Hoy comienza en Buenos Aires el debate sobre los diversos proyectos que duermen desde hace tiempo en el Congreso de la Nación, a la espera de convertirse cuanto antes en la esperada Ley de Humedales, el marco regulatorio que deberá imponer las medidas. Las deliberaciones se darán en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, adonde darán el presente numerosos militantes de la Multisectorial por los Humedales con la misión de marcar prevalencia sobre el proyecto de ley consensuado por las organizaciones ambientalistas y que presenta desde 2011 el actual titular de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso (Frente de Todos).

El debate está previsto que empiece a las 10. Tendrá sobre la mesa los 10 proyectos de ley que están con estado parlamentario. Y en derredor, se espera la presencia de grupos ambientalistas y también organizaciones gremiales que se han involucrado en la causa. Es que la relevancia de esta causa es tal que en ese ámbito se la compara con la Ley de Bosques, sancionada en 2008, y la Ley de Glaciares, en 2010.

Al otro lado de la línea, o del río, el lobby de los negocios de ganadería y loteo inmobiliario está latente y habita en la comisión de Agricultura, que preside el radical Ricardo Buryaile, ruralista de origen y ex ministro del área en el gobierno de Mauricio Macri. Por cierto, fue en ese espacio donde el proyecto de ley consensuado con las organizaciones ecologistas quedó trabado el año pasado.

Se sabe que hay resistencia de algunas provincias, el rechazo de varias empresas y la coyuntura parlamentaria vinculada a la paridad de votos entre oficialismo y oposición como razones para explicar el cajoneo recurrente de este tema en la agenda legislativa.

Otro grupo de diputados que participará del análisis parlamentario es el de la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (FdT).

El objetivo es arribar aun dictamen consensuado en las próximas semanas, y antes de que regresen los incendios en el delta del Paraná, mitigados desde el domingo gracias a los chaparrones que facilitaron la tarea de los brigadistas. 

No serán rosarinos solo quienes asistan al debate con expectativas, también lo miran de cerca quienes padecieron los incendios forestales en las sierras de Córdoba y San Luis.

El proyecto de mayor consenso había perdido estado parlamentario en 2021 y Grosso volvió a ingresarlo, ahora con el respaldo de medio millar de organizaciones sociales de todo el país. Propone, entre muchas medidas, un inventario nacional sobre los humedales que subsisten en Argentina, con información en detalle de cada uno para desde ese saber poder actuar con eficacia. El proyecto depara sanciones penales para quienes quemen de manera intencional estas tierras fluviales y le impone la obligación a las provincias de regular racionalmente y de manera sustentable el uso de esos suelos. Es decir, eliminar los vacíos legales y establecer sanciones claras contra la aplicación de plaguicidas y cualquier otra sustancia contaminante, incluso fumigaciones. Y ahí es donde el lobby agroganadero se planta y pretende resistir.

Hay un proyecto de los diputados Ximena García (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC - ARI), más acorde a las expectativas productivistas en el humedal. Y se cree que será una de las dos facciones en pugna que disputarán el texto del proyecto final.

En el Senado será otra historia, pero prevalece el anuncio que formuló el ministro de Ambiente Juan Cabandié la semana pasada, de que la Ley de Humedales sea sancionada antes de que termine el año.

Además, los otros proyectos en carrera –casi todos similares entre sí– provienen del bloque Frente de Todos (2), otros dos de Juntos por el Cambio, dos más del Interbloque Federal, uno del Frente de Izquierda, y uno del interbloque Provincias Unidas.

Quedó, eso sí, en el camino, el proyecto elaborado en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y que mereció el rechazo frontal de las agrupaciones ambientalistas por considerarlo una carta franca para la explotación económica sin control en las islas. 

En tanto, Cabandié se reunió ayer con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, muy golpeado en lo político por la falta de compromiso con el ecocidio que demostró a lo largo del año y aún en los peores días de quemas en las islas bajo su jurisdicción. Acordaron "fortalecer las acciones conjuntas para frenar los reiterados incendios en el delta del Paraná" y firmaron un convenio de asistencia por 206 millones de pesos de Nación a esa provincia, para que mejore su plan de manejo del fuego.

Se descuenta que las graderías de la Cámara Baja estarán colmadas por militantes ecologistas, muchos de ellos llegados desde Rosario y la región, luego de haber protagonizado el acampe y corte del puente a Victoria el fin de semana pasado. “Nos movilizamos a Buenos Aires para que se retome en el Congreso la discusión de la ley de humedales consensuada. Vamos a estar afuera y adentro del Congreso para que salga el dictamen unificado", anticipó ayer Rodolfo Martínez, asambleísta de El Paraná No se Toca.