La masacre de Trelew fue solo el comienzo. Para las fuerzas represivas, la matanza de 16 presos y presas políticos fue el punto de partida de la cacería que vendría. Las familias de las víctimas estuvieron bajo asedio. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) llegó a dividir entre los servicios de inteligencia del país el seguimiento a los familiares de quienes lograron fugarse del penal de Rawson –tanto de los que lograron abandonar el país como de los que fueron fusilados en la base aeronaval Almirante Zar–. La información surge de documentación que fue liberada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a la que accedió Página/12 y que será entregada este lunes a los familiares cuando se cumplan los 50 años de la masacre.
Solo seis presos políticos alcanzaron el 15 de agosto de 1972 a llegar al aeropuerto de Trelew y abordar un avión de la línea Austral que los condujo hasta el Chile de Salvador Allende. La dictadura de Alejandro Agustín Lanusse empezó a presionar al gobierno socialista para que entregara a los jefes de las principales organizaciones revolucionarias argentinas. Sin embargo, después de la matanza de la madrugada del 22 de agosto de 1972, pocas dudas le quedaban a Allende de que si los guerrilleros eran devueltos a la Argentina tendrían un solo destino: la muerte. Fue así como les dieron un salvoconducto para llegar a Cuba.
El 14 de septiembre de 1972, tres semanas después de los fusilamientos, la SIDE puso en marcha una “investigación sobre el posible reingreso de exiliados en Cuba”. El organismo compartió un esquema con otros integrantes de la llamada comunidad informativa para “detectar la eventual colaboración y/o apoyo al posible reingreso al país de diez (10) extremistas actualmente exiliados en Cuba”.
El plan era el siguiente: espiar a familiares e incluso abogados por, al menos, 45 días. La vigilancia se repartió entre la SIDE, el entonces Servicio de Informaciones de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA, que después se llamaría DIPPBA), el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército y la Superintendencia de Seguridad Federal –exCoordinación Federal–. La SIDE les ordenaba a estos servicios que informaran cualquier novedad, por lo que queda claro que era este organismo el que centralizaba esa persecución.
Si bien la CPM no desclasificó los nombres de las personas que fueron sometidas a vigilancia, es fácil advertir que los agentes de inteligencia de la Policía Bonaerense espiaron la casa de la mamá de María Antonia Berger, una de las tres sobrevivientes de la masacre, en Turdera, en el sur del Gran Buenos Aires. El dato es relevante porque muestra que no solo siguieron a las familias de quienes lograron fugarse. Dos años después, el padre de María Antonia, Pedro Juan Berger, denunció que la policía había “reventado” esa casa para el aniversario de la masacre.
Las familias de quienes protagonizaron la fuga de Rawson fueron un blanco de la represión. Sin ir más lejos, Berger padre fue asesinado en un operativo en su casa y enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora. Hubo familias diezmadas como las de Mariano Pujadas, Fernando Vaca Narvaja o Susana Lesgart solo para dar algunos ejemplos. La persecución sobre los tres sobrevivientes, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo René Haidar, se mantuvo hasta que fueron asesinados o desaparecidos por la última dictadura.
Inteligencia fallida y encubrimiento
El 26 de julio de 1972, el Servicio de Inteligencia de la Armada (SIA) se comunicó con la inteligencia de la Bonaerense para avisar que tenían datos de que estaba organizando una fuga en Rawson, uno de los dos penales de máxima seguridad al que la dictadura de Lanusse había decidido destinar a los presos políticos. El evento, decían los marinos, podría tener lugar una semana después. La Marina, en realidad, pensaba que sería un asalto desde afuera a la unidad penitenciaria y decía que se estaban concentrando “elementos terroristas” en San Antonio Oeste, Carmen de Patagones y Comodoro Rivadavia.
La fuga ejecutada desde adentro, sin duda, tomó desprevenida a la dictadura de Lanusse. La masacre que le siguió fue un juego de operaciones para instalar que se había intentado replicar un escape en la base de la Marina a la que habían sido trasladados los 19 presos políticos que no lograron subirse al avión de Austral.
La Prefectura –con base en Puerto Madryn– siguió de cerca lo que sucedió en la base aeronaval de Trelew. Hizo inteligencia en la zona e informó que había “apreciable tranquilidad”, pero también supo que la Marina estaba por sacar de la zona a los fusiladores, una decisión que se confirmó semanas atrás en el juicio civil que se le siguió al marino Roberto Guillermo Bravo en los Estados Unidos. “Pudo establecerse que los cabos que tuvieron a cargo la efectivización de los disparos se encuentran en un estado de decaimiento total, habiéndoseles creado un trauma que puede ser obligaría el inminente traslado de los mismos para otro destino y así alejarlos del lugar”, informaba un parte de la Prefectura del 26 de agosto de 1972.
Controlen a los muertos
Si había algo que tenía en claro la dictadura era que había que sacar rápido los cuerpos de los masacrados de Trelew y celebrar con celeridad los funerales. La Armada no quería que se concentraran familiares y abogados en las inmediaciones de la base Almirante Zar.
Los espías de la Bonaerense siguieron de cerca la llegada de los restos de Ana Villarreal de Santucho –militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y esposa de su líder, Mario Roberto Santucho– al aeropuerto del Palomar en la mañana del 24 de agosto. Después, el SIPBA envió a sus hombres a los funerales que se hicieron en la sede del Partido Justicialista en Avenida La Plata –que terminaron en una cacería desatada por la Policía Federal–. A “chequear la concurrencia” fueron espías y fotógrafos.
Lo mismo pasó con la llegada de los restos de Pedro Bonet y con su traslado al cementerio de Pergamino. Los espías policiales se colaron en el funeral, al que calificaron de “íntimo” y relataron que no hubo discursos políticos. Estimaron la concurrencia en 35 o 40 personas y listaron que había tres coronas enviadas por agrupaciones políticas: la Juventud Peronista, el Partido Socialista y el Partido Comunista (PC). Era claro que para la dictadura de Lanusse –en un anticipo del genocidio que vendría –hasta esos cuerpos perforados a balazos de los militantes eran un peligro.
Memorias de la represión
Al acercarse el aniversario de los fusilamientos, los familiares de los masacrados en Trelew se acercaron a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para pedirles los archivos de sus seres queridos. En el proceso, decidieron que esos documentos sean liberados para que cualquiera pueda acceder a ellos. La CPM reunió todo lo que había en el fondo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y en el de la Prefectura –que fue hallado años atrás por el fiscal Hugo Cañón en Bahía Blanca–. La documentación se concentra en cinco tomos que hacen más de 1500 fojas. La CPM, además, relevó todos los comunicados y pósters que se hicieron para recordar la masacre y que fueron guardados por la inteligencia policial. Es parte del material, hasta ahora desconocido, que sale a la luz al cumplirse 50 años de la masacre junto con las actas de la Junta que fueron desclasificadas por el gobierno nacional.
