“Daiana no se suicidó como nos quisieron hacer creer, porque nadie se suicida en una comisaría, y gracias a que hubo una segunda autopsia se pudo descubrir que la habían asfixiado.” El documento leído por una compañera de la JP Evita durante la movilización popular a la plaza San Martín de Tres Arroyos, esta semana, y contra el traslado a la Comisaría 1ª de esa ciudad de los jefes policiales detenidos por el femicidio de Daiana Abregú, deja claro que la lucha por esclarecer su muerte en una celda de la  comisaría comunal de Laprida se convirtió en bandera de los feminismos y de las organizaciones políticas y de derechos humanos. Son cinco las y los policías apresados hasta el momento, pero las organizaciones denuncian con rabia el amianto de impunidad que los recubre. Sólo uno de los oficiales derivados a Tres Arroyos, el comisario Cristian Barrios, fue desafectado de la fuerza, mientras que el comisario inspector Marcelo Amaya fue trasladado a La Plata "para cumplir funciones administrativas".

El lamento se replicó en los labios de otra referenta del Frente de Mujeres Evita. “Una vez más nuestros derechos se ven vulnerados por esa impunidad policial. No podemos permitir que lo que sucedió a Daiana Abregú en Laprida quede sin justicia porque los responsables son amparados por el sistema. Hoy nos convoca Daiana, pero el abuso de autoridad ha sido sistemático y cruel durante toda la historia”, consigna también en una crónica del diario La Voz del Pueblo.

Al grito de "Basta", desde la colectiva Ni Una Menos se leyó un documento contra la brutalidad policial que el 5 de junio pasado terminó con la vida de la joven de 26 años y madre de un niño de 8 años, en una celda de comisaría. “Venimos a pedir justicia frente a la impunidad policial que sufrimos desde hace mucho tiempo, y decimos basta, porque estas prácticas sistemáticas siniestras ahora también nos quitan a Daiana”, manifestaron. “Frente a las innumerables violaciones de los derechos humanos que sufrimos jóvenxs, perpetradas por las fuerzas de seguridad de nuestro Estado Nacional, provincial y municipal, respondemos con movilización, solidaridad y sororidad.”

Rechazaron con indignación “el accionar de la maldita policía en el armado de una causa plagada de mentiras y testimonios falsos. Todas, todes y todos quienes estamos acá sabemos que éste no fue un hecho aislado y que el abuso de poder, la tortura, el intento de adoctrinamiento, las desapariciones y muertes en manos del Estado continúan aún en democracia”.

Cercadxs por un vallado policial alrededor de la Comisaría 1ª , lxs vocerxs de NUM sostuvieron la urgencia de visibilizar y desarmar los discursos odiantes. “Sabemos que son las mismas fuerzas que propician la trata, que nos reprimen cuando salimos a reclamar por nuestros derechos. No vamos a dejar pasar de lado los discursos de odio. Repudiamos enérgicamente el llamado de Aldo Rico a la unión de las fuerzas de seguridad y convocamos a unirnos a las calles, a no ser indiferentes.”

Durante 2021 fallecieron 83 personas bajo custodia y/o por uso de la fuerza por parte de las policías, revela el "Informe Anual" del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). La mayoría de esas muertes se concentran en la Provincia de Buenos Aires, seguida por Chaco, Santa Fe y Tucumán. Uno de los agravantes, subraya el estudio, es que “la búsqueda y clasificación de estos casos tiene serias limitaciones vinculadas a las estrategias de ocultamiento e impunidad”. El grupo etario de las víctimas, en el 40 % de los casos, corresponde a "edades menores a 30 años, lo que refleja el componente joven de la población fallecida bajo custodia y/o por uso de la fuerza policial”.

Entre los cinco policías detenidos por el femicidio de Daiana en la Estación Policial Comunal de Laprida, figuran tres mujeres y dos hombres, cuatro de ellos imputados por el crimen, y un quinto acusado de encubrimiento. Vanesa Soledad Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, "actuaron de manera conjunta, mediante distribución de roles", planteó el fiscal de la causa, José Ignacio Calonje, en el pedido de detención. Y si bien Calonje descartó el suicidio para constatar el delito de “homicidio doblemente agravado, por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”, la CPM declaró que las detenciones y la carátula fueron posibles tras solicitar la reautopsia, contra la oposición del fiscal y sus "maniobras dilatorias", denunciadas por la Comisión, que en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura interviene en la causa como particular damnificado. 

Frente al nuevo avance de la causa, la CPM volvió a exigir la creación de fiscalías especializadas en violencia institucional. “Es indispensable que el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, cumpla con la ley provincial que crea las fiscalías especializadas en violencia institucional, nombrando funcionarios judiciales calificados y comprometidos con una perspectiva de derechos humanos, que intervengan de manera diligente y urgente frente a estos graves delitos cometidos por los funcionarios policiales.” Sancionada en 2014, la Ley 14.687 de Violencia Institucional, promueve la creación de unidades fiscales especializadas y establece una serie de criterios para la investigación. Según la información disponible, en la Provincia de Buenos Aires solo existen 8 dependencias judiciales dedicadas exclusivamente a investigar la violencia estatal.