuenta que existían una serie de inconsistencias en los papeles y el patrimonio declarado por la UTE que no se condecían con el de cada uno de sus integrantes, por lo que todo quedó paralizado hasta que la unión transitoria se ajuste a derecho, o deba dejar su lugar a la segunda en cuestión.
“Todo está demorado y tenemos que ver qué va a pasar”, contestó visiblemente disgustado el intendente de Vaqueros y presidente del Foro de Intendentes a Salta/12, Daniel Moreno, quien sin querer hacer más declaraciones, agregó que las carpetas presentadas “son muy grandes, y eso está a cargo de Vialidad provincial”.
El jefe comunal lamentó la pérdida de tiempo y la atribuyó a las firmas que se presentaron en el concurso, debido a que soñaba con dejar el municipio tras tres períodos al frente, “con un nuevo puente que mejore la calidad de vida de todos los habitantes del departamento”.
Tanto el diputado como el senador departamental, Gustavo Pantaleón y Miguel Calabró, indicaron que estuvieron haciendo las averiguaciones pertinentes, y detallaron que la UTE compuesta por DESA y Noroeste Construcciones fue la elegida porque cotizó unos $140 millones por debajo del presupuesto estimado que llegaba desde Nación, y que era de unos $1.340 millones.
“Pero al viernes pasado no habían completado todos los papeles, por eso la demora”, explicó Calabró, “estoy muy preocupado por esa obra”, confesó el senador, debido a que según los tiempos que se manejaban se debía estar avanzando a esta altura con los primeros trabajos de demarcado del terreno, planos y otros trámites ejecutivos “y aún estamos en la etapa legal”. Y fundó su temor en que la misma situación se vivió en el tramo de la ruta 51 entre Pichanal y Orán, “que sigue hoy con problemas legales cuando la licitación se abrió hace más de 12 años”.
Miedo al desalojo
En el medio surgió la protesta de varios vecinos de Vaqueros que viven por donde se supone pasará la carretera con costanera que unirá el nuevo puente con el del río Wierna, que correrá al margen de dicho curso de agua unos cuatro kilómetros para volver a unirse con la ruta nacional 9 en el kilómetro 1.612. En ese punto, para ingresar y egresar a la ruta, está prevista una rotonda que también afectaría otras casas y propiedades.
Al menos esa es la información que manejan unas 25 familias a las que les acercaron un supuesto plano del lugar por done se realizaría el nuevo camino y por eso comenzaron a enviar notas al municipio, al Ministerio de Infraestructura, a las direcciones de Vialidad Nacional y provincial y a la Dirección General de Inmuebles para pedir más detalles, “pero nadie nos contestó, el único que vino y nos dijo que no sabía nada fue el intendente”, sostuvo Mariela Maza, una de las que tiene su casa cercana al encuentro entre la ruta y el puente. Por eso, la semana pasada comenzaron a manifestarse en el puente de ingreso a esa localidad.
“Estamos reclamando hace un mes desde que nos enteramos, primero nos reunimos con los vecinos y después logramos que venga el intendente que es el primero que debería saber, pero lo único que nos contestó fue que no sabía qué podía pasar”, añadió la vecina. “Necesitamos saber qué va a pasar con nosotros, si es que realmente la traza se va a hacer por ahí, si nos van expropiar y nada más, porque vivimos acá hace más de 20 años y no tenemos dónde ir”, concluyó.
Otro vecino, Antonio Maciel Parada, dijo que su temor viene del desconocimiento y la incomunicación, ya que “si están haciendo una ruta que va a pasar por sobre nuestras casas, nosotros tendríamos que ser los primeros en saberlo”, pero hasta aquí, lo único que consiguieron fue el compromiso del senador Miguel Calabró de que “llegado el caso se los reubicará con todo lo necesario”. Algo que le confirmó a este medio el legislador, quien pidió paciencia hasta que se defina qué empresa estará a cargo de la obra “y cuáles son sus verdaderos planes”.
Calabró amplió la información y agregó que además está previsto relocalizar dos clubes locales y dos empresas que se dedican a la extracción de áridos. Pero insistió con pedir tranquilidad: “si vemos que va a afectar a alguien vamos a hacer lo que haya que hacer para que se garantice que no se queden en la calle, sino que se los va a reubicar en algún lugar que los favorezca y con todas las garantías”.
De todas maneras, Maciel alertó que él mismo vio y conversó con “un agrimensor de Vialidad” tomando datos y registros del lugar, quien le habría adelantado que esos terrenos serían expropiados. “Nuestra preocupación es esa, que nos van a dar algo de dinero y nos van a dejar sin nada, y tendremos que salir a buscar lugar y hacer una nueva casa cuando en mi caso hace más de 30 años que vivo acá con mi familia”, describió angustiado.
Ante la pregunta de este medio, Daniel Moreno solo se limitó a contestar que él mismo envió notas a los organismos provinciales correspondientes para evacuar las dudas, pero que no quería realizar más declaraciones hasta no tener datos certeros “para no echar más leña al fuego”.
