El ministro del Interior de Colombia, Diego Molano, ordenó una operación con miembros del Ejercito y la Policía, luego de que disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) compartieron un video en el que se muestran "brindando seguridad a los ciudadanos" frente al edificio del municipio de Tibú, ubicado en la frontera con Venezuela.

"He dado la orden a las tropas del Ejército y a la Policía de ejecutar de inmediato una operación que consolide la seguridad de esa población, para evitar que ilegales se movilicen armados", anunció el ministro y calificó de "inaceptable la presencia de disidencias (de las) FARC en Tibú".

En la filmación, compartida en redes sociales, se ve a un grupo de al menos cinco personas paradas frente a la entrada de la Alcaldía, armados con fusiles y con la cara cubierta. En la presentación se definen como una “fuerza de combate de combate urbano”. El fronterizo municipio colombiano está en el departamento de Norte de Santander y en la zona opera el denominado Frente 33 de las antiguas FARC.

En el ultimo año, el Frente 33 se atribuyó varios atentados en la región, en la que también disputa espacios de control con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).  John Mechas, considerado líder del Frente 33, se atribuyó un atentado registrado el 25 de junio de 2021 contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque cuando se disponía a aterrizar en Cúcuta, capital de Norte de Santander, del que todos salieron ilesos.

Según la organización Indepaz, el Frente 33 tiene entre 50 y 70 integrantes. “La Defensoría ha advertido del crecimiento de acciones en contra de la población civil, esto desde cobros extorsivos hasta cuotas para realizar ciertas actividades de sustento para las poblaciones”, señaló Indepaz sobre este grupo.

La organización de derechos humanos informó que la zona de Tibú es de importancia para el grupo armado, ya que allí cuentan con laboratorios clandestinos para procesar droga. El Frente 33 tiene vínculos con organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico que “buscan seguridad para el mantenimiento de la cuota de la cocaína que compran y que se debe entregar ya procesada”, señala Indepaz.