El gobierno finalmente dio a conocer cuál será el impacto de la segmentación tarifaria en los servicios de energía eléctrica, gas natural por red y agua corriente (aunque en este caso, sólo limitado a la red de usuarios atendidos por Aysa), tanto en los bolsillos de la población, que pagarán la diferencia, como en las cuentas públicas, para las que representará un importante ahorro fiscal.
Los aumentos resultantes de la quita de subsidios serán escalonados, pero responden a diferentes cronogramas según el servicio de que se trate y además del nivel de ingresos del hogar que lo recibe. Con un ahorro fiscal de medio billón de pesos previsto para el ejercicio 2023 (medio punto del PIB, estimó el secretario de Hacienda), este programa de ajuste resulta el más impactante entre los compromisos que el gobierno asumió en el acuerdo de facilidades extendidas con el FMI.
Sin embargo, la secretaria de Energía lo presentó señalando que "es el resultado de una política redistributiva con sentido social", porque viene a corregir "un esquema en el que el 50 por ciento de la población de mayores ingresos recibía el 60 por ciento del monto total de subsidios".
En materia de presupuesto familiar y tarifas, Flavia Royón, secretaria de Energía, estimó que el impacto de los aumentos en los servicios de luz y gas para un hogar de ingresos medios será de unos 1200 pesos mensuales, en tanto que los cuadros presentados por Malena Galmarini, titular de Aysa, indican que el incremento total para un hogar de ingresos medios una vez completado el ajuste (en tres etapas) será de 1130 pesos.
Los comercios pasarán a pagar las mismas tarifas que se apliquen a los hogares de altos ingresos, es decir que perderán el total de los subsidios. En el caso de esos hogares, el incremento final en la factura de gas por la pérdida de subsidios, al mes de enero de 2023, representará un aumento promedio de 1500 pesos por unidad habitacional: el 88 por ciento del valor promedio actual.
El "ahorro fiscal" que se conseguirá por la quita de subsidios en las tarifas energéticas será de 47.500 millones de pesos este año y de $455.000 millones el próximo. "Es mayor al previsto inicialmente, porque se calculaba un 10% de usuarios de altos ingresos que perderían el subsidio, pero tenemos 4 millones de usuarios que no hicieron el pedido de mantener el subsidio, entre los cuales muchos podrían todavía incorporarse" al beneficio, explicó Royón.
Criterios de segmentación
La resolución de la segmentacion de tarifas tuvo varias idas y vueltas antes de poder ser anunciada este martes. Incluso provocó una crisis interna en el equipo económico el año pasado, cuando el ministro Martín Guzmán se enfrentó con el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo por diferencias por un aumento de tarifas. Hoy, ninguno de los dos está en esos cargos, y el ajuste que se aplicará es ampliamente mayor al que proponía en aquel momento Guzmán y que provocaba la resistencia de Basualdo.
El criterio básico resuelto es que se dividió el universo de usuarios en tres niveles: el nivel 1 de altos ingresos que perderá todos los subsidios, el nivel 2 de sectores vulnerables a los que se le asigna una tarifa social, la cual no sufrirá ninguna modificación con la segmentación. Y el nivel 3 que es el resto de usuarios que quedan entre los de altos ingresos y los vulnerables. Este sector, el más numeroso, pierde parte de los subsidios, dependiendo ya no del nivel de ingresos sino del nivel de consumo y área geográfica de localización.
En el caso del gas, la quita del subsidio al nivel de altos ingresos significará un incremento del 167% en el precio que paga el usuario por el producto (en el punto de ingreso al sistema de transporte), pero es sólo una parte de la factura. El aumento sobre el valor final de la factura es aproximadamente la mitad, tomando un caso típico de ese sector de ingresos. El ejemplo que presentó ayer Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos, es que una factura que en junio costó 1650 pesos, en enero de 2023, luego de los tres ajustes por quita de subsidios (en septiembre, noviembre y el último a partir del 1º de enero), aumentará a 3105 pesos. Es decir, el 88%.
El sector de ingresos medios (nivel 3) mantendrá el 70% del subsidio sobre un nivel de consumo promedio que varía según la ubicación geográfica. En CABA, por ejemplo, el volumen a subsidiar estará en torno a los 400 metros cúbicos de gas de consumo anual, pero en Santa Cruz será alrededor del doble y angunas provincias del Norte quizás la mitad. El volumen no es arbitrario sino que surge del valor medio entre los niveles máximos y mínimos de consumo de cada área y para cada categoría de usuario residencial.
La quita de subsidios para las facturas de energía eléctrica también se hará en tres tramos, pero en el primero sólo se reducirá el 20% del subsidio, y en los dos siguientes el 40% en cada uno. "Estamos previendo que los costos de la energía eléctrica van a bajar en los próximos meses, por eso nos pareció conveniente hacer más accesible el primer tramo", apuntó Royón. Se mantiene el subsidio para consumos de sectores de ingresos medios de 400 mwh mensuales, pero no se dieron estimaciones sobre el impacto final en las facturas.
En cuanto a la tarifa por agua potable y servicios sanitarios, Galmarini señaló que lo que pagan hoy los usuarios es apenas el 36% del costo. "El 64% es subsidio, igual para todos los usuarios", indicó. Anticipó que los subsidios empezarán a reducirse a partir de noviembre (menos para los usuarios de tarifa social) hasta eliminarse para los hogares de ingresos altos y medios, y para los clientes no residenciales (comercios incluidos). Sólo mantendrán un subsidio del 15% de la tarifa los residenciales de bajos ingresos, es decir en una proporción muy inferior a la actual. Para estos últimos, el aumento promedio de la tarifa (entre octubre de este año y marzo del próximo) será del 112,3%. Para el resto, el alza es del 150 por ciento.
Por el ajuste tarifario de Aysa, se estima un ahorro fiscal de $2000 millones este año, que ascendería a $45 mil millones en 2023.
