“Cuando alguien aborta, puede que decida no compartir esa información con amistades o integrantes de su familia. Pero, por lo general, altas son las chances de que su celular esté enterado”, señalaba un reciente artículo del Washington Post sobre un tema -la privacidad de datos- que preocupa en Estados Unidos desde hace semanas. Más precisamente, tras filtrarse el borrador del ultraconservador Samuel Alito, juez de una Corte Suprema de Justicia con mayoría republicana, que adelantaba -como es bien sabido- la intención del tribunal de anular Roe vs Wade, histórico fallo que protege la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho constitucional desde 1973.
Aunque se espera que la Corte Suprema se expida en los próximos días (en teoría, a finales de este mes, principios de julio), el panorama luce bastante desalentador, y suscita numerosos interrogantes frente a la catástrofe que significaría que se revoque el derecho fundamental al aborto y se criminalice la interrupción del embarazo en ciertos estados. Una de las dudas más extendidas refiere a los datos recabados por apps menstruales -utilizadas por millones y millones en Estados Unidos-: de anularse Roe vs Wade, ¿podrían usarse como evidencia contra mujeres y otras personas gestantes?
Las aplicaciones todo lo saben
Según explica la abogada y periodista Paloma Llaneza en el diario El País que, en Estados Unidos, la ley Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) establece la obligación de guardar secreto profesional sobre las consultas relativas a la práctica de un aborto, “obligación que se extiende a los seguros médicos y sus gestores. Pero las apps y los titanes de los datos no tienen la misma obligación. Muchísimas personas utilizan aplicaciones para hacer un seguimiento de sus ciclos menstruales, registrando y almacenando datos íntimos sobre su salud reproductiva. Dado que esos datos pueden revelar cuándo se detiene y comienza la menstruación, la ovulación y el embarazo, podrían convertirse en pruebas en los estados donde el aborto esté penalizado”.
¿Nuevo miedo destrabado? Sí, y hace sentido. Porque aún cuando la industria femtech bebe de una retórica empoderante, lo cierto es que muchos desarrolladores monetizan los datos que recopilan sobre la salud reproductiva de sus usuarias, vendiéndolos al mejor postor. Aunque buena parte de las apps para controlar los ciclos menstruales son “gratuitas”, lo barato sale caro y nadie lee la letra chica. O aún haciéndolo, a veces ni siquiera está claramente manifestado en las políticas de privacidad que la info puede acabar en manos de data brokers, que la ofrecen a empresas, privados, incluso a fuerzas de seguridad.
Un reciente estudio sobre 24 apps de esta guisa en Estados Unidos halló que 19 transferían información íntima a terceros. Entre ellas, la muy popular Flo, que el año pasado tuvo problemas con la Comisión Federal de Comercio por prácticas “engañosas” en torno al intercambio de datos; en otras palabras: por vender info a una variedad de empresas de marketing y análisis, incluidas Facebook y Google. La citada Llaneza pone otro ejemplo: cómo el blog Motherboard de la web Vice compró a una firma llamada SafeGraph una semana de data que mostraba de dónde venían las personas que visitaron unas 600 clínicas de Planned Parenthood (donde se practican abortos) y adónde iban después. ¿Cuánto le salió el paquetito? Una bicoca: 160 dólares.
También recoge que, a tal punto la seriedad del asunto, ya hay proyectos de ley para limitar la cantidad de datos sobre salud reproductiva que las compañías tech pueden recopilar, conservar, usar, divulgar. En esa dirección, My Body, My Data, de la diputada demócrata Sara Jacobs, todavía por debatirse. Igualmente, voces expertas en seguridad y tecnología abren el paraguas y recomiendan enfáticamente: pasarse al calendario de papel.
Google ¿el enemigo?
Por lo demás, según informa Ms Magazine, al menos la mitad de los 50 estados de Estados Unidos prohibiría el aborto de inmediato si la revocación de Roe vs Wade se hace efectiva, lo que afectaría en mayor medida a mujeres de bajos ingresos de estados del sur y del oeste. En miras de los potenciales alcances restrictivos de las leyes estatales (en algunas, podrían equiparar aborto con homicidio), hay quienes temen que incluso el mero hecho de googlear información sobre tal o cual clínica devenga ilegal en ciertos lugares. O bien, viajar a jurisdicciones más progresistas donde el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se mantenga. Tal sería el caso de Texas, donde actualmente rige “la ley del latido” y, asimismo, se ha facultado a sus ciudadanos para hacer cumplir la prohibición de abortar después de la sexta semana, con “recompensas” de hasta 10 mil dólares para vecinos que denuncien a docs que practican abortos después del mes y medio de gestación.
A todo esto, en el borrador filtrado y originalmente difundido por el medio Político, el magistrado Alito argumentaba que el derecho al aborto no está “arraigado en la historia y la tradición de la nación” y no se “menciona” en la Constitución (¡de 1787!); por lo tanto, es ilegítimo. Un argumento que, como señaló con marcada inquietud la vicepresidenta Kamala Harris, sentaría peligroso precedente para eventualmente cercenar otros derechos conquistados; el acceso a los anticonceptivos y el matrimonio igualitario, entre ellos.
