Juzgado Contravencional 1 de Jujuy suspendió la audiencia del juicio oral y público prevista para esta mañana contra la dirigente Milagro Sala por presunta ocupación del espacio público y alteración del orden durante una acampe de  la Red de Organizaciones Sociales frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. La Tupac Amaru afirmó que esa decisión se tomó “por orden” del gobernador Gerardo Morales ante la “falta de pruebas” de los delitos que se le imputan a Sala.

La decisión de suspender la audiencia fue firmada ayer por el tribunal, aunque sin detalles de los motivos por los cuales se dictó la postergación. Luego, en breves declaraciones públicas, el juez José Matías Ustarez Carrillo sostuvo que la medida se tomó “a partir de nuevas pruebas que necesitaba el juzgado”.

Sala, detenida desde el 16 de enero último, llega a juicio por presuntamente infringir del artículo 113 y 7 de la ley 5860, sobre espacio público y alteración del orden. La defensa de la dirigente sostuvo que el trasfondo de esta causa es la “criminalización de la protesta social” y aseguró que el tribunal notificó del inicio del proceso oral “hace más de un mes”.

“Plantear que necesitan más pruebas a horas de la realización del tramite da cuenta de la arbitrariedad con la que se manejan”, acusó la organización social a través de un comunicado en el que aseveró que “lo único que les interesa” a los jueces es “mantener el show mediático y la persecución política".

Para la defensa de la dirigente social, “la manifestación frente a la Plaza Belgrano constituyó un uso tan legítimo del espacio público como lo son las actividades comerciales o el tráfico de vehículos y personas. "La Red de Organizaciones Sociales no tomó una plaza ajena, sino que la plaza le pertenece hace más de 500 años”, argumentó la Tupac, a través de un comunicado. 

“La detención de Milagro Sala usando como excusa la manifestación, la represión por medios penales de derechos que sostiene el sistema constitucional constituye una violación más de este gobierno a los derechos humanos”, expresó el abogado Ariel Ruarte, integrante del equipo de defensores de Sala, quien adelantó parte de la estrategia que llevará al juicio, al señalar que "el derecho a la libre expresión, de peticionar a las autoridades de una reunión, es de indiscutido rango constitucional".

Paula Álvarez Carreras, abogada de Sala, acusó al gobierno de Morales de pretender " juzgar un hecho que claramente no es delito ni contravención” y aseguró que la denuncia está armada sobre la base de “notas periodísticas, videos y fotos del acampe".

“En ningún momento negamos el acampe, eso no está en discusión”, añadió la letrada y consideró: “No sabemos si se dieron cuenta de la barbaridad que implica juzgar el derecho a la protesta; si tomaron conciencia que el mundo está mirando a Jujuy por la violación sistemática a los derechos humanos”.