La marcha atrás en el recorte de las pensiones no contributivas que anunció el Ministerio de Desarrollo Social abrió una serie de interrogantes sobre el alcance de la medida. “Todos los que tienen el derecho de acceder a una pensión por invalidez, la van a recibir”, prometió ayer el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. El optimismo reparador del funcionario contrasta con el universo de individuos excluidos que recuperarían la prestación la próxima semana. Los criterios definidos por la cartera que conduce Carolina Stanley no fueron precisados pero el comunicado publicado anteayer anticipa que solo recibirán el pago aquellos beneficiarios de pensiones por invalidez que no cobraron en junio. Con ese criterio menos del 10 por ciento de las 160.000 personas dadas de baja volverán a recibir la pensión. Quienes hayan sido perjudicados por el endurecimiento de los criterios en los meses anteriores no serán pasibles de recuperar el beneficio de manera automática. Los imprecisos parámetros planteados tampoco explicitan la restitución para las madres con siete hijos que perdieron su pensión. Como la responsable del área aclaró que se revisará “caso por caso”, las personas con discapacidad no tendrán certeza sobre el pago en los próximos meses. 

“No podíamos quedarnos de brazos cruzados frente a una estafa: había 8000 muertos que recibían pensiones. Claramente se generó una mafia de las pensiones”, sostuvo Frigerio ayer durante un acto en Corrientes al justificar lo que el Poder Ejecutivo presenta como consecuencias indeseadas de nueva depuración en el listado de beneficiarios de pensiones no contributivas. La fórmula utilizada por Desarrollo Social para anunciar la marcha atrás da a entender que las bajas en junio fueron un “error de aplicación de criterio”. Sin embargo, se trata de una política que ya lleva un año y medio y no de errores puntuales. Ciñéndose a la letra escrita de un decreto de 1997, que el gobierno anterior había flexibilizado informalmente para incluir a más beneficiarios, el macrismo fue reduciendo el número de pensiones no contributivas. Sin contemplar a los fallecidos, la cifra de pensiones que fueron dadas de baja ronda las 160 mil. 

Stanley y Frigerio aseguran que “todos los que tienen el derecho de acceder a una pensión por invalidez, la van a recibir”. La imprecisa afirmación no explicita si los restrictivos criterios de la normativa vigente seguirán implementándose o si se volverá a un criterio más flexible. Tampoco indicaron qué sucederá con las madres de más de siete hijos que, por ejemplo, por tener un vehículo dejaron de percibir su pensión.

El año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas. En lo que va de este ya se eliminaron otras 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491 por el mismo concepto. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas en lo que va de 2017. La justificación fue la revisión de los beneficios en el marco de un cumplimiento estricto de las condiciones para al acceso a este derecho de los más vulnerables. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario se enteró al ir a cobrar la pensión al banco. 

Ante las numerosas denuncias de los propios damnificados, Stanley dejó abierta en una de sus intervenciones radiales de la semana pasada la posibilidad de que haya habido “errores”. El Gobierno invirtió así la carga de la prueba y quienes hasta hace poco tenían una pensión asignada por ley ahora deberán demostrar que cumplen con la normativa para volver a cobrarla. Frente a los reclamos de los damnificados, en el 40 por ciento de los casos las pensiones fueron restablecidas, pero luego de un arduo proceso que se demora seis meses en promedio.