Desde Santa Fe

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia dictaminó que la presidenta comunal de Clason Laura Ibars incurrió en “conductas ilegales”, que su posteo que asocia a jóvenes con gorra con la inseguridad y la delincuencia es “claramente discriminatorio y racista” y que su exaltación de Videla para sugerir que en una dictadura esos chicos “sería asesinados” encuadra en la “apología del delito”, como lo denunció el fiscal federal de Rosario Adolfo Villate. La secretaria del área, Lucila Puyol, presentó el dictamen jurídico ante el fiscal Nº 2 Claudio Kishimoto que investiga a Ibars, le mandó una copia a la propia funcionaria y solicitó al secretario de Municipios y Comunas José Luis Freyre que analice la situación de Clason a la luz del artículo 146 de la ley 2.439, que faculta al Poder Ejecutivo a intervenir la comuna y desplazar de su cargo a Ibars. “Las opiniones vertidas en redes sociales” por la representante del Juntos por el Cambio “denotan un menoscabo a los derechos humanos, a las normativas vigentes en nuestro país y a los deberes de los funcionarios públicos”, dice el documento.

Apenas se anotició de la publicación –el 22 de junio- Puyol solicitó al Departamento de Asesoramiento Legal que analice el caso. El posteo de Ibars eran dos fotos: una de Videla y otra de un joven con visera y un arma, cruzadas por una leyenda: “Con esta gorra (la de Videla) no habría más de estas gorras (en referencia al chico)”.

El dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos –que firman la abogada Analía Aucía y su colega Humberto Galarza- consideró que Ibars incurrió en “conductas ilegales”, entre ellas una supuesta “apología del delito” al dar a entender que si “un condenado por genocidio como Videla estuviera en el gobierno no habría jóvenes con gorras porque serían asesinados”.

“El contenido es claramente discriminatorio y racista por que asocia a un grupo poblacional –los jóvenes que usan gorra- con la delincuencia”. Por lo tanto, encuadra en la ley 23.595 de actos discriminatorios que sanciona las “expresiones discriminatorias que propaguen la idea o teorías que refieran a la superioridad de un grupo de personas”.

Pero además, las expresiones públicas de Ibars son “particularmente graves” porque “constituyen a prima facie” el supuesto “delito contemplado en el artículo 213 del Código Penal: ‘el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito’. En este caso, los términos del posteo refieren tanto a reivindicar la figura de un condenado por delitos de lesa humanidad como la del delito de homicidio”.

Ya son conocidos por la sociedad argentina “los efectos devastadores del terrorismo de estado”, la larga lucha de las organizaciones de derechos humanos y el juzgamiento y condena de quienes perpetraron crímenes horrorosos durante” la dictadura, entre 1976 y 1983.

“La publicación de la foto del dictador implica exaltar una figura que en nuestro país está directamente asociada a secuestros, torturas, tormentos, desapariciones, robos de bebés y otros delitos por los cuales tanto Videla como decenas de represores y genocidas fueron sentenciados por crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Pero en el caso, “la publicación reviste especial gravedad porque su autora es funcionaria pública”: una presidenta comunal que “conduce los destinos de una población santafesina en su conjunto”. “En estas circunstancias, los deberes éticos y legales se profundizan, así como el deber de formación e información que deben portar quienes ocupan cargos públicos de tamaña envergadura. Las opiniones vertidas en redes sociales por la señora Ibars denotan un menoscabo a los derechos humanos, a las normativas vigentes en nuestro país y a los deberes de funcionarios públicos”.

Por lo tanto, ante la competencia de la Secretaría en “la defensa de los derechos humanos” y “el trabajo que realiza en las causas por delitos de lesa humanidad”, el dictamen jurídico sugirió a Puyol:

*Que la Secretaría de Derechos Humanos rechace las expresiones de Ibars que exaltó “la figura de genocidas” y reivindicó “crímenes del terrorismo de estado” y le pida que “se retracte públicamente y por el mismo medio”.

* Que invite a Ibars y a su gabinete “a realizar capacitaciones en la temática de derechos humanos, en particular, sobre las causas y consecuencias del terrorismo de Estado”. “La Secretaría puede contribuir a la toma de conciencia y resignificación de los efectos del genocidio en las generaciones contemporáneas”.

*Que aporte a la causa judicial que se inició a Ibars tras la denuncia del fiscal Villate.

* Y solicite al secretario de Integración y Fortalecimiento de la provincia José Luis Freyre que analice “si la situación institucional” de la comuna de Clason “no se encuentra subvertida de acuerdo al artículo 146 de la ley de Comunas (2.439)”.