Autoridades de las Unidades de detención 21 y 22 de Neuquén prohibieron la realización de actividades vinculadas a la memoria local sobre crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Así lo denunciaron coordinadores educativos que trabajan en esas instituciones. A principios de junio quisieron organizar para los jóvenes detenidos una charla con sobrevivientes, familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar, referentes de organismos de derechos humanos locales y dirigentes sindicales sobre el secuestro de una veintena de personas durante la última dictadura en la ciudad provincial de Cutral Có, donde están emplazadas las unidades de encierro, pero no recibieron los permisos correspondientes. “Es una actitud negacionista”, denunció Cristian Carrasco, director del Centro Educativo Provincial Integral (CEPI) número 1.

Carrasco coordina el CEPI, una oportunidad para que los jóvenes que están privados de su libertad en las U21 y 22, cárceles provinciales para mayores de 18 años, puedan terminar el secundario. Esas unidades están ubicadas en Cutral Có.

“En el marco de las actividades que llevamos a cabo con los chicos y de la construcción de la memoria sobre lo ocurrido en la ciudad durante la última dictadura es que quisimos hacer esa charla sobre el Operativo Cutral Có”, contextualizó Carrasco en diálogo con este diario, días después de que la denuncia sobre la imposibilidad con la que se encontraron se hiciera pública a través de medios neuquinos.

Entre el 12 y el 15 de junio de 1976, Cutral Có amaneció sitiada por el Ejército, cuyos efectivos cerraron los accesos y barrieron la ciudad con allanamientos ilegales en busca de militantes del PRT-ERP: suponía la dictadura que allí se había instalado una célula de la agrupación político militar. Fueron secuestradas 17 personas, de las cuales muchas siguen desaparecidas. Esos crímenes integraron los hechos revisados en el juicio Escuelita VII que se llevó a cabo en Neuquén y culminó en diciembre pasado con 14 condenas.



Trabajadores de CEPI y referentes de la regional local de ATEN, el gremio docente neuquino, quisieron “replicar en las unidades, para los chicos que están allí encerrados” las actividades de la memoria que se llevaron a cabo en las escuelas de la ciudad”, narró Carrasco. Así, solicitaron permiso a las autoridades de las unidades para que ingresaran el 16 de junio pasado referentes de organismos de derechos humanos y sindicales a “compartir una charla de no más de una hora”, aportó el director educativo. “Buscábamos contarles a los chicos qué había pasado ese día, cómo había repercutido el operativo en la ciudad. Queríamos hacer memoria con ellos”, completó.

Entre los invitades estaban Dora Seguel y Pedro Maidana, sobrevivientes del Operativo Cutral Có.

La respuesta fue negativa. “No se autoriza”, coincidieron tanto el director de Seguridad Interior de Detenidos, Ceferino Pizarro, como el director de la U21, Luis Moreno, sin dar más argumentos. “Nos sorprendimos, la verdad”, reconoció Carrasco, ya que “se trata de gente con la que hay constante diálogo”. Reprogramaron la actividad y volvieron a solicitar permiso: “aclaramos que se trataba de una actividad educativa”. Volvieron a recibir un rechazo.

“Están vulnerando derechos y están censurando la memoria”, denunció Carrasco, quien aseguró que ya elevaron reclamos de manera formal exigiendo que “estos temas formen parte” de la propuesta del CEPI. Para él y les organizadores de la actividad, la de las autoridades de las unidades penales “es una típica actitud negacionista. Esperan que tras el receso invernal educativo recapaciten” y “autoricen la realización de la actividad” ya que “la educación es una vía fundamental para la construcción de la memoria”.