El presidente de Chile, Gabriel Boric, aceptó este jueves la renuncia que presentó la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, tras darse a conocer un llamado entre una asesora de su gabinete y el líder radical mapuche, Héctor Llaitul.

“He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra y por eso reitero, he aceptado su renuncia”, dijo el mandatario.

A continuación, aseguró que ante estos casos, lo importante es “dar señales claras de diálogo y no de violencia”.

“Quienes no entiendan esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de derecho que desde el gobierno vamos a defender”, concluyó.

Según un informe de la Policía de Investigaciones, la asesora del gabinete de Vega se comunicó telefónicamente -a pedido de la propia ministra- con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, para “tener una conversación” pese a que el comunero llamó en la mañana de dicha jornada en el noticiero Werken, a una resistencia armada. Los dichos del líder fueron posteriores al anuncio que había realizado Boric sobre la implementación de un estado de excepción intermedio en la zona Sur del país tras los conflictos con los camioneros y la inseguridad en las rutas.

Una vez que se conoció el informe sobre la comunicación telefónica, la oposición pidió la renuncia de la titular de Desarrollo e incluso planteó la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en su contra.

La renuncia de la ministra se da en el marco de la detención a Llaitul en la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco días atrás. La detención del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, se enmarca en una investigación que surgió en 2020 cuando el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) presentó una querella tras constatar que había participado en delitos de hurto de madera y usurpación, y luego de la ampliación de esa querella (impulsada por el gobierno de Boric) cuando atentó contra la autoridad al llamar a una “resistencia armada”.