La inseguridad es un concepto más amplio de lo que muchos suelen considerar, y la inseguridad económica es una de sus facetas presentes y denostadas. En este sentido, el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), investiga cada año los niveles económicos de la sociedad y las sensaciones que generan los contextos adversos en las personas. Así, a través de una encuesta y su interpretación, que resultó en el 14° Monitor del Clima Social (MCS), encontró que el 34 por ciento de las y los entrevistados pasaron hambre en el último año, un 4 por ciento más que en el 2021. “Este aumento producido por la inflación local de alimentos y la importada por la guerra se hace más preocupante porque se da sobre una base muy alta que dejó el gobierno anterior y la pandemia”, consideró el legislador porteño y director del CEM, Matías Barroetaveña.

En rasgos generales, los resultados de la última edición del MCS no muestran grandes cambios respecto del estudio que se publicó en junio del 2021. De hecho, son varios los valores que se mantienen cercanos a la última medición. Algunos son una percepción negativa de la situación económica  —que apenas creció un punto, del 64 al 65 por ciento—; el hecho de que no alcanza el sueldo o el ingreso familiar —que se mantuvo en el 62 por ciento de las personas encuestadas—; y el tener que disminuir las porciones frente a una insuficiencia de dinero para comprar alimentos —que también mantuvo el mismo porcentaje del año pasado, en 53 puntos.

El nuevo Monitor del Clima Social, más allá de las pocas variaciones, muestra que gran parte de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —territorio sobre el cuál se llevó a cabo la investigación a mayores de 16 años— continúa con fuertes inseguridades económicas debido a ingresos insuficientes y una situación económica personal mala. Sin embargo, uno de los datos más destacados es la considerable disminución en el miedo a perder el trabajo: del 50 por ciento que declaró tener este temor en 2021, solo el 38 por ciento dijo tenerlo en la actualidad.

El Centro de Estudios Metropolitanos es un centro interuniversitario nacido a partir de un acuerdo entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham. Entre sus trabajos de investigación sobre la opinión pública destaca este Monitor del Clima Social, el cual busca medir periódicamente la situación social en el AMBA, específicamente en lo que respecta a los niveles de inseguridad social.

Fue en el marco de este estudio que el CEM realizó entrevistas telefónicas, recolectando un total de 1365 casos entre los días 22 y 25 de abril de este año; y midiendo cinco indicadores de inseguridad social: económica, alimenticia, laboral, habitacional y en transporte. Un dato a destacar es que la medición se llevó a cabo ya superadas las restricciones de la pandemia, pero a pocos meses de iniciada la guerra en Ucrania.

“En esta medición también observamos que estas inseguridades sociales son mayores en el conurbano bonaerense, entre las mujeres, entre jóvenes de 23 a 29 años y en la clase baja, especialmente en términos de ingresos y alimentarios”, comentó Barroetaveña sobre la segmentación de los datos y las conclusiones del estudio.

Como muestra el MCS, si bien hay una mejora respecto de las inseguridades laborales, “dato seguramente asociado a la baja de la desocupación”, tal y como sostiene el director del CEM —de la mano que la superación de las restricciones e incertidumbres de la pandemia—; el crecimiento de la inseguridad alimentaria llama la atención y preocupa.

De este modo, el estudio da cuenta de que un 65 por ciento de las y los participantes debió limitar la cantidad de productos que compra en el último año, porcentaje que crece hasta el 81 por ciento frente a la pregunta sobre cambio de marcas de los productos consumidos. Si bien el número más preocupante es el que responde a la situación de hambre frente a la falta de alimentos, que aumentó a los 34 puntos.

Asimismo, el 62 por ciento de las personas entrevistadas afirmaron no tener un sueldo o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades mensualmente, y al menos alguien en el 66 por ciento de los hogares encuestadas debió buscar trabajo debido a esta situación —aunque solo el 38 por ciento expresó temor por ver afectada su situación laboral.