El sistema de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y departamentos aledaños, tiene una deuda histórica con una parte de la población: no incorporó micros accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Los pedidos vienen desde hace muchos años, pero ni el Estado, ni las empresas concesionarias de las distintas líneas, se hicieron eco del reclamo quienes pretenden utilizar el servicio sin depender de otras personas para hacerlo.

Fabiana Arias es madre de un joven con discapacidad motriz, que se traslada en silla de ruedas y hoy se ve totalmente limitado para transitar en su propia ciudad. “Siento que es un tema tan postergado, después de muchos años de lucha. Mi hijo tiene 23 años, pero hay madres con hijos de mas de 30, que vienen pidiendo transporte inclusivo desde antes”, señala Fabiana, quien recuerda que muchas veces se reunieron con funcionarios de distintos gobiernos, les plantearon soluciones basándose en servicios de otras provincias, pero nunca se avanzó.

De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), poco mas del 10% de la población mundial atraviesa alguna discapacidad, permanente o transitoria; o bien vive situaciones de movilidad reducida, que les dificulta desarrollar una rutina normal.

Mujeres embarazadas, adultos mayores, niños de corta edad, se incluyen en la población que encuentra a diario un obstáculo en el transporte público.

Fabiana recuerda que hace unos años se anunció la incorporación de coches con rampas de acceso y bajada, “pero con un solo coche por línea no alcanza, dependemos de cuando pasa ese vehículo y a veces hay que salir dos horas antes, o llegar una hora después a nuestros destinos”.

Tantas son las restricciones, que impactan en las expectativas futuras de las personas con discapacidad. Como ejemplo, señala que no tuvo otra elección que enviar a su hijo a la escuela más cercana, sin la posibilidad de elegir la que consideraba adecuada, por la distancia y los costos de traslado. Si bien reconoce que el boleto gratuito ha sido un beneficio para muchos, otros quedaron afuera. “Si no contamos con dinero para pagar un remis, ese chico queda afuera del sistema educativo”.

Para poder educarse, las personas con movilidad reducida dependen del factor económico, o que sus familias los atiendan a tiempo completo, lo cual les complica la jornada laboral.

Todos los aspectos de la vida social están supeditados a un transporte que hoy no tienen. Realizarse controles médicos, salir a alguna recreación, ir a comer, a hacer compras o cualquier trámite, se complica no solo por el traslado, sino también por la accesibilidad a locales públicos.

“Cuando crecen y pueden empezar a trabajar, se les va mucho dinero en remises. Aunque los familiares los puedan llevar, no están accediendo a esa libertad que cualquier persona adulta tiene. Es un tema de dignidad humana”, reclama Fabiana.

Por ello entienden que es el momento de comenzar con los cambios y que las empresas reemplacen sus coches progresivamente. “Creo que si empezamos ahora, en 5 años tendríamos más del 50% de unidades accesibles”, concluyó.

Iniciativa legislativa

Un proyecto de ley presentado por la diputada provincial Alicia Paz (UCR-JxC) propone que las empresas de transporte urbano de pasajeros incorporen colectivos de piso bajo a los fines de garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

La iniciativa tiene por objeto que las concesionarias del trasporte público de pasajeros cuenten con unidades accesibles para el traslado de pasajeros con movilidad reducida. Entendiéndose por unidad accesible, a las unidades de transporte público de pasajeros de piso bajo diseñados especialmente para el fácil acceso.

Según argumenta la legisladora, el propósito es brindar protección a las personas con discapacidad, adultos mayores, padres con sus hijos menores y personas que por circunstancias transitorias encuentran dificultades para disponer del total de sus habilidades, como mujeres embarazadas, o quienes padecen algún tipo de lesión, entre otras que utilizan diariamente el transporte público y encuentran un obstáculo físico en el ascenso o descenso a los colectivos.

“Deben sortear la distancia existente entre los escalones de ascenso y descenso de los colectivos, que dificulta ciertamente el paso de un espacio a otro, constituyendo un verdadero impedimento en el entorno físico, que se traduce inmediatamente en impedimentos para el normal uso del servicio por quienes padecen limitaciones físicas o psíquicas”.

El objetivo es que el proyecto se materialice efectivamente en todas las empresas de colectivos de Catamarca, “a fin de lograr una verdadera provincia integradora, inclusiva y protectora de los todos sus habitantes”.

“Es tiempo que todos comprendan que las personas con discapacidad tienen una vida independiente, que hay un gran número de personas con discapacidad motora, visuales, adultos mayores, embarazadas y niños”, agregó Paz.

En tal sentido recordó el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Accesibilidad1) A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

De acuerdo con los resultados del último censo poblacional, un 12,9% de la población de Argentina convive con algún tipo de discapacidad, es decir que son alrededor de 5 millones de personas -de las cuales más de 800 mil tienen discapacidad motriz- y si a ese número se suman las personas con movilidad reducida, permanente o transitoria, la cifra aumenta aún más.

La legisladora puso como ejemplos las ciudades de Resistencia (Chaco), y San Carlos de Bariloche (Río Negro), que fueron las primeras del interior del país en incorporar unidades de transporte público accesibles.

“Debemos tener en cuenta los desafíos a los que debe enfrentarse a diario una persona con movilidad reducida para trasladarse de un lugar a otro, por la dificultad para ascender y descender del colectivo ya que ninguna línea de transporte público posee piso bajo y ello trae aparejada una serie de situaciones que vulneran los derechos de las personas con movilidad reducida”, concluyó Alicia Paz.