“Plomo y humo, el negocio de matar”. La leyenda en el barquito de papel, una escultura distintiva de Puerto Norte, un barrio exclusivo de Rosario, fue tapada rápidamente el lunes por la madrugada, pero hubo quienes llegaron a fotografiarla, y se viralizó. Hizo una síntesis: la ciudad llevaba varios días respirando el aire enviciado por las quemas en el Delta del Paraná, las columnas de fuego se podían ver desde la orilla opuesta. También se contaban 171 muertes violentas, en su mayor parte en barrios populares. Hay una línea que une esas tragedias: la lógica mercantil extractivista que amplía la frontera agrícola y traslada ganado, al que alimenta con pasturas que crecen más fuertes después del fuego. Y la misma lógica que mueve 30 millones de pesos diarios (según estimaciones del camarista federal Aníbal Pineda) por el narcotráfico en una ciudad donde los que mueren no son policías, ni exportadores de sustancias, sino pibes (y también pibas) de los barrios populares. El hartazgo ciudadano vino con el humo, porque durante el fin de semana ardieron 10 mil hectáreas del delta. “En Rosario no se puede respirar”, dijeron artistas y periodistas, para convocar a una muy masiva movilización en el Monumento a la Bandera. Allí se decidió cortar el puente este fin de semana. Respirar es sinónimo de vivir.

Taller Ecologista es una de las organizaciones que viene trabajando por una ley de humedales y soluciones sustentables desde 2008. Participa en una red que se llama Río Feminista, donde “hay organizaciones de mujeres a lo largo de todo el delta del Paraná que realizan un mapeo colectivo sobre sus actividades para organizar la prevención y generar otras formas de habitar los territorios, con mesas de diálogos con todos los actores para generar un ordenamiento territorial”, explicó Sofía Naranjo, del área de Ecofeminismo del Taller Ecologista.

El humo sobre Rosario generado por los focos de incendio llevó al ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, a la ciudad entrerriana de Victoria, donde aportó fotos y nombres de dueños de campos incendiados ante la justicia federal, encarnadas en el fiscal Claudio Kishimoto y el juez Federico Martín. “Desde 2020 hasta ahora quemaron 9 mil kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio total del Delta”, puntualiza la periodista especializada Jorgelina Hiba.

Naranjo pone las cosas en su lugar. “Es importante destacar que los incendios en el Delta son intencionales, que ocurren por los productores ganaderos, porque es una práctica de quema para el rebrote pero hay una sospecha cada vez más fuerte de que hay otras actividades detrás de las quemas. Hay algunos productores que dicen que ellos no queman y no es que uno quiera pecar de inocente, pero reconociendo que el Delta es un territorio liberado, hay una desregulación total que permite negocios y actividades de todo tipo, entonces hay una complejidad que el Estado tendría que abordar”, dice la militante del Taller Ecologista.

“Estamos pensando un plan de acción no solamente del Gran Rosario sino federal, con distintas organizaciones de todo el territorio nacional. Durante el fin de semana del 3 y 4 de septiembre, se harán acciones federales convocando a la ciudadanía, pero también queremos convocar a organizaciones barriales, militantes feministas. Necesitamos juntar la máxima fuerza posible que esto rebalse y que exceda la militancia ambiental. Necesitamos ser muchas para que la ley de humedales que tengamos sea proteccionista, porque en definitiva estamos hablando de la preservación y el sostenimiento de la vida, de las condiciones materiales que sostienen la vida”, enfatizó Naranjo.

Las causas judiciales no avanzan, las acciones políticas tanto provinciales como nacionales se revelan insuficientes y la ley de humedales ya perdió diez veces estado parlamentario. La iniciativa consensuada por decenas de organizaciones sociales y científicas que lleva como primera firma la del diputado nacional Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, fue presentada nuevamente en marzo. Pero surgió un nuevo obstáculo. Otro proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, y consensuado con el Consejo Federal de Medio Ambiente, que licúa la participación de la sociedad civil, reduce la obligación de brindar información -y de ese modo incumple el acuerdo de Escasú-, al tiempo que omite varios artículos referidos a la preservación. “El problema con el proyecto del Ejecutivo es que modifican de tal modo el original, que modifican el concepto de humedal y sacan la idea de ciclicidad. Solamente si hay agua es humedal. Si no hay agua, pongo el campo”, explica de una forma muy llana Jessica Fernández Bruera, que integra la Multisectorial de Humedales.

En tanto, el diputado nacional Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, uno de los firmantes del proyecto consensuado, afirma que la iniciativa del Ejecutivo licúa la capacidad de acción del Estado nacional y refuerza la dispersión jurisdiccional. Y llamó a discutir la ley ya consensuada por decena de organizaciones. “Es una ley que implicaría que algunos sectores de la actividad económica, productiva o inmobiliaria, tengan que rever la forma en que llevan adelante su actividad en los Humedales. Erróneamente algunos de esos sectores, de determinadas corporaciones muy poderosas, consideran que esto puede hacer que la actividad que llevan adelante tenga que dejar de realizarse. Esta no es una ley prohibicionista, es una ley regulacionista que establece estándares mínimos de protección del ambiente. Estos lobbies en general son muy poderosos”, dijo el legislador y subrayó que “la otra ley de humedales intenta desempoderar al Estado nacional. Y limita la participación ciudadana”.

Por su parte, Fernández Bruera también refirió a los fuertes lobbies contra la ley de humedales tal como se consensuó. “Hay agrupaciones y organizaciones ambientalistas que hace diez años que están pidiendo una ley de humedales y denuncian la práctica agropecuaria en las islas, con todo lo que significa tener vacas. La presencia del ganado lo primero que hace es arrasar con todo lo que hay, pasan por encima todas las áreas naturales de la biodiversidad que es propia y única del humedal”, dice la activista de la Multisectorial. Los datos hablan por sí solos: los grandes focos de incendios son siempre en los mismos campos. Uno de los imputados, ya en 2020 fue Enzo Mariani, quien presentó un recurso de usucapión tras ocupar durante años terrenos fiscales. Hasta ahora, la justicia le negó esos derechos. Otros propietarios señalados son la familia Baggio, la misma que elabora los jugos.

Hay responsabilidades penales, y también hay deudas. “Hay una deuda de la justicia federal, hay una deuda del Estado. Y también hay una deuda del Congreso, que debe aprobar la Ley de Humedales. Si no discutimos sobre el modelo de desarrollo agropecuario no encontraremos una solución de fondo”, afirmó Toniolli. 

¿Es la ley de humedales la solución de fondo? Es una herramienta fundamental para encontrarla. Y por eso genera fuertes resistencias en el Congreso. “Con las leyes de glaciares y de bosques hubo un solo lobby, el de la minería con los glaciares y el inmobiliario con los bosques. Acá tenemos tres lobbys al mismo tiempo, el agropecuario, el inmobiliario y el minero. Los humedales cruzan de punta a punta el territorio argentino, tienen diferentes características y están en zonas de explotación minera, por ejemplo, de litio”, consideró Fernández Bruera, y señaló que contra la ley de humedales están “los tres grandes factores económicos jugando en contra. No nos tenemos que olvidar de que detrás de estos fuegos están los grandes intereses inmobiliarios, hay inmobiliarias que están vendiendo los terrenos que fueron quemados”.

Cada vez que los incendios arrasan con amplias áreas del humedal, y sobre todo cuando sus efectos llegan a ciudades pobladas como Rosario, vuelve el debate. Hay Faros de Conservación, hay brigadistas, hay distintas estrategias para detectar y apagar los incendios desplegadas por Nación y las provincias. El tema es la prevención.

Laura Prol integra el equipo de trabajo de Humedales del Taller Ecologista, organización pionera de la ciudad de Rosario. “No se desarrolló y sigue sin desarrollarse un abordaje territorial de la problemática, y cuando nos referimos a territorio, estamos hablando de sentarse entre provincias, municipios y los actores que tienen capacidad de acción sobre nuestra región del Delta, todos, los dueños de la tierra, también. Ellos son señalados como quienes provocan los incendios, pero nunca tienen que dar respuesta frente a ninguna instancia. Cuando nosotros decimos sentarnos a trabajar concretamente en cómo abordar la problemática del fuego en las islas, eso se planteó en 2008, con el acuerdo que se hizo entre las provincias y Nación del programa Piecas, que se elaboró a nivel interjurisdiccional y de ahí en más nunca se avanzó en este sentido”, puntualiza Prol. El Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná es un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional.

Justamente, la política -en su sentido de acción y no institucional- es la forma de modificar la realidad. “Lo que se planteaba en el Piecas era realmente llevar adelante un trabajo sostenido entre provincias, organismos provinciales, nacionales y los principales actores que están en el territorio de islas y ese trabajo nunca se llevó adelante”, sigue la integrante del Taller Ecologista, quien planteó que “este último gobierno desarrolló otra estrategia, que son los Faros de Conservación, que en la práctica instalaron torres con sistemas de alerta temprana este para detectar focos, pero lo que nosotros planteamos desde el inicio que se debían crear instancias de trabajo concreto para abordar el uso de fuego en el territorio”. Prol sabe que se trata de una propuesta compleja. “Sabemos que es algo que lleva tiempo”, apunta, y planteó que “en algunas de estas instancias, los actores se reunieron, se discutieron y algunas cuestiones se habían ido acordando, que eran el puntapié para implementarlo en concreto. Eso no se hizo y, por el contrario, se decidió como una estrategia paralela la de identificar los responsables llevarlos a la justicia”. Para la especialista, está claro que eso “se debe hacer”, pero “no puede ser la única estrategia porque si no va a seguir sin abordarse el problema de fondo, que es el uso del fuego en las islas".

Por eso, la defensa de los Humedales es una causa profundamente feminista. “Tanto el cuerpo de las mujeres como el cuerpo de la tierra están sometidos al concepto de productividad. Nosotras parimos seres humanos y la tierra pare producción para unos pocos. Al estar sometidos al concepto de productividad, los cuerpos y los territorios van a seguir siendo vistos desde el paradigma extractivista. La forma en que se avanza sobre los cuerpos de las mujeres y en el territorio es exactamente la misma. Hay una imposibilidad de reconocimiento de la persona, de las mujeres como personas, y del territorio como persona que es una discusión legal y filosófica mucho más profunda”, expresa Fernández Bruera, de la Multisectorial de Humedales, y subraya: “en la misma línea que estamos viviendo el colapso ecológico estamos viendo cómo los derechos de las mujeres están retrocediendo en países como Estados Unidos”.

Desde el Taller Ecologista, Sofía Naranjo puntualiza que “el ecofeminismo denuncia que el sistema invisibiliza lo esencial, que son los cuidados, como tantas tareas domésticas que realizan históricamente las mujeres pero también invisibiliza los procesos ecosistémicos, que son la base material de nuestra vida. Entonces, este avance sobre los humedales con fuego y con distintas actividades que lo destruyen es más de eso y que no podamos hacer esta relación: se está enmascarando la destrucción de nuestra fuente de agua dulce y nuestros filtros naturales. El ecofeminismo focaliza en la ecodependencia y la interdependencia, para poner en el centro la preservación de la vida”.