El presidente Mauricio Macri decidió echar al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, luego de que éste abriera un sumario por el escándalo de la condonación de los intereses de la dueda que la empresa Correo Argentino SA –del grupo Macri- mantiene con el Estado.

El portal Nuestras Voces reveló la auditoría sobre la que Balbín basó su crítico escrito sumarial, que detalla las estrategias dilatorias del Grupo Macri para no afrontar una deuda que ya tiene 16 años. Además, destaca la desidia del Estado –que no pidió nunca la quiebra de la empresa- y el aval que le concedió la Justicia, que no intervino para resolver la situación.

La auditoría fue realizada por el abogado Guillermo García, un empleado de planta del Tesoro. En su escrito, García advierte que “paradójicamente” el concurso impulsado por el Correo cuando estaba en manos del Grupo Macri, todavía se encuentra en el “período de exclusividad”. Dicho período, por ley, dura 90 días con la posibilidad de extenderlo 30 días más. Sin embargo, el concurso del beneficiado holding de la familia presidencial, lleva 16 años.

García también critica el accionar de los funcionarios del Estado, quienes no “efectuaron cuestionamientos” frente al insistente entorpecimiento del proceso que impulsaba el Grupo Macri a través de “peticiones de todo tipo, varias de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por el Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado”. 

Luego, el auditor califica de “evidente” que el paso del tiempo generó una “degradación, a valores constantes, del crédito que reclama el Estado”, cuyo monto ascendía en 2001 a casi 300 millones de pesos, pero si se computaran los intereses que demandó la fiscal Gabriela Boquín, la deuda sería de más de 70 mil millones de pesos. El actual gobierno y el Grupo Macri consideran que no deberían computarse. 

Sin embargo, García sostiene que "la situación se torna más grave" a raíz de las acciones legales Correo Argentino SA, promovió contra el Estado Nacional, "tendientes al resarcimiento de los daños que, manifiesta, le habría generado el accionar del Estado”. Se refiere a dos juicios del holding contra el Estado, uno de ellos relacionado con una indemnización por la estatización del Correo, por el cual la familia presidencial reclama 2365 millones de pesos. 

Antes de ser expulsado de la Procuración del Tesoro, Balbín criticó la llamativa duración de la causa y el perjuicio que ésta le generaba al Estado; también hizo hincapié en las triquiñuelas legales del Correo y la inacción del Estado. El punto clave que molestó al Ejecutivo, fue la opinión de Balbín sobre “los intereses”, frente a los cuales el actual gobierno invoca la ley de quiebras, que indica que los intereses se suspenden desde la presentación del concurso, es decir desde 2001. Sin embargo, para el ahora ex procurador “la doctrina advierte que tal suspensión no es absoluta” y es la interpretación que “podría ser invocada” en este caso.