Las organizaciones de personas con discapacidad denuncian que el programa oficial para el sector es sólo un anuncio
Un “plan” sin contenido ni presupuesto
El Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019 fue anunciado por Macri y Michetti en mayo, pero ni siquiera tiene número de expediente, señalan las entidades. “No tiene contenidos reales”, advierten. Sólo hubo recorte de pensiones.
El lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad, en el Centro Cultural Kirchner, el 11 de mayo pasado.El lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad, en el Centro Cultural Kirchner, el 11 de mayo pasado.El lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad, en el Centro Cultural Kirchner, el 11 de mayo pasado.El lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad, en el Centro Cultural Kirchner, el 11 de mayo pasado.El lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad, en el Centro Cultural Kirchner, el 11 de mayo pasado.
El lanzamiento del Plan Nacional de Discapacidad, en el Centro Cultural Kirchner, el 11 de mayo pasado. 

Organizaciones de personas con discapacidad –como REDI y la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes– advirtieron que el Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019, lanzado por el presidente Mauricio Macri y la vice Gabriela Michetti el 11 de mayo en el Centro Cultural Kirchner, “carece de contenido” y ni siquiera tiene presupuesto. El plan viene siendo presentado como un tema de Estado a cargo de Michetti, que en aquel acto habló de una respuesta integral, “con el involucramiento del gobierno, la sociedad civil y el sector privado” y aseguró que el programa hará “que en la Argentina el tema de la discapacidad pase a ser muy distinto de lo que es hoy”. En simultáneo con esta promesa, el gobierno comenzó a dar de baja de manera masiva las pensiones por discapacidad, medida que hasta ahora no ha revertido. 

Tras el acto en el CCK, que tuvo una generosa difusión mediática y una acotada participación de organizaciones, en su mayor parte de prestadores de servicios, los integrantes de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) mandaron una nota a Michetti para pedirle “precisiones sobre el desarrollo” del programa, ya que  como organizaciones de discapacitados no habían tenido ninguna otra noticia del programa que la de los diarios, ni habían sido convocados a participar de su desarrollo.

Al mismo tiempo, REDI impulsó un pedido de acceso a la información pública, en el que solicitó las bases del Plan. “Cuando el Estado pone en marcha la elaboración de un programa nacional se inicia un expediente, con un número. Nosotros pedimos ver qué había, qué tenía adentro. Nos contestaron que ni siquiera existía el expediente: no hay nada detrás de los anuncios”, señaló a PáginaI12 Ana Dones, de la Red.

Michetti no contestó la nota con la que reclamaron precisiones. Sí lo hizo la Conadis (el órgano rector del Estado para las políticas de discapacidad), a la que habían enviado una copia de la nota a la vicepresidenta. El titular de la Comisión, Javier Ureta Sáenz Peña, los citó a una reunión para hoy.

El funcionario acaba de asumir como coordinador del Plan, tras dejar el ministerio de Medio Ambiente, donde fue secretario de Control y Monitoreo Ambiental. Ese alejamiento ocurrió luego de que su nombre quedara vinculado a una cuestionada licitación para la compra de cincuenta colectivos eléctricos que el ministro Sergio Bergman anuló a raíz de denuncias de corrupción. Ureta asegura que su mudanza no tuvo relación con el caso, sino que se trata de un “crecimiento profesional”.

Presupuesto Cero

Inés Castellano, de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof), coincide con la preocupación de los integrantes de REDI. “El plan fue lanzado con la intención de ser un programa nacional, pero no tiene contenidos reales”, dijo a PáginaI12. “Lo lógico y razonable es hacer un lanzamiento cuando hay un programa desarrollado, no como lo hicieron en este caso. Tampoco están haciendo reuniones con las organizaciones de discapacitados: no que nosotros sepamos. Debió haberse tenido en cuenta a los protagonistas para poder responder a las necesidades de quienes tienen una discapacidad. Esto es parte del reclamo del colectivo: lo que planteamos es que no hemos sido convocados para discutir un plan que se supone dirigido a atender nuestras necesidades”.

Castellano asegura que el plan “ni siquiera tiene presupuesto”. Lo mismo advirtió Eduardo Joly, titular de la Fundación Rumbos.

El malestar de las personas discapacitadas y sus familiares se acrecentó al sentirse utilizados por las estrategias de marketing del PRO, que hizo el lanzamiento oficial del Plan días antes de que el ministerio de Desarrollo Social diera de baja 83 mil pensiones por invalidez, argumentando una “depuración” del padrón, en un cambio radical de las políticas del Estado hacia los más vulnerables. Entre los hechos por los cuales el gobierno dejó a más de 70 mil discapacitados sin su pensión –para lo que sacó del cajón a un decreto menemista de 1997, que pasa a los solicitantes por el tamiz de mayores requisitos– está por ejemplo que tengan un auto o familiares con beneficios previsionales.

En la mayoría de los casos, las suspensiones se ejecutaron sin aviso, por lo que los beneficiarios del programa se enteraron al ir a cobrar las pensiones. Desarrollo Social no les pidió información para aclarar sus situaciones patrimoniales.

Al mismo tiempo, fueron desmontados los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro con discapacidad.

La aplicación del decreto 432 firmado en 1997 por Carlos Menem permitió hacer una poda mayor de los subsidios a Cambiemos, que ya desde antes venía ensayando esta política con otro recurso, el de negar los Certificados Unicos de Discapacidad (CUD) o no renovarlos. 

“Acceder a un CUD o renovarlo se volvió más complicado”, contó Castellano. “Da la sensación de que hay órdenes de no otorgarlo, o de tratar de complicar su obtención. En relación a las enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, la falta de conocimiento complica aún más las cosas, porque hay patologías viscerales donde el problema es algo interno, que no se ve”.

“No se contempla el modo en que una patología ocasiona desventajas en la integración. El certificado busca, justamente, que las personas accedan a recursos que nivelen estas desventajas. Pero no se hace una evaluación en cuanto a esto, que es fundamental para la inclusión en el plano social, en lo laboral y educativo. Hoy muchas veces ni siquiera otorgan el turno para hacer la evaluación, sino que según el diagnóstico del discapacitado, la persona que atiende en el mostrador considera que no, que no le corresponde tener el certificado”.

Castellano explica que un Plan Nacional de Discapacidad con los objetivos que enunció el gobierno (“lograr que las personas tengan un proyecto de vida independiente y tengan sus derechos garantizados en materia de salud, educación, empleo y accesibilidad”) debería empezar por proveer de Certificados Únicos de Discapacidad (CDU) a quienes los necesitan. No solamente para acceder a una pensión: con el CDU, las obras sociales y empresas de medicina prepaga cubren un mayor número de prestaciones médicas y de atención psicológica, ya que el Estado les reintegra gran parte de los gastos. Con el CDU también se tramitan los pases para el uso gratuito del transporte público, necesario para llegar a los lugares de tratamiento.

Aunque el decreto 432/97 nunca fue derogado –lo que las organizaciones señalan como una de las varias deudas del gobierno anterior en la materia–, las gestiones kirchneristas facilitaron el otorgamiento de los certificados. Esto permitió el reconocimiento de derechos a cerca de un millón de personas con discapacidad. Joly aclara que la sobrerrepresentación que alega Cambiemos no existe. “En la ciudad de Buenos Aires, el 80 por ciento de los discapacitados en 2011 no tenía certificado, según registró la encuesta sobre Discapacidad en CABA. A nivel nacional estamos incluso por debajo: la Encuesta Nacional de Discapacidad 2002/3, posterior al Censo 2001, mostró que a nivel nacional solamente el 15 por ciento de los discapacitados tenían el CUD”.

Sujetos de derecho

Además del acto de principios de mayo, el Plan fue anunciado por Michetti en otras actividades oficiales. Otra de las caras de las críticas que está recibiendo hacen a su enfoque. En este sentido, REDI expresó su “gran preocupación por los dichos (de la vicepresidenta) sobre que las familias acomodadas apadrinarán a niños y niñas con discapacidad pobres”.

“Esto responde a un modelo tutelar, alejado del modelo de derechos humanos en el que se basa la Convención” sobre los Derechos de las personas con discapacidad, subrayó la organización en la nota que mandó a la funcionaria.

Para Joly, “no hay ningún Plan Nacional de Discapacidad en lo formal,  aunque sin dudas hay un plan implícito en las políticas que se están llevando a cabo con el recorte masivo de las pensiones, que son la continuación del ajuste a las prestaciones del PAMI para los jubilados”.

Son recortes inescindibles de la política económica: “Todos los meses el gobierno está pagando en concepto de intereses de deuda el equivalente de 2 años de las pensiones no contributivas por discapacidad dadas de baja”. El dato fue procesado por Marcelo Betti, licenciado en economía (UBA) y miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. “En mayo 2017 se pagó por intereses de deuda (externa pesificada + interna tipo Lebacs) 16.500 millones de pesos, equivalentes a 170.000 pensiones no-contributivas por discapacidad dadas de baja de 4000 pesos cada una a lo largo de 24 meses”.

REDI cierra su pedido de informes a Michetti con una reflexión. “El tener una discapacidad no debiera bajo ningún punto de vista ubicarnos como receptores de caridad, personas dadoras de amor ni nada que deba causar sensiblería, y esto no debiera ser promovido por el Estado Nacional. Las personas con discapacidad hemos luchado y seguimos haciéndolo, por ser titulares de derechos y en este sentido, no debiéramos dar un paso atrás. A esta altura, no tenemos que explicar que somos personas, con capacidad de trabajar, de estudiar, de votar, de comprar y vender bienes (de no mediar insania), de decidir qué tratamiento médico recibir, de criar a nuestros hijos e hijas, de ejercer nuestra sexualidad, de acceder a la justicia, de ser autónomos con los apoyos requeridos… Tampoco queremos ser ejemplo de vida y resulta perjudicial para el colectivo que usted nos muestre así. Dentro de la lástima, del amarillismo y de la sobrevaloración, existe la misma raíz: una profunda discriminación de la que no debiera ser parte el Estado Nacional”.