En los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) penetró en el territorio bonaerense como nunca antes lo había hecho: se triplicaron las bases de la exSIDE, se multiplicaron los espías y se dedicaron a hacer algo que está vedado por la ley, inmiscuirse en cuestiones políticas y dedicarse a la conflictividad social. El interés de los espías se centró en comedores y merenderos, en movimientos sociales, en sindicatos –particularmente– docentes pero también en las movilizaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado o en las incursiones en la provincia de Cristina Fernández de Kirchner, que volvió a la contienda electoral con Unidad Ciudadana. El cúmulo de pruebas se acumularon en el juzgado federal de Dolores. Sin embargo, la causa pasó a los tribunales de Comodoro Py y hace menos de un mes la Cámara Federal porteña revocó todos los procesamientos que habían dictado los jueces Alejo Ramos Padilla y Martín Bava. El magistrado a cargo del expediente, Julián Ercolini, resolvió delegar la investigación en la fiscala Alejandra Mángano, que tendrá que ver si puede sacar a flote la pesquisa a la que los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dejaron herida de muerte.

El mismo día en que la Cámara Federal sobreseyó a Macri y compañía por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, los jueces firmaron otro fallo que pasó inadvertido: el que decretaba la falta de mérito para todos los procesados en la causa que se conoce como “Proyecto AMBA”. En ese expediente estaban procesados, entre otros, los exjerarcas de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani junto con Pablo Pinamonti, el abogado que estuvo a cargo del despliegue de la exSIDE en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Los jueces también habían procesado a agentes que pudieron ser individualizados realizando determinadas tareas de inteligencia. Por ejemplo, un espía que se supo que estaba infiltrado en Barrios de Pie porque se cayó desde el techo mientras instalaba cámaras y micrófonos para registrar una reunión.

Después de ese fallo, Ercolini optó por delegar la investigación en Mángano –que deberá sortear varias de las críticas que la Cámara Federal le hizo a la investigación–. Entre otras cosas Llorens, Bertuzzi y Bruglia dijeron que Ramos Padilla se había dejado guiar por la concepción de que hubo un plan sistemático de espionaje, lo que para ellos no estaba acreditado, y que se atribuyó incorrectamente responsabilidades en ese sentido. Los camaristas también sembraron dudas acerca de la forma que se produjo el hallazgo de la documentación que daba cuenta del accionar de las distintas bases durante el macrismo, lo que probablemente será invocado por todas las defensas para hacer caer la causa.

Al presentarse a declarar, ninguno de los imputados negó las tareas. Uno de los jefes de las bases históricas de la SIDE, la de Bahía Blanca, reconoció incluso que tenían una lista de personas que eran de interés para los servicios. Entre ellas estaban militantes de derechos humanos junto con activistas gremiales y universitarios.

El experimento de las bases AMBA se inició formalmente en abril de 2017, cuando Arribas firmó la resolución 558 en la que le atribuía a la Dirección de Reunión Buenos Aires la potestad de recolectar información sobre cuestiones políticas –algo que no está permitido por la ley de inteligencia–. Según lo que se reconstruyó en Dolores, el Proyecto AMBA se empezó a poner en marcha desde 2016.

Desde entonces, se empezaron a conformar las bases en Pilar, Quilmes, La Matanza, San Martín, Haedo-Morón y Ezeiza, que estaba en manos de Ricardo Bogoliuk, un compinche de Marcelo Sebastián D’Alessio. Todas las delegaciones creadas durante el macrismo estuvieron controladas por excomisarios de la Policía bonaerense, quienes, en su mayoría, habían ingresado a la fuerza durante la última dictadura. Las nuevas seis bases funcionaron en coordinación con las delegaciones “históricas” de la SIDE en la provincia: las de Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata –desde donde, por ejemplo, se espió a los familiares de las víctimas del naufragio del submarino ARA San Juan–.

En diciembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que la causa madre de estas investigaciones, la del D’Alessiogate, pasara a los tribunales de Comodoro Py, lo que derivó en la mudanza de todos los expedientes. Ercolini elevó a juicio al falso abogado, aunque quedó sin resolver la situación del fiscal Carlos Stornelli. La Cámara Federal dijo que existieron tareas de inteligencia sobre el colectivo de familiares del ARA San Juan, pero las justificó por razones de seguridad presidencial y seguridad interior. Esa resolución está recurrida y deberá ser revisada por Casación. Mángano deberá ver si puede revertir las faltas de mérito que dictaron los camaristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi.