Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados de la provincia repudió la conducta de la presidenta comunal de Clason Laura Ibars, quien reivindicó la figura del dictador Jorge Rafael Videla y eso ya le costó una denuncia penal del fiscal federal Adolfo Villatte por “apología del crimen” y un pedido del Foro contra la Impunidad y por la Justicia –que integran los organismos de derechos humanos de Santa Fe- para que sea destituida de su cargo. La Cámara se hizo eco de dos proyectos que presentaron la diputada peronista Lucila De Ponti y sus colegas del bloque Igualdad, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet. “Nuestro deber es no aceptar declaraciones de odio” como las de Ibars. “Nuestro límite es el orden democrático, el respeto a la Constitución y los derechos humanos”, dijo Giustininiani. “En democracia, no hay espacio para funcionarios políticos que impúdicamente se expresan a favor del genocidio cometido por la dictadura cívico eclesiástico militar de 1976”, alertó el Foro.

La respuesta institucional de la Cámara fue por un posteo de Ibars con dos fotos, una de Videla y la otra de un joven con visera que portaba un arma de fuego. “Con esta gorra (la de Videla) no habría más estas gorras (en referencia al chico)”, escribió.

El “mensaje” de la funcionaria enrolada en Juntos por el Cambio “fue repudiado por distintos sectores políticos” y “caracterizado como ‘apología del delito’ según el artículo 213 del Código Penal, que penaliza a quien ‘hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito’”, recordó Giustiniani.

“El país está atravesado por un contexto social complejo, en el que permean ideas antidemocráticas y expresiones de odio que atentan contra el pacto democrático que logramos en 1983”, planteó el bloque Igualdad. Después de la dictadura de Videla, en la recuperación democrática, “la sociedad argentina y las fuerzas políticas decidieron: ‘Nunca Más un golpe’. ‘Nunca Más una interrupción del orden democrático’ y ‘Nunca Más al terrorismo de estado’ que tuvo consecuencias atroces como los crímenes de lesa humanidad”.

“Sobre esa base, refundamos nuestra democracia en 1983”. Por lo tanto, “es nuestro deber no aceptar declaraciones de odio como las de la presidenta comunal de Clason” porque “implican una preocupante regresión en los derechos humanos. Nuestro límite es el orden democrático y el respeto a la Constitución. Desde allí, discutimos políticas económicas, sociales o culturales, pero nunca más retrocederemos a la violación del estado de derecho”, advirtieron Giustiniani y Donnet.

En la misma línea, se pronunció la diputada De Ponti. ”A más de 45 años del último golpe cívico militar en nuestro país y habiendo transcurrido el período democrático más extenso con elecciones libres, no puede haber lugar para este tipo de expresiones” como las de Ibars y mucho menos si “son realizadas por una persona con responsabilidad pública”. La Cámara “debe pronunciarse y repudiar enérgicamente este acto”, dijo la legisladora.

En tanto, el Foro contra la Impunidad reclamó que la presidenta comunal de Clason sea destituida de su cargo. “No puede continuar en funciones”. “En nuestra democracia no hay espacio para funcionarios políticos que pública e impúdicamente se expresen a favor del genocidio cometido por la dictadura cívico eclesiástico militar de 1976, y que además lo hagan promoviendo su retorno para exterminar esta vez a los estigmatizados pibes con gorritas pertenecientes a los sectores humildes”.

“Su posteo en Facebook, en el que exalta el rostro siniestro del ex dictador Videla, agravia a las víctimas del genocidio, a los sobrevivientes que padecieron torturas brutales y años de confinamiento, a los familiares y compañeros y compañeras de los desaparecidos. Agravia al pueblo argentino que defiende la democracia y los derechos humanos como bienes fundamentales, y comete el delito de apología de delitos de lesa humanidad y de genocidio”.

“Apelamos a la Comisión Comunal de Clason a que considere el tema y separe de su cargo a Laura Ibars, por evidente falta de idoneidad moral y por su contradicción completa con las normas de derechos fundamentales de la Argentina como para tener esa responsabilidad institucional”, concluyó.