Dos policías y dos civiles fueron imputados por hechos relacionados a maniobras de provisión de armas. El agente Víctor Maldonado -en disponibilidad- fue acusado por el fiscal José Luis Caterina por el hurto y entrega de un arma en agosto de 2020, pero también le atribuyó "con habitualidad" haber provisto de armas de fuego a personas no identificadas, "dedicándose asiduamente a obtener y adquirir para luego ofrecer y vender armas de fuego", expresa la imputación por la que el juez Florentino Malaponte ordenó la prisión preventiva por una año. Su hijo, también fue acusado de formar parte en los hechos. Además, fue imputado otro agente por encubrimiento.

La imputación a Maldonado expresa que "mientras se desempeñaba como miembro de la Brigada Operativa en la Agencia de Investigación Criminal, el 31 de julio de 2020, en el marco de un allanamiento sustrajo un arma de fuego y no la declaro. Tras ello, se lo acusó de haber entregado el arma a un contacto suyo, el 1 de agosto de ese año. La imputación también menciona un hecho de noviembre de 2019, cuando era numerario en la Comisaría 31 de Zavalla. Entre las evidencias constan mensajes de celular. En uno de estos, el acusado le pregunta a un contacto "a quien le podemos meter el juguetito 22, en 15 lo largo. Avisame cualquier cosa”. 

También se le atribuyó "haber revelado hechos, actuaciones y demás información, que debían permanecer en secreto". Hurto, abuso de autoridad, tenencia ilegítima de arma, entrega indebida de arma, provisión Ilegal de armas de fuego con habitualidad, peculado por sustracción de bienes cuya custodia y administración se le había confiado y violación de secreto fueron los delitos achacados.

Su hijo, Giuliano, fue imputado por "haber participado en la provisión ilegal de armas, al menos entre agosto y noviembre de 2020, constatado en numerosos mensajes, en los cuales surge que consulta sobre stock de armas de fuego para vender". Se le ordenaron medidas de restricción, alternativas a la prisión.

Al agente Siro L., se le atribuyó haber encubierto la sustracción del arma de fuego que fuera retirada por Maldonado, omitiendo denunciar el hecho. Por eso se lo imputó de encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por ser funcionario público. También se ordenaron medidas alternativas a la prisión.

En tanto, a José R., se le endilgó, con habitualidad y con la complicidad de cuanto menos una persona, haber provisto de armas de fuego a personas no identificadas, dedicándose a obtener y adquirir para luego ofrecer y vender armas. El juez ordenó prisión domiciliaria por un año.