La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo de primera instancia que obliga al consejero de la Magistratura y senador por el Frente para la Victoria (FpV-PJ) Ruperto Godoy a dejar ese cargo porque no es abogado. Aunque todavía Godoy tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, la denuncia promovida por el abogado y ex consejero Alejandro Fargosi (ligado a Cambiemos) apunta a desplazar del Consejo de la Magistratura al senador sanjuanino que se ha convertido en un escollo para el Gobierno en su decisión de avanzar con la destitución de algunos jueces no encolumnados con el oficialismo.

“Corresponde desestimar la apelación y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo parcialmente lugar a la presente acción declarativa de inconstitucionalidad”, sostuvieron los camaristas federales de la sala tercera del fuero Contencioso Administrativo, Jorge Argento y Carlos Grecco, para desestimar la apelación realizada por Godoy y ratificar el fallo de primera instancia.

A fines de mayo, el juez Enrique Lavié Pico había dispuesto el cese del senador Godoy como consejero de la Magistratura (el órgano de control del Poder Judicial), al declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la ley 26.855 –aprobada en 2013– que quitó la obligatoriedad de ser abogado para integrar el Consejo de la Magistratura.

La ley estableció que para ocupar una silla como consejero se debían reunir los mismos requisitos que para ser diputados de la Nación, para el que no son necesarios tener títulos universitarios. La decisión de Lavié Pico había sido cuestionada desde ámbitos académicos y jurídicos, ya que una porción de los consejeros de la Magistratura se conforma por representantes del Congreso (senadores y diputados) de acuerdo a su representación proporcional en cada Cámara legislativa, donde cuyos representantes elegidos en elecciones directas no están obligados a poseer formación universitaria.    

Entonces, Godoy sostuvo en diálogo con PáginaI12 que “la maniobra pergeñada es peligrosa porque además cuenta con la connivencia de magistrados que acatan las órdenes del Ejecutivo”. La decisión judicial iba en sintonía con la opinión del Gobierno, ya que el senador del FpV-PJ se convirtió en el principal obstáculo para que el oficialismo consiga la mayoría necesaria para destituir al camarista federal Eduardo Freiler, por varios fallos que incomodaron el Ejecutivo. El gobierno de Mauricio Macri nunca ocultó su desagrado por el desempeño de Freiler, que señaló la comisión de delitos de lesa humanidad en la causa Papel Prensa o su posición contraria a la Ley de Derribo promovida por el oficialismo, entre otros temas.

Pero ayer la Cámara reivindicó la “exigencia” para los diputados, pese a que su representación es política, de ser abogados matriculados y reunir “las demás condiciones para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines de la idoneidad que esa formación supone”.

“Cuando asumí me tomaron juramento (Ricardo) Lorenzetti, (Juan Carlos) Maqueda y (Elena) Highton de Nolasco. Ellos, en algún momento, deberán opinar sobre esta causa y fueron los que avalaron mi nombramiento”, afirmó Godoy ante este diario tras el fallo de Lavié Pico. 

La posibilidad de recurrir a la Corte Suprema era una de las opciones que barajaba anoche Godoy en diversas reuniones. También existe la posibilidad de que Godoy de un paso al costado para habilitar su reemplazo ya designado. 

A través del despacho 72 de 2014, los senadores peronistas y radicales acordaron los nombres para ocupar las suplencias para el Consejo de la Magistratura: allí se estableció que la senadora entrerriana Sigrid Kunath, en primer lugar, el salteño Rodolfo Urtubey, en segundo término, son los designados como consejeros suplentes por el bloque FpV-PJ. Mientras que el ex senador radical chubutense Mario Cimadevilla, fue el elegido como suplente para la silla que tiene en el Consejo de la Magistratura la segunda minoría en el Senado.