Una legión de economistas identificados con el ciclo político de la Segunda Alianza está advirtiendo acerca del desequilibrio de las cuentas públicas y de la inquietante evolución de la deuda. Señalan que es insostenible el ritmo de aumento de la deuda externa e interna y adelantan que si no se desacelera la emisión de bonos en pesos, dólares y euros el desenlace será un nuevo default. Quien lo dijo explícitamente fue Juan Carlos de Pablo y otros de la congregación ortodoxa lo sugieren de una u otra forma. Varios indican además que la magnitud del déficit fiscal (primario más financiero) es explosiva. Esto fue lo que se desprende de la exposición realizada por el ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, en un reciente encuentro de financistas. También lo expresa reiteradamente en su cuenta de Twitter el ex viceministro de Economía en el segundo mandato de Carlos Menem y presidente de la Universidad CEMA, Carlos Rodríguez. La descripción que realizan es coincidente con la que plantean economistas heterodoxos.

El macrismo reacciona a esos cuestionamientos con un razonamiento pedestre. Dice que si la crítica es por derecha e izquierda significa que están haciendo bien las cosas, reflexión autoindulgente del descalabro provocado por su política económica. El análisis similar acerca de la deuda y el déficit fiscal de economistas provenientes de vertientes opuestas puede provocar confusión para identificar el origen de la actual crisis y las propuestas para abordarla. Es fundamental no tropezar con el desorden conceptual que propone el discurso económico dominante para no terminar legitimando un sendero de mayor daño socio-económico. El riesgo es caer en la trampa de avalar el ajuste.

Gasto público

Hasta el 10 de diciembre de 2015, economistas obsesionados con el déficit fiscal indicaban que el desequilibrio se debía casi exclusivamente al monto destinado a financiar los subsidios. El gobierno de Macri aplicó tarifazos para disminuir esos subsidios pero el déficit fiscal subió. Los esclarecidos del saber económico adaptaron entonces la línea argumental. Ahora sostienen que el alza del déficit fiscal es porque no hubo un ajuste en otras partidas del gasto público y, por lo tanto, el aumento vertiginoso de la deuda fue una consecuencia para cubrir el agujero de las cuentas públicas. Las fuentes del déficit ya no son sólo los subsidios, sino también el gasto previsional y en salarios. Hay un detalle que no mencionan: el gasto público en términos reales y en relación al PIB disminuyó en 2016, según datos oficiales (bajó de 42,2 a 41,8 por ciento del Producto, correspondiendo 22,7 por ciento a la Nación y el resto a provincias y municipios). El aumento del déficit no fue por un alza del gasto público. En 2016, la inversión pública directa cerró con una caída del 30 por ciento en términos reales y las transferencias de capital a las provincias diminuyeron 14 por ciento en valores nominales en relación a 2015.

La exigencia que trasmite la ortodoxia a la Alianza macrismo-radicalismo para “normalizar” la economía es arremeter contra el gasto público, en el que le depositan todos los males que padece la sociedad en términos económicos. O sea, aseguran que el descalabro de las cuentas públicas y la emisión desenfrenada de deuda se explican exclusivamente por el elevado nivel del gasto público. Para evitar el estallido que provocaría un déficit creciente y el crecimiento de la deuda hasta el nivel de la insolvencia presentan una única receta: reducir el gasto público. Hacer un ajuste, como el que prometen el secretario de Hacienda con cargo de ministro, Nicolás Dujovne, y el ministro de la Deuda, Luis Caputo, para después de las elecciones de octubre próximo. 

Cuentas

Aquí aparecen algunos problemas en la secuencia causa-efecto de la dinámica económica donde los militantes de la ortodoxia no se involucran. Y no lo hacen porque deberían señalar a dos facciones del poder económico (el complejo agroexportador y el de las finanzas) privilegiadas en la pauta de redistribución de ingresos públicos del macrismo. La cuestión que no abordan es porqué la economía fue arrastrada hacia un déficit fiscal explosivo. La clave se encuentra en una cuestión muy sencilla de entender: el Estado perdió recursos con la eliminación de las retenciones a las exportaciones del agro, mineras, petroleras e industriales (las de las sojas fueron reducidas) y con la disminución de impuestos a las ganancias y bienes personales. A la vez, subió sustancialmente la carga de intereses a pagar por el aumento de la deuda. 

El déficit fiscal creciente se explica por las millonarias transferencias de recursos hacia unos pocos. Para los economistas del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, el gobierno informó que el déficit fiscal 2016 fue de 4,6 por ciento, pero sin el ingreso extraordinario que generó el blanqueo de capitales el saldo negativo habría trepado a 5,7 por ciento. Explican que la pérdida de recaudación por las mencionadas transferencias de ingresos regresivas sumó 117.200 millones de pesos, equivalente al 1,5 por ciento del PIB en ese año. 

Por el lado de la cuenta de pago de intereses de la deuda, el ITE reelaboró la serie para hacerla comparable a la forma en que se publicaba desde 1993 (Dujovne alteró la metodología para subestimarla, en otro manoseo de las estadísticas públicas del macrismo, como lo hicieron con los indicadores de precios, pobreza, empleo, producto interno bruto,industria y del déficit fiscal). En el primer cuatrimestre de 2016, los intereses de deuda alcanzaron el 7,6 por ciento del total del gasto, porcentaje que subió a 10,6 por ciento en el mismo período de este año, superando los dos dígitos por primera vez desde la crisis de 2001. De acuerdo a los números presentados en el Presupuesto Nacional, en 2015 se pagaron intereses por unos 96.600 millones de pesos, en 2016 sumaron 186.500 millones, un 93 por ciento más que el año anterior, y en éste se prevén desembolsos por 246.629 millones de pesos. 

Recesión

 Un tercer factor relevante para explicar el incremento del déficit fiscal es la recesión autoinfligida a partir de la implementación de una batería de medidas que sigue castigando el nivel de actividad. La megadevaluación y los tarifazos derivaron en un shock inflacionario que las negociaciones paritarias no lograron equiparar. La consiguiente caída del poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y la AUH en términos reales deprimieron la demanda del mercado interno. El ingreso disponible de la población se derrumbó afectando el consumo. En ese contexto recesivo, la apertura importadora hundió aún más la producción nacional. 

Como se sabe, cuando la economía retrocede (2,3 por ciento en 2016) la recaudación impositiva se retrae proporcionalmente más. Para los economistas Fabián Amico y Alejandro Fiorito, la elasticidad de los principales impuestos ante cambios del PIB en Argentina es muy alta. En una columna de opinión publicada en este diario precisaron que cuando el Producto cae 1 por ciento, la recaudación tributaria disminuye entre 1,4 y 1,9 por ciento.

El déficit fiscal que economistas del macrismo definen como explosivo está originado por:

  1. la eliminación de retenciones a las exportaciones y reducción de impuestos,
  2. el fuerte aumento de los intereses a pagar por el endeudamiento acelerado, y
  3. la recesión provocada por la megadevaluación, tarifazo, caída del salario real y apertura importadora.

 El gobierno construyó la crisis de las cuentas públicas inventando que recibió una pesada herencia para de esa forma viabilizar una transferencia de ingresos regresiva. Es una conocida estrategia conservadora que consiste en generar situaciones económicas críticas porque sólo en ese estado la población acepta medidas que en un marco de estabilidad rechazaría. Precipitó la crisis fiscal y ahora propone para resolverla el ajuste, que apunta a profundizar la redistribución regresiva del ingreso. Para implementarlo, avanzará en una reforma del sistema jubilatorio y en continuar con la disminución de los subsidios a servicios públicos esenciales. A través de los medios de comunicación adictos ya adelantó como disfrazará ese recorte que afectará el bienestar de millones de personas: propondrá el achicamiento de la estructura burocrática de ministerios, previamente ampliada hasta el nivel de incompetencia. El marketing de reducción de cargos políticos servirá para maquillar la poda de recursos destinados al sistema de protección social y la implementación de una nueva ronda de tarifazos en la luz, el gas, el agua y el transporte.

Para mejorar el estado de las cuentas públicas no es necesario el ajuste regresivo que piden a gritos los economistas del establishment, sino simplemente recuperar los recursos cedidos a sectores de altos ingresos y mejorar la capacidad de compra de la población para impulsar el mercado interno y así aumentar la recaudación impositiva por el crecimiento de la economía. 

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