El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció este martes que se hará cargo del control del servicio de acarreo hasta que cierre la licitación abierta a fines de julio. Forzado por la conformación en la Legislatura de un "frente antigrúas" opositor que buscaba suspender las concesiones actuales, el GCBA se vio obligado a retomar el control de un sistema que funciona con prórrogas contractuales desde hace más de veinte años. Al día de hoy, las concesionarias abonan un irrisorio canon de 55 mil pesos por mes. "Todavía no vimos ninguna resolución por escrito", advirtió la oposición porteña, que se mostró cauta ante el anuncio del jefe de Gabinete, Felipe Miguel. Además, sostuvieron que se deben investigar los veinte años de prórrogas y que "el ámbito de discusión del tema es la Legislatura", de cara a la sesión especial convocada por el "frente antigrúas" para debatir la suspensión.

Las cosas se precipitaron el lunes por la noche. En un nuevo episodio de la interna de Juntos, Elisa Carrió anunció en su cuenta de Twitter que la Coalición Cívica (CC) votaría "la suspensión del servicio" en la Legislatura. La siguió Facundo Del Gaiso, referente de la CC porteña, que fue más allá: "La CC pedirá que se suspenda el servicio y que la Ciudad se haga cargo hasta que se adjudique la nueva licitación", publicó a las 23.17 del lunes y anunció que impulsaría una iniciativa propia para suspender el servicio de las empresas Dakota y BRD. Aunque ese proyecto no se presentó de forma oficial, con los cuatro legisladores del espacio de Carrió, el "frente antigrúas" conformado por el Frente de Todos (FdT), la izquierda y hasta el partido de Javier Milei, llegaba a superar los votos necesarios para conseguir quórum y una hipotética aprobación de la suspensión de los contratos en la sesión especial que convocaron para el próximo jueves. 

Ante tal escenario, el GCBA actuó a las apuradas. En conferencia de prensa junto a Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel anunció la noticia que ratificó con un escueto video de Twitter: "La Ciudad se va a hacer cargo transitoriamente del servicio de acarreo hasta tanto el nuevo concesionario entre en funcionamiento", informó Miguel, quien agregó que "en diciembre de 2020 la Legislatura sancionó una ley que le daba dos años al Ejecutivo para relicitar el acarreo. Nosotros ya lanzamos el proceso pero puede ser que no se llegue antes de diciembre". 

Antes de la ley mentada por el funcionario, los contratos de Dakota y BRD fueron extendidos en siete ocasiones: se firmaron en 1990 y debieron darse de baja en 2001. Desde entonces, las grúas operan con prórrogas. Como ya advertía este diario en 2018, el canon mensual de 55 mil pesos no se mueve desde 2014. Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad, ambas empresas logran cubrir el monto anual "con poco más del 1 por ciento de sus ingresos". En promedio, realizan 345 acarreos por día con una tarifa que hoy se encuentra en 6.525 pesos, por lo que en solo media hora, a razón de nueve vehículos, cubren los 55 mil pesos mensuales. 

A fines de julio, el GCBA abrió finalmente la licitación para renovar el servicio con un presupuesto de más de 53 mil millones de pesos por un plazo de diez años. El nuevo sistema de grúas prevé, según anunciaron desde la Secretaría de Transportes y Obras Públicas, que los pagos de los vecinos y vecinas ingresen directamente a las arcas del Estado. Las empresas, en tanto, percibirían un monto fijo mensual. Con la nueva licitación, en tanto, el servicio se extenderá a la totalidad del territorio porteño. Según la Secretaría, las grúas ya no circularían de forma permanente sino que recibirían denuncias puntuales.

Minutos después del anuncio de Miguel, la CC esbozó un principio de retirada: "Con el anuncio de hoy no tiene sentido realizarla", twitteó Del Gaiso sobre la sesión especial convocada por la oposición. "La Legislatura estaba por votar el fin de una de las concesiones más escandalosas de la ciudad", señaló por su parte el legislador del FdT, Matías Barroetaveña. "Frente a la posibilidad de sufrir una contundente derrota y quedar expuesto defendiendo lo indefendible, Larreta optó por una supuesta estatización que en realidad es un puente a un nuevo escándalo: 55 mil millones para una contratación vinculada a otro negocio que complicará la vida de los vecinos como el estacionamiento medido", dijo a Página/12 el diputado, que presentó uno de los proyectos a debatir el jueves para derogar las normas que habilitaron al GCBA a ampliar las plazas de estacionamiento medido a toda la ciudad con 120 mil lugares nuevos. 

"Estamos acostumbrados a anuncios vacíos del oficialismo que después no se materializan, por eso somos cautos. Nos desayunamos con esta supuesta estatización pero todavía no vimos ninguna resolución", agregó el legislador Juan Manuel Valdés, que presentó el proyecto de suspensión del servicio y propuso crear una comisión investigadora de las concesiones. De cara a la sesión, el diputado ratificó que "el ámbito de discusión es la Legislatura" y destacó que "el frente antigrúas viene a paso firme y estamos contentos de que haya movimientos, se tienen que terminar estos negociados". Según el reglamento de la Legislatura, las sesiones especiales no pueden suspenderse, por lo que el "frente antigrúas" estará en el recinto a la espera de que haya quórum.

Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, otra de las patas del frente, consideró que "la estatización anunciada es una medida desesperada ante las denuncias que crecían con un negocio que es un escándalo nacional". El diputado porteño también anticipó que "vamos a mantener la sesión del jueves": "No solo se trata de la estatización, sino de determinar responsabilidades hacia atrás, de quién negoció con esto y discutir cómo viene la situación para adelante. El GCBA reculó al sentir el golpe pero pretende mantener un negocio más importante que el actual", dijo a Página/12 el legislador, que presentó otro proyecto para derogar los aumentos del estacionamiento medido y del acarreo.