Este lunes la diputada del Frente de Todos Mónica Macha presentó junto al espacio de víctimas de violencia digital "Ley Olimpia Argentina" y la organización Género y TIC un proyecto de ley que busca tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo, con sanciones que contemplan multas y prisión de dos a ocho años, y otro que propone incorporar a la violencia digital como violencia de género.

En diálogo con AM750, Macha explicó que son dos proyectos que fueron presentados el 3 de junio y que este lunes fue la presentación pública.

La primera iniciativa está inspirada en el caso de Belén San Román, quien fue inducida al suicidio luego de sufrir la difusión no consentida de material íntimo, mientras que la segunda propone incorporar la violencia digital como otra forma violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485, junto con la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones, que se aplica en países como México por impulso de la activista Olimpia Coral Melo, que también fue víctima de esa situación.

"La idea también es poder expandir esa legislación que todavía nos falta a nuestros países vinculadas a la violencia digital", aseguró la diputada en Aquí, allá y en todas partes y explicó que la Ley Olimpia "plantea la modificación de la ley 26.485, vinculada a la violencia de género pero sancionada en 2009 cuando esta problemática aún no existía".

"En cambio, en estos momentos en donde las redes sociales tienen un rol tan importante en nuestras vidas -también en términos de violencia-, la necesidad es incorporar a la violencia digital como una de las violencias por motivos de género", agregó.

Por otro lado, el proyecto de la Ley Belén busca modificar el Código Penal Argentino para que se pueda tipificar (la violencia digital) como un delito.

Macha también explicó que, si bien no hay registros oficiales, "es un tema más masivo del que creemos y las víctimas no realizan la denuncia porque el nivel de exposición es tal que terminan resolviéndolos o tratando de convivir con esto". Sin embargo, las víctimas terminan “estallando” a nivel psíquicos en diferentes ámbitos de sus vidas por los daños ocasionados.

"El articulado como tal como lo pusimos nosotros, y plantea una prisión de tres meses a dos años de prisión, además hay agravantes por si la persona que difunde las imágenes tiene una relación con la víctima, si esta última es menor de edad, etc", concluyó.

Ambas iniciativas fueron presentadas a las 17 en el Anexo C de la Cámara Baja.