Las curiosidades son varias. En medio de un gobierno neoliberal en 2017 nació la ley más avanzada en materia de urbanización de barrios populares por presión de los movimientos sociales. En 2019, bajo otro gobierno totalmente distinto, la política pública no sólo continuó sino que tuvo financiamiento. Es decir, ya hay dos problemas totalmente resueltos para avanzar en una decidida lucha contra la pobreza estructural que son la propiedad de la tierra y los fondos para hacer los planes de integración socio urbana. En Rosario, cada vez que se ve una sucesión de viviendas precarias comúnmente llamadas “villas miseria”, se trata de casas asentadas sobre terrenos sujetos a expropiación. Es así en los 112 asentamientos de esta ciudad ¿Cuál es el problema entonces? “Yo no tengo dudas de que el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin quieren urbanizar los barrios populares, pero son tantas las cosas que pasan desde que se toma la decisión política hasta que finalmente suceden, que hay que ajustar los procesos”, le dijo a Rosario/12 el concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde.

Ciudad Futura es en sí mismo no sólo una fuerza política de Rosario sino un movimiento social que surgió hace varios años. Desde ese perfil trabajó junto a otros movimientos sociales en 2017 para “recorrer casa por casa, rancho por rancho, en todo el país para mapear y censar a los 4416 barrios populares, donde se vive en el siglo XXI pero en condiciones del siglo XIX”, describió Monteverde.

Y es que hasta ese 2017 las llamadas villas de emergencia o asentamientos irregulares no figuraban en los mapas oficiales. Eran grandes lotes en blanco. “No se sabía ni cuántos había ni cuánta gente vivía ahí. Ni los censistas entraban a los barrios. Difícil tener política para algo que ‘no existe’”, señaló el concejal rosarino.

Después de todo ese relevamiento nació la ley 27.543, “la más revolucionaria e innovadora del continente”, asegura Monteverde y reafirma que la vigencia de esa norma “nos permite hoy contar con las herramientas jurídicas, económicas y de gestión para avanzar en soluciones estructurales para el problema de la pobreza en Argentina: urbanizar los barrios para empoderar a las y los ciudadanos”.

El concejal aclara que “urbanizar no es poner más pavimento. Urbanizar los barrios populares es al mismo tiempo, y en el mismo lugar, descargar una batería de políticas integrales, concurrentes y multidimensionales que generen cambios físicos y sociales con la participación protagónica en el territorio”.

Y agrega que estos procesos de integración socio urbana “tienen distintas referencias internacionales, como el programa Favela Barrio en Brasil o el Urbanismo Social de Medellín, que muestran que es posible y que invitan a la ciudades a ser protagonistas en la lucha contra la pobreza”.

La ley 27.543 no sólo tiene el presupuesto que cada gobierno le otorga cada año sino que además tienen fondos asegurados de un porcentaje de la compra del “Dólar Solidario” y otro porcentaje del impuesto sobre las grandes riquezas.

“Por eso, porque existe la Ley Nacional de Barrios Populares, porque hay recursos disponibles y porque es un imperativo ético actuar ya, creamos nuevas herramientas para que Rosario se ponga a la vanguardia no solo urbanizando más barrios, sino haciéndolo desde esta perspectiva”, explicó Monteverde para indicar por qué se convirtió a la Comisión de Planeamiento del Concejo en una aceleradora de la urbanización de barrios populares que se reunió esta semana.

 “Es un espacio resolutivo para monitorear, coordinar y facilitar las acciones de los actores involucrados, haciendo un mejor uso de la energía pública desplegada. Las áreas ejecutivas de los gobiernos, las empresas de servicios públicos, la universidad y las organizaciones sociales nos encontraremos todos los meses para trabajar juntos y hacer cumplir la ley hasta urbanizar los 112 barrios populares de Rosario”, explicó.

“Tenemos muchas leyes y derechos consagrados, lo que faltan son poderes que los hagan operativos en la vida de la gente. Acá va nuestro pequeño aporte, convencidos de que solo tendremos un Estado más justo si logramos hacerlo menos burocrático y más eficiente. La gestión social del Estado es la forma más democrática de hacerlo eficaz y eficiente”, apuntó el edil de Ciudad Futura.