Más de 250 mil fichas con información de personas y organizaciones sociales que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) acumuló obsesivamente durante décadas serán digitalizadas para contribuir con las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad en el país. El anuncio fue hecho este martes por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, después de un trabajo de coordinación con los organismos de derechos humanos, que reclaman la apertura de los archivos de inteligencia como vehículo para saber qué pasó con las víctimas del terrorismo de Estado y para intentar identificar a los responsables que aún siguen en las sombras.

La Casa de la Moneda será la encargada de hacer el trabajo de digitalización de los archivos de la exSIDE. Con la Casa Rosada como escenario, Caamaño firmó un convenio con la vicepresidenta de ese organismo, Marina Pecar, para que desarrolle la tarea. "El Estado tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de Estado en lo que hace a los servicios de inteligencia", dijo Caamaño y resaltó que los organismos que luchan hace décadas por verdad y justicia, y la sociedad toda, tienen derecho a saber qué rol jugó la SIDE en el entramado represivo.

"Es un empujón más para seguir", celebró, por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. El ministro de Justicia, Martín Soria, describió el anuncio como un "día histórico, un paso más en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia". Los funcionarios hablaron ante un auditorio lleno de referentes de organismos de derechos humanos.

En la primera fila del Salón Mujeres Argentinas resaltaban los pañuelos de Taty Almeida y Nora Cortiñas, referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Con ellas se sentó Angela "Lita" Boitano, que estaba con su inseparable compañera de Familiares Graciela Lois. Más atrás se ubicó Carlos Pisoni, de HIJOS. Estaban también representantes de la APDH como María Elena Naddeo o Eduardo Tavani o la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y Verónica Torras, de Memoria Abierta. Más atrás se encontraban también el sociólogo Daniel Feierstein y el titular del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), Marcelo Castillo.

En uno de los costados se acomodó para escuchar la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Más adelante estaban sentados el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y la flamante jueza argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez. También estuvo la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que salió muy entusiasmada del encuentro. "Esta documentación nos va a dar la llave para poder avanzar en lo que es la estructura de inteligencia", evaluó en diálogo con este diario.

Los archivos

Cuando Caamaño llegó a la AFI, creó un programa de Protección y Registro de Archivo para que trabaje con los documentos que la SIDE confeccionó entre 1946 –la fecha de su creación– y el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal porteña dictó la sentencia a los comandantes en el Juicio a las Juntas.

Desde entonces, un equipo de expertos y expertas ha estado trabajando con los archivos que se hallaron en las dependencias de la actual AFI. Según informaron desde ese organismo, se trata de más de 250 mil fichas producidas por el área de Antecedentes entre 1960 y 1980 –que reúnen no solo los datos que tenía la SIDE sobre determinadas personas, sino también la información que giraban otros servicios de inteligencia–. Algunos de esos documentos fueron entregados el 10 de diciembre de 2020 a organismos de derechos humanos, que fueron blanco de los seguimientos durante la dictadura y buena parte de la democracia.

También se encuentran los legajos del personal que revistó en la SIDE, los libros de sanciones y de licencias, la nómina de los inmuebles que la Secretaría tenía a su cargo y también las empresas que usaba como “pantalla” para sus actividades. En 2020, la intervención halló un álbum que había armado la Jefatura II de Ejército –el órgano de inteligencia con mayor preeminencia en la represión– con las personas que eran buscadas. Ese álbum –revelado por Página/12– fue considerado un elemento clave por el tribunal de San Martín que juzgó las desapariciones, torturas y muertes durante la Contraofensiva montonera. También apareció una guía sobre operaciones psicológicas, por ejemplo.

En los juicios se logró reconstruir que la SIDE fue la que estuvo a cargo de la coordinación con otras agencias regionales en el Plan Cóndor y que estaba particularmente interesada en la persecución de militantes de organizaciones de otros países. Además, la SIDE regenteó el centro clandestino conocido como Automotores Orletti hasta noviembre de 1976, cuando la fuga de dos prisioneros obligó a los represores a levantar el lugar. Antes, había funcionado otro campo de concentración en la calle Bacacay, identificado por el juez federal Daniel Rafecas tras una investigación del exPrograma Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos. Se sabe también que la SIDE coordinó la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

Caamaño contó que parte de la documentación fue ya enviada al juzgado de Rafecas y leyó el mensaje que el juez federal le envió. "Es una mina de oro", dijo Caamaño que fue la reacción del magistrado a cargo de la investigación de los crímenes del Primer Cuerpo.

Un viejo reclamo

"Este convenio es un paso más del trabajo iniciado el año pasado junto a organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y Memoria Abierta, entre otros; la Secretaría de Derechos Humanos, y el Archivo General de la Nación en el marco de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos", destacó Caamaño a este diario.

El acceso a los archivos es un reclamo de larga data del movimiento de derechos humanos. Distintos organismos integran desde julio pasado una mesa en la que se debate por dónde avanzar con el análisis de un acervo de documentación tan voluminoso y fueron ellos también quienes fueron planteando intereses y necesidades para avanzar con investigaciones incompletas. 

La digitalización de toda la documentación --que incluye más de 5 millones de fotogramas y 1 millón de fojas-- llevará entre 12 y 16 meses. Desde la AFI explicaron que la digitalización permitirá dar una respuesta más veloz a los requerimientos de jueces y fiscales que investigan los delitos de lesa humanidad cometidos ya hace 46 años. Es esperable que también echen luz a la estructura de inteligencia, que fue el cerebro de la represión y que, como tal, aún sigue siendo bastante desconocido.

A desclasificar

En simultáneo, Caamaño anunció la creación de un comité para la desclasificación progresiva y eficiente del material para que la documentación no quede "escondida en los sótanos de la democracia". Ese órgano estaría integrado por la AFI, la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Legal y Técnica y los organismos de derechos humanos.

La desclasificación de información en poder de la AFI es otro de los puntos centrales que deberá discutirse cuando el Gobierno envíe la reforma de inteligencia, anunciada por Alberto Fernández en su discurso del 1 de marzo pasado.