“Los militares querían plata”, definió Carlos Iaccarino, sobreviviente junto a su hermano Alejandro de la Brigada de Investigaciones de Lanús, uno de los tres centros clandestinos del circuito Camps que están bajo análisis en el juicio coloquialmente conocido como “Brigadas”. Durante sus extensos testimonios, ofrecidos en la jornada del pasado martes en el debate que comenzó hace casi dos años, los Iaccarino relataron por qué y cómo represores de la última dictadura cívico militar los secuestraron junto a otros miembros de sus familias y los despojaron de todos sus bienes.

El escenario del despojo de la familia Iaccarino fue “El Infierno”, la última estación en un recorrido de campos de concentración al que policías federales y miembros del Primer Cuerpo del Ejército los sometieron durante un año y medio. “El infierno era eso, un verdadero infierno”, describió Alejandro, quien declaró primero, sobre la Brigada de Investigaciones de Lanús. Él, el segundo hijo del matrimonio platense de Dora Venturino y Rodolfo Iaccarino, fue secuestrado junto a su mamá en la ciudad de Buenos Aires el 4 de noviembre de 1976. Ambos fueron trasladados a la Comisaría número 21. El mismo día, en Santiago del Estero, la Policía Federal tocó la puerta del departamento de la familia y les pidió a Carlos y a Rodolfo que los acompañaran. Quedaron secuestrados en un pasillo de la Regional 1.

Para entonces, los hermanos Iaccarino compartían la riqueza que habían generado a partir de empresas ligadas a la construcción y la actividad agropecuaria en La Plata y Santiago del Estero. “Fuimos detenidos y secuestrados para robarnos más de 10 millones de dólares”, aseguró Alejandro en la audiencia del martes. No es la primera vez que declaran ante la Justicia –en 2013 el jefe y el subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, los comisarios Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, fueron condenados con penas ínfimas por vejaciones y severidades sufridas por los empresarios allí–. “Es un honor venir cada vez que somos llamados a decir la verdad. Muchos temas no se han investigado aún, vamos a ver si en esta oportunidad se puede hacer justicia”, completó Carlos, a su turno. Los hermanos están con custodia de Gendarmería pues recibieron amenazas de muerte durante los últimos años. 

Él, su hermano mayor y su padre permanecieron secuestrados en la Regional 1 durante 12 días, “parados en un pasillo, separados entre nosotros por un metro”, contó Carlos, quien vinculó al entonces jefe de la policía local, condenado por crímenes de lesa humanidad, Antonio Musa Azar. Al padre lo liberaron el 16 de noviembre, a los hermanos los trasladaron a Buenos Aires. Allí, permanecieron detenidos en diversas comisarías –22, 37, 23–. “Día por medio venían el comisario Damato, y los oficiales Da Nunzio y Patané todos de civil, nos venían a buscar y los llevaban al Primer Cuerpo del Ejército, primer piso, donde nos interrogaban. Dígame de dónde sacó la plata nos preguntaba el coronel (Ricardo) Flores Jouvet”, reconstruyó Carlos, quien al cierre de su testimonio reclamó que la Justicia “jamás” llamó a indagatoria a ninguno de ellos.

Él y su padre Rodolfo se encontraron con Alejandro en un traslado a Santiago del Estero, donde llevaron a los tres a declarar en una causa “armada”, denunció el menor de los Iaccarino. Siguieron boyando entre comisarías hasta que el 27 de mayo les dijeron que los iban a llevar a una cárcel. En verdad, previo registrarlos en la Brigada de Investigaciones de Lanús, los llevaron al COT 1 de Martínez “para hacer el ablande total”, consignó Carlos. Permanecieron allí durante 36 días “que fueron decir brutal, doloroso, tremendo”, describió. Torturados, sin comer, fueron obligados a cargar cadáveres en camiones así como víctimas “envenenadas” cuyo destino, sugirió, eran vuelos de la muerte. Allí también supieron que en el juzgado federal a cargo del juez Leopoldo Russo les habían armado una causa “por monopolio de carne”. Mientras tanto, su padre y su madre presentaron hábeas corpus y acudieron a cuanto lugar les dijeron que podían estar sus hijos. Pero no los hallaban.

El despojo

El 5 de julio del 77 fueron trasladados a El Infierno. “Allí no solo torturaban, allí robaban. Se le decía el banco de Londres (al centro clandestino) porque se dedicaban a secuestrar industriales y a robarles dinero”, declaró Alejandro. Las precisiones las aportó su hermano menor: un día a mediados de julio los llamaron a la oficina de Ferranti. Allí “dos mafiosos, Bruno Chessi y Vicente García Fernández nos amenazaron. Nos dijeron que para salir teníamos que poner algo o nos íbamos al Río de la Plata”, recordó. En El Infierno recibieron también la visita del juez Russo y de su secretaria, Beatriz Aparicio.

Meses después, Chessi, García Fernández y una escribana de apellido Camaño los obligaron a firmar un poder de cesión por los campos de la familia –15 mil hectáreas, 6 mil en producción, 6 mil cabeza de ganado según el cálculo de Alejandro–, El milagro, un bosque virgen y la fábrica láctea. El avión se lo había confiscado el Banco Nación. A cambio les dieron 300 hectáreas de un campo de golf en Alta Gracia a las que aún hoy, 46 años después, no pueden acceder. “Están usurpadas”, denunciaron los hermanos. “Le pedí a la escribana que pusiera el lugar en donde firmábamos el poder. Ella miró al Ferranti y éste asintió con la cabeza así que ese poder dice que se firmó en donde funcionó El Infierno”, completó Carlos. “Siento que estoy diciendo una verdad que nos costó 46 años transmitirla, que la justicia se haga cargo de lo que se tienen que hacer cargo y la policía también”, completó. Al cierre de su testimonio, el presidente del TOF 1 de La Plata, Ricardo Basilico, le informó que averiguaría si “las personas mencionadas” en su testimonio estaban siendo investigadas. En caso contrario, solicitó que se lo hiciera.

Los “no casos”

El primer testimonio de la jornada estuvo a cargo de Claudia Bellingeri, hija de Héctor Bellingeri, secuestrado durante un operativo de las fuerzas de seguridad y armadas en Marcos Paz en junio de 1977 junto a otres militantes del Partido Revolucionario de Obreros Argentinos, en su mayoría también víctimas del terrorismo de Estado. Entre elles, Bellingeri destacó los casos de Liliana Galetti y de Virginia Allende, dos militantes que también “cayeron” en el marco del operativo contra el PROA y fueron vistas en el Pozo de Banfield en septiembre de 1977.

Son ellas las que integran el juicio por crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en ese centro clandestino, en el Pozo de Quilmes y en el Infierno, aunque la testigo señaló que el resto de les integrantes del PROA que fueron secuestrades en la casa de Marcos Paz y alrededores no lo son ya que no fueron vistas en ninguno de esos lugares. Además de Bellingeri, Haroldo, Luis y Fabián Logiurato, que tenía 16 años; Carlos Alberto Arias, Ignacio Ikonikoff y Gloria Veinstein, Alicia Contrisciani, Blanca Altman y José Tocco. “Fueron secuestrados en el mismo operativo, inferimos nosotros que fueron trasladados a los mismos centros clandestinos”, apuntó la testigo.

Las querellas no solo insistieron durante la instrucción de las causas en que así fuera, sino que además intentaron generar una causa que la abogada querellante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Guadalupe Godoy, recordó por su nombre coloquial, “la causa de los no vistos”. Allí, la entonces querella de Justicia Ya que nucleaba a diferentes organizaciones de derechos humanos, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la LADH entre otras, buscó generar “una cuestión similar a la causa de Primer Cuerpo del Ejército”, donde se busca acreditar que los hechos sucedieron dentro del ámbito de esa área de la fuerza, sin necesidad de acreditar el paso por determinado lugar. En ese expediente, las responsabilidades se le atribuyen a la cadena de mando del Primer Cuerpo. “Acá la pretensión era la misma, no solo con los jefes policiales sino también con los funcionarios del aparato pseudo legal del Estado durante la dictadura. Pero no hubo caso, no avanzó”, recordó Godoy.