Apenas una semana antes de la foto que desató la furia del peronismo y otros sectores políticos en la provincia, el fiscal general Jorge Baclini le aseguraba a este diario que no sería candidato político en las próximas elecciones y que en el futuro el gobierno provincial debería decidir si quería en serio un Ministerio Público de la Acusación (MPA) “fuerte e independiente, para llevar adelante todas las investigaciones criminales". Pero la foto en su despacho con Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz ponen en duda todo ese andamiaje argumentativo de Baclini en torno a la mentada independencia de la justicia.
El diputado peronista Luis Rubeo fue muy claro respecto de ese cónclave: “Pullaro es diputado provincial además de gran amigo del fiscal general y Chumpitaz es un diputado nacional con legítimo interés por los asuntos vinculados a la inseguridad en Santa Fe. Pero Rodríguez Larreta es un jefe de Gobierno porteño con aspiraciones presidenciales que vino a sacarse una foto de campaña. Eso es lo que no puede explicar Baclini”, aseguró para dar dimensión al conflicto institucional.
También Carlos Del Frade no dudó en señalar que “Baclini se equivocó feo y tendrá que dar explicaciones”, en referencia al pedido de informes que ingresará hoy por la mesa de entradas de la Legislatura. “...El encuentro, en el contexto de la campaña proselitista, no deja bien parado no solamente al doctor Jorge Baclini si no, fundamentalmente, a todas y todos los fiscales que trabajan denodadamente por construir justicia por afuera de una identificación partidaria y muchas y muchos de los cuales se están jugando la vida ante los intereses que investigan”, se lee en el escrito que estará sobre las bancas de todos los diputados provinciales.
Es más, en el comunicado que distribuyó este sábado el bloque de diputados del Frente de Todos a raíz de esta noticia publicada en tapa de Rosario/12, señala que esta reunión de Baclini “no es un hecho aislado” y recuerdan que al jefe de los fiscales se lo pudo ver en reuniones, conferencias de prensa “y hasta en recorridas barriales con dirigentes políticos de ese espacio”, en referencia a Juntos por el Cambio.
Otra de los promesas de Baclini antes de este conflicto era que se pondría en marcha el llamado a concurso para la máxima autoridad del Organismo de Investigaciones del MPA actualmente a cargo de Víctor Moloeznik que fue asesor del Ministerio de Justicia durante la gestión de Hermes Binner y funcionario de esa misma área en la administración de Antonio Bonfatti. Moloeznik reemplazó a Marcelo Sain que -entre otras cosas- fue expulsado del cargo por sus tuits de tono partidario. En el Frente de Todos recuerdan que el actual titular del organismo también había demostrado por la misma red social ser “un furioso antiperonista” con posteos que fueron dirigidos a la propia vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la que publicó que “le falla la medicación”.
Baclini también había asegurado que no existía ninguna clase de “filtro político” para avanzar en las investigaciones y es claro que la justicia santafesina no es como la que se aplica en Comodoro Py donde se perdieron todas las formas y el lawfare es moneda corriente y objeto de debate permanente en los medios. Aquí la cuestión es más sutil aunque el mismo Baclini fue seriamente objetado en su momento cuando en 2019 dispuso que 195 personas pasaran del Poder Ejecutivo al Poder Judicial sin concursos, sólo con su firma. Había en esa lista militantes y candidatos del Partido Socialista y de la Unión Cívica Radical. “Esa decisión quedó sin efecto, pero luego muchos Ingresaron igual al Organismo de Investigaciones”, recuerda el comunicado de los legisladores provinciales del PJ.
Aún los fiscales probos y valientes que han enfrentado y derrotado en el estrado a los más peligrosos criminales y jefes narco, “arriesgando su vida” como dice Del Frade, no han podido sustraerse a un trato preferencial hacia quienes fueron funcionarios del gobierno del Frente Progresista y luego testigos de valor en resonantes causas.
Todo este litigio más que nada de forma, aunque a veces afecte también al fondo, ocurre además ante la falta de peso político del área judicial del gobierno santafesino que ya no es un ministerio sino una secretaría. Más que respetuoso de las formas republicanas de división de poderes a veces da la sensación de que no hay un proyecto determinado para la justicia en Santa Fe.
“No sabemos si nos toman el pelo o nos tratan de boludos”, dijo una fuente del gobierno provincial cuando se conoció que un juez de Rosario puso en libertad a la esposa del comisario Daniel Corbellini, denunciado en la megacausa del juego clandestino. Por 50 mil pesos el magistrado dejó ir a la casa a la imputada de extorsión agravada por el uso de arma de fuego, en carácter de partícipe necesaria. Eso sí, el magistrado marca que la mujer debe someterse por una caución personal “al cuidado de Corbellini (su esposo) y esas reglas de conductas son por el término de 60 días”.
No es el mismo vagón
La puesta en marcha del tren de cercanía Rosario-Cañada de Gómez no sólo representó esta semana un emotivo acto de recuperación de un servicio que había cesado hace 45 años, sino que es una de esas políticas públicas que indican con claridad que no todo es lo mismo. El impacto del tren corriendo nuevamente esas vías con el presidente Alberto Fernández, el ministro Sergio Massa y el gobernador Omar Perotti contrastan claramente con los anuncios que se hacían en la Bolsa de Comercio de Rosario respecto de la política ferroviaria del gobierno de Mauricio Macri. En mayo de 2018, el entonces ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich anunciaba en Rosario que se iban a renovar más de 9850 kilómetros de vías y a aumentar 5 veces la carga transportada. Pero expresaba taxativamente que el gobierno nacional no iba a invertir ni un solo peso en trenes de pasajeros.
