Integrantes de Madres en lucha junto a otras asociaciones de derechos humanos y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se concentraron frente al Congreso de la Nación para reclamar la sanción de la Ley integral contra la violencia institucional. "Es un reclamo que tiene más de 30 años y debe tratarse lo más pronto posible para que no sigan matando pibes", dijo a Página/12 Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, el adolescente de 18 años que murió a manos de la policía mendocina en 1997.

"Exigimos que haya un registro de todos los agentes de seguridad que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, que no los trasladen a otras dependencias y sigan cometiendo estos abusos. Además, pedimos capacitaciones para prevenir la violencia institucional y en materia de género. Que ningún pibe más muera en manos de la policía requiere del compromiso de toda la sociedad", explicó Medina.

"Es una ley que viene a reparar el daño que las fuerzas de seguridad provocaron a tantos pibes y a tantas familias, en su mayoría de bajos recursos, desde el regreso de la democracia", sostuvo Dolly Sigampa, la mamá de Ezequiel Demonty, el joven de 19 años que en 2002 fue asesinado por integrantes de la Policía Federal, que lo torturaron y arrojaron al Riachuelo.

Del reclamo participaron también otros familiares de víctimas de la violencia estatal, entre ellos, Gustavo Melmann, padre de Natalia, la adolescente de 15 años torturada, violada y asesinada en 2001 por la policía de Miramar. Asistieron también allegados de Jorge Pilquiman, de 24 años, desaparecido y luego hallado ahogado en un lago de Bariloche en 2005, luego de que guardias de seguridad de un boliche lo echaran; y de Judith Giménez, la chica de 16 años a quien el gendarme Federico Sandoval mató de un balazo en la nuca en 2007.

Con carteles y fotografías de decenas de pibas y pibes, integrantes de la Marcha de la gorra, la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de distintas localidades y provincias, como Mar del Plata y Tucumán, y la Correpi, estuvieron en representación de las familias que no pudieron acercarse hasta el lugar.

"El pedido es urgente y va dirigido a todos los diputados, independientemente del partido al que pertenezcan, es necesario que el proyecto sea debatido por todas las fuerzas políticas en el Congreso", señaló Sigampa.

La reunión en la puerta del Congreso continuó en el interior del edificio, donde se hicieron presentes los autores de la iniciativa, la legisladora porteña Paula Penacca (FdT) y el diputado Hugo Yasky (FdT), que preside la comisión de Derechos Humanos. Los diputados María Rosa Martínez y Federico Fagioli también participaron del encuentro.

Informe: Karla Góngora.