La Justicia toma decisiones insólitas, que revictimizan a las mujeres que denuncian violencia doméstica. Como el juicio oral que empieza hoy contra Gisela Superbo. “Yo no soy culpable”, dice a PáginaI12 la mujer, de 37 años y madre de tres chicos. Su ex esposo la denunció por impedimento de contacto, esto es, por no dejarle ver a los hijos, después de que ella lo denunciara por las lesiones que le causó hace cuatro años en una brutal golpiza, en la que le desfiguró la cara, por las cuales el hombre fue condenado penalmente a fin de 2016. Luego de la paliza y de interrumpir el régimen de visitas por temor a que los chicos sufrieran situaciones de violencia, pidió una restricción de contacto respecto de los hijos que finalmente la propia justicia le concedió. El delito que se le imputa, entonces, serían los impedimentos ocurridos en ese plazo, poco más de un mes, entre que se negó a entregarle a los chicos –para protegerlos– y salió la medida judicial de restricción de contacto, que hasta el presente sigue vigente. El padre desde 2013, cuando golpeó a la madre, no ve a los niños.

Parece un trabalenguas. Pero es sencillo. A Gisela la acusan de impedir el contacto entre su ex pareja, el comerciante Carlos Martín Apuzzo, con su hija de 3, y sus hijos de 7 y 9 años, desde comienzos de setiembre de 2013, hasta el 7 de octubre de ese año, fecha en que la justicia civil dispuso la prohibición de acercamiento del padre respecto de los niños. La causa fue iniciada por Apuzzo como represalia por la denuncia por violencia de género que Gisela inició contra él ante la justicia penal y civil. Se trata de una estrategia de defensa que suelen llevar los denunciados por violencia machista.

La paradoja es que la justicia penal avanzó más velozmente para sentar a ella en el banquillo de las acusadas –por querer cuidar a sus hijos, finalmente– que para reclamarle al padre de los niños que cumpla con la cuota alimentaria. Gisela le inició una demanda por alimentos en 2013 y no tuvo respuesta: interviene el juzgado civil 86. La causa es la 77966/13. “Hasta ahora me adeuda más de 300 mil pesos en concepto de alimentos. Hace un par de meses lo denuncié penalmente por incumplimiento de los deberes alimenticios y la fiscalía 23 archivó la causa. Es decir, el mismo Estado permite que esta persona ejerza violencia económica continuamente sin sanción alguna”, apuntó Gisela. 

El delito que se le imputa a la mujer tiene una pena de 6 meses a 3 años de prisión (ley 24.270, artículo 1, última parte, la famosa ley que lograron en la década del 90 una asociación de padres alejados de sus hijos, que más tarde se supo que muchos de ellos tenían denuncias por abuso sexual y otras situaciones de violencia contra sus hijos o sus ex parejas).

La audiencia del juicio está convocada para hoy a las 11, en avenida de los Inmigrantes 1950, piso 3, oficina 356, de la ciudad de Buenos Aires. Está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal nº 62, Secretaría 79, que encabeza la jueza Patricia Susana Guichandut. Se trata de la causa 50.980. A Gisela la representa el defensor público oficial ante los Juzgados en lo Criminal y Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional N°21, Daniel Gustavo Neuman. La acusación corre por cuenta del fiscal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal N° 53, Daniel Rodolfo Pablovsky.  

Gisela fue víctima de violencia durante muchos años, y tras la golpiza que le dio el 17 de mayo 2013, ella decidió poner fin a la relación y denunciar a Carlos Apuzzo ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. En un principio, sólo pidió medidas de protección con relación a ella, pero en el transcurso del régimen de visitas acordado en sede civil, Gisela detectó que sus hijos eran víctimas de violencia y maltratos, por lo que posteriormente solicitó que se extienda la prohibición de acercamiento también respecto a ellos.

“Me puse de novia a los 16, nos separamos por un tiempo cuatro años después y luego volvimos a estar juntos y quedé embarazada de mi primer hijo. No tuve otro novio. Yo pensé que los malos tratos, la violencia, era algo normal en una pareja, que tenía que aguantarlos. Recuerdo un día que fui a casa de mis padres, y les dije que no soportaba más, que me quería separar, y ellos me dijeron que eran cuestiones que tenía que arreglarlas con mi marido. Recién a partir de leer sobre el tema en las redes sociales, empecé a saber sobre la violencia de género y a entender lo que me pasaba”, contó Gisela a PáginaI12. Muchas veces, dice, él la trompeó. Pero ella se seguía quedando, como le pasan a otras mujeres en situaciones similares, porque luego de los golpes viene la llamada “luna de miel”, en el ciclo de la violencia machista, y él le pedía disculpas y la trataba “como a una reina”, y le prometía que iba a ser la última vez. Pero siempre había otra. La violencia no solo era física, también psicológica y económica, al retacearle el acceso al dinero, para cuestiones tan básicas como comprarles pañales a los hijos, contó.

Hasta que el 17 de mayo de 2013, Apuzzo le dio una brutal paliza. Fue cuando ella le anunció que hasta que no cambiara, se iría a dormir al dormitorio con la hija. Después de ese episodio, la pareja se separó. “Me pegó un cabezazo en la cara, caí el piso, me golpee muy fuerte el coxis. Me levantó a las patadas. Me empezó a dar la cabeza contra la pared. Pedí auxilio pero no pasaba nada. Empecé a llamar a mi hijo mayor. Y me hundió la cabeza en el inodoro. Cuando apareció mi hijo, le dijo que estábamos conversando. Después, me dijo: ‘Mirá lo que me hiciste hacer’, culpándome de su conducta. Terminó el baño lleno de sangre. Finalmente se fue. Tranquilicé a los chicos, les di la cena. Y llamé a un médico de la obra social. La telefonista se dio cuenta de lo que me había pasado, y me mandó una ambulancia. Los de la ambulancia me dijeron que estaban acostumbrados a ver situaciones parecidas, que si no hacía la denuncia, la próxima vez me iban a tener que sacar en una bolsa negra”, recordó Gisela. Esa escena la hizo reaccionar y decidirse a denunciar a su marido, contó a este diario. 

Por las heridas que le causó ese día, el 7 de diciembre de 2016 Apuzzo fue condenado en juicio abreviado a dos años y cuatro meses en suspenso por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso ideal con amenazas coactivas, en concurso real con el delito de defraudación por retención indebida –del vehículo marca Chevrolet, modelo S10, dominio MBZ-871– ambos en perjuicio de Gisela. Es decir, la propia Justicia penal –que el lunes le inicia juicio– comprobó el contexto de violencia física, psicológica y económica que Gisela atravesó. El año pasado la mujer enfrentó un tratamiento oncológico por un cáncer de mama. Le extirparon un pecho y además tuvo que someterse a quimioterapia. Según contó a este diario, se sintió manoseada al ser revisada en el Cuerpo Médico Forense, en un examen que le exigieron para poder aplazar el juicio por su estado de salud. ¿Quién se hace cargo del costo emocional que significa estar denunciada por su agresor y ver que la Justicia lo escucha más a él que a ella, y le da la razón, a pesar de los golpes que le dio?

El impedimento de contacto por el que se la acusa transcurrió en el lapso comprendido entre que denunció los hechos que afectaban a sus hijos, hasta que la Justicia otorgó las medidas de restricción; en definitiva, se le reprocha la dilación de la propia Justicia en adoptar medidas de protección.