Se termina hoy el plazo inicial que puso el gobierno para que se inscriban los y las usuarias de luz y gas que necesiten mantener los subsidios a las tarifas. Se anotaron 6,3 millones de personas, un 42 por ciento de la población objetivo. Las autoridades evalúan incorporar automáticamente a otros 5 millones de usuarios con baja capacidad económica tras cruzar datos con otros organismos estatales para evitar un impacto en los bolsillos entre quienes menos tienen. Desde este jueves y hasta fin de mes la inscripción quedará habilitada para quienes no llegaron a anotarse cuando les correspondía según su último número de DNI. 

El gobierno sigue de cerca la cantidad de gente que se inscribe al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para solicitar la continuidad del subsidio a las tarifas de luz y gas y de esta manera pagar el mismo valor hasta fin de año. Se anotaron 6.314.330 hogares desde el 15 de julio, apenas un 42 por ciento de los 15 millones que el gobierno estimaba para llegar a cubrir al 90 por ciento de los usuarios. Teniendo en cuenta que el gobierno esperaba mantener el subsidio a mayor cantidad de gente y el contexto inflacionario que impacta en los ingresos, estudian estrategias para que la quita no signifique un golpe al bolsillo de quienes menos tienen. 

Dado este panorama, Energía extenderá el plazo de inscripción, en principio, hasta el 31 de julio a fin de rectificar a quienes se olvidaron o se equivocaron. El calendario inicial determinaba que para los DNI finalizados en 0, 1 y 2, la inscripción era hasta el 19 de julio; para los que terminan en 3, 4 y 5, entre el 20 y el 22, y para resto, del 23 al 26 de julio. En tanto la Anses, que otorga turnos de manera presencial para quienes no cuenten con acceso a internet, ya asignó 200.000 turnos y planifica entregar 100.000 más para realizar el trámite presencial del 8 al 12 de agosto. Esto le abre el paraguas al Poder Ejecutivo de estirar por lo menos una semana más el formulario web, aunque sin confirmación oficial. 

Desde el gobierno no especifican un porcentaje de aumento en las facturas ya que al ser distintos los cuadros tarifarios por provincia, la quita será probablemente menor fuera del AMBA. El Secretario de Energía estimó que serán 1.200 pesos de aumento por bimestre hasta fin de año en el AMBA, lo que implica aumentos de hasta 200 por ciento en esta área. Para mitigar el margen de error, el gobierno evalúa incorporar automáticamente a por lo menos 5 millones de usuarios jubilados de la mínima, beneficiarios de AUH, vecinos de barrios populares, entre otras características. 

Hasta ahora, la mayoría de los que se registraron se encuentran  dentro de la categoría “ingresos bajos”, que no perderán los subsidios. Son el 55 por ciento de los anotados- 3,4 de los 6,3 millones del total-. En la categoría ingresos medios hay 2,6  millones de anotados, un 41 por ciento del total. En la alta, quienes efectivamente van a sufrir una quita paulatina de subsidios, los anotados fueron 268.264, 4,25 por ciento del total. 

En el gobierno entienden que muchos de los que tienen una capacidad económica alta de acuerdo a los criterios que estableció el gobierno no se registraron a sabiendas de que no iban a acceder al beneficio. Un dato no menor es que hubo más de 29 millones de visitas a la página que habilita el formulario web que actúa como declaración jurada. Desde el gobierno señalan que muchas de las inscripciones se caen en el paso en el que se señala que el Ejecutivo verificará los datos ingresados. 

La intención oficial es comenzar a aplicar los aumentos desde el primero de agosto, con impacto en la factura de septiembre. El aumento se dividiría en tres, otro en octubre con impacto en noviembre y un último en diciembre con impacto en la factura de enero. Sin embargo, no aseguran que llegarán a tiempo. Es que, tras analizar los formularios completados, la Secretaría de Energía debe firmar una resolución aprobando los nuevos precios mayoristas para que después el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aplique a través de las distribuidoras Edenor y Edesur. El mismo proceso deberán realizar los entes reguladores de las provincias.