En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, sus integrantes aprovecharon la etapa de manifestaciones para solicitarles a los diputados provinciales que convoquen a los Concejos Deliberantes de la provincia para discutir el proyecto de ley que pretende aplicar el nuevo período de mandatos de los ediles. A fines del año pasado en la reforma parcial de la Constitución de Salta se aprobó ampliar el período de los concejales de 2 a 4 años, con una renovación por mitades cada dos años, tal como sucede en la Legislatura.

El diputado provincial David Leiva presentó un proyecto de ley en el que propone que, de acuerdo a los resultados de las elecciones de 2023 y aplicando el sistema D'Hondt, los primeros 11 concejales completen el mandato de 4 años fijados en la reforma. Sin embargo, distintos sectores políticos advierten que la propuesta reduce las posibilidades de las minorías. 

En ese sentido se expresó la concejala por Salta Independiente, Paula Benavides, quien sostuvo que la iniciativa de Leiva le provocó preocupación ya que entiende que "se deja muy por fuera la representatividad (de sectores) de los Concejos Deliberantes". Sostuvo que, de acuerdo al proyecto, "no hay un sistema equitativo de distribución de bancas". 

El año que viene se eligen los principales cargos ejecutivos, tanto en la provincia como en los municipios. "Sabemos que siempre el intendente es quién más suma concejales al cuerpo deliberativo", por lo que la propuesta de Leiva"se presta a perder representatividad". Añadió que se "coharta la autonomía municipal" si no se convoca a los diferentes cuerpos deliberativos "a participar en el debate de cómo tendrá que ser la renovación". 

La propuesta de Leiva se asienta en que los convencionales constituyentes no debatieron cómo iba a ser el inicio de este proceso de ampliación de mandatos en los Concejos, dado que las y los ediles que resulten electos el año que viene tendrán por delante un período de 4 años cada uno, pero como en 2025 tiene que hacerse una renovación parcial del Cuerpo Legislativo, forzosamente la mitad debería tener un periodo de solo 2 años. 

Si bien la aplicación de este cambio en la duración de los mandatos sólo se dará en los cuerpos deliberativos de más de 7 miembros; la edila dijo que cuando se hizo la modifiación de la Constitución Provincial "se tendría que haber previsto en una cláusula transitoria cómo se iba a sortear el momento especial de renovación parcial". 

"Eso no se hizo y de alguna forma se tiene que suplir", manifestó. Ante ello, dijo que una opción era suplantarlo por ley, viendo como la más conveniente a la Ley provincial N° 1349, Orgánica de Municipalidades. Indicó que era la opción más acertada porque es la legislación que abarca a la totalidad de los municipios y donde sólo se debiera incluir una cláusula transitoria. 

En caso de aprobarse el proyecto de ley de Leiva, se verían afectados en la renovación parcial los municipios de El Quebrachal, Las Lajitas, Cafayate, San Lorenzo, La Merced, El Carril, Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Rivadavia Banda Norte, Santa Victoria Este, Campo Quijano, Aguaray, que cuentan con 7 ediles.

También abarcaría los cuerpos legislativos de 9 miembros, como pasa en los casos de Joaquín V. González, Cerrillos, General Güemes, San José de Metán, Pichanal, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Embarcación, General Mosconi, Salvador Mazza. A estos municipios se suman los Concejos de Tartagal, que cuenta con 11 miembros, y el de San Ramón de la Nueva Orán, que tiene 12 integrantes, y el de Capital, que cuenta con 21. 

"Solicitamos a los legisladores que convoquen a los concejales reafirmando la autonomía municipal para elegir cómo será el sistema de transición", ratificó Benavides. También pidió que se acuerde un sistema que resulte "justo" y "equitativo", donde se prevea la paridad de género al momento de la elección. 

E insistió en que se respeten las autonomías municipales, reclamando que eso debió preverse en el mismo debate de la reforma. "Que los legisladores entiendan que tenemos una autonomía por Constitución", aseguró.

En la misma línea se expresó su par Eduardo Virgili, quien dijo que la iniciativa de Leiva es "un atropello" a la autonomía de los gobiernos municipales, impulsado por "el oficialismo que se quiere establecer a través de un proyecto de ley". Aseguró que la aplicación de la modificación en los mandatos no se discutió en la reforma porque se actuó con "arbitrariedad", ya que "no se aceptó ninguna propuesta hecha por la oposición".

"Ahora tenemos que hacer de manera express una actualización para dirimir estas cuestiones", manifestó, asegurando que el proyecto presentado en la Legislatura sólo viene a atender la preocupación por las elecciones que tiene el gobernador. "Está más preocupado por las elecciones y no por los problemas de la gente", expresó. A modo de ejemplo, recordó que el lunes 15 habrá un aumento del boleto del transporte en toda la provincia. 

Críticas a la entrega irregular de tablets 

En la sesión los ediles también se manifestaron por el escándalo que involucró al senador oficialista Emiliano Durand, tras ser acusado de entregar tablets del gobierno nacional en un evento de emprendedores que organizó. Las expresiones vertidas por los concejales se dieron después de que se confirmara que la Justicia Federal empezó a investigar al senador. 

Uno de los que se refirió al tema fue el concejal radical Alberto Salim, quien manifestó que muestra que se iniciaron las campañas electorales, pero que lamentablemente se utilizaron recursos del Estado para la promoción de futuros candidatos. "Paremos la mano porque acá no se salva nadie, acá son los políticos que ponen la mano en la lata y usan recursos del Estado y encima nos aumentan las tarifas", afirmó. 

También se expresó el edil de Juntos por el Cambio+, Pablo López, que aseguró que el evento de los emprendedores terminó afectado por el "uso político de los recursos públicos que se vió ahí". "Tenemos que denunciar este tipo de cuestiones cuando suceden", sostuvo. 

Mientras que la concejala Laura Saravia (UCR) sostuvo que la provincia incurrió en una irregularidad al entregar las tablets que proporcionó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). "No se pueden confundir los bienes del Estado, con bienes propios", manifestó.