El Tribunal General de la Unión Europea (el segundo en jerarquía del continente) confirmó la semana pasada un fallo de 2018 en el que se multaba a Google por imponer "restricciones ilegales a los fabricanes de dispositivos con Android y a los operadores de redes para consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda". La empresa, ahora parte del conglomerado Alphabet, debería pagar 4100 millones de euros, 200 millones menos que en el fallo original.

El juicio, iniciado en 2015, refería a las presiones de la corporación sobre los fabricantes para que instalen una versión particular de Android que incluía el navegador Chrome, el buscador de la empresa y el Play Store. También imponía condiciones acerca de dónde ubicar los íconos para darles más visibilidad. De esa forma favorecía el uso de sus aplicaciones. Los usuarios más determinados suman alternativas en el celular ocupando memoria que no suele sobrar. Las empresas tecnológicas lo saben.

Google compartía parte de los ingresos publicitarios obtenidos del buscador, pero esto implicaba acuerdos de exclusividad, una oferta que los fabricantes no podían rechazar sin perder el soporte del sistema operativo. En caso de que decidieran desarrollar su propia versión de Android (algo posible, ya que es software libre), Google dejaría de darles soporte. De esa manera corrían el riesgo de que un cambio de la empresa dejara a sus clientes desconectados.

Los fabricantes pueden vender dispositivos pero el grueso del negocio digital basado en datos, publicidad y servicios pasa por las aplicaciones. Es allí donde intentan competir infructuosamente debido a las limitaciones que tienen para modificar el sistema operativo que usan, algo que también afecta a las plataformas que desean ofrecer apps alternativas a las que viene preinstaladas y que, además, en su mayoría no puede quitarse.

Antecedentes

La multa es otra señal del endurecimiento de las políticas lideradas por Margrethe Vestager, la Comisaria Europea por la Competencia, quien ya había pedido multas contra la corporación por 2400 millones por priorizar sitios propios en las búsquedas y 1490 millones por impedir que los sitios web incluyeran servicios de sus competidores. Las cifras son altas pero no significan un golpe fuerte para Alphabet (la corporación en la que está Google), que reportó ingresos operativos en el segundo trimestre de este año por 19.453 millones de dólares. Por otro lado, quedan más instancias judiciales hasta que el pago tenga que hacerse efectivo. Otras grandes corporaciones tecnológicas también fueron multadas y esperan fallos de la justicia.

Este y otros casos recuerdan a lo que ocurrió en 2001, cuando la justicia estadounidense falló contra Microsoft por imponer su navegador Internet Explorer en el sistema operativo Windows, dominante en el mercado de las computadoras personales. Esta decisión abrió la puerta a la competencia y por allí entraron otros emprendimientos capaces de revolucionar los modelos de negocios como la misma Google. Ahora esas corporaciones, a su vez, son percibidas como obstáculos a la competencia y la innovación, sobre todo en Europa donde las empresas tienen serias dificultades para competir.

De hecho, este año se aprobó en Europa la ley de mercados digitales para estimular la competencia. Por eso es probable que fallos de este tipo ratifiquen las multas solicitadas por la comisión en los próximos meses. Para que así sea se debe demostrar que empresas como Apple, Amazon, Microsoft, Meta o la misma Alphabet utilizan su enorme poder de mercado en su favor con prácticas ilegales. Por ejemplo, Apple cobra comisiones enormes a plataformas como Spotify, Fortnite y otras, para poder operar en su sistema operativo. Amazon es denunciado permanentemente por ser árbitro y jugador en el principal mercado online mundial y la lista sigue.

Si bien los fallos se afirman, estas empresas tienen sobrados recursos para dar desgastantes batallas legales y hacer lobby. De hecho, Google podrá apelar para llegar al tribunal superior. Además cuentan con un conocimiento sobre el mercado que les permite hacer cambios formales sin tocar el corazón de sus negocios. Por ejemplo, en 2017, ya iniciado este juicio, Google permitió a los fabricantes cambiar el sistema operativo, pero en caso de hacerlo debían pagar hasta 40 dólares por cada aparato si deseaban usar sus apps. Si bien Android es software libre, los servicios que ofrece Google pueden requerir una licencia y la mayoría de los usuarios están acostumbrados a ellos, por lo que los fabricantes no tienen mucha opción.

En el mundo hay más de 6000 millones de celulares. Android es el sistema operativo líder, con poco más de un 70 por ciento del mercado global, una cifra enorme pero un 16 por ciento menor que antes de la pandemia, período en el que muchos usuarios se pasaron a los dispositivos de Apple. Google argumentó, justamente, que tiene una dura competencia con esa empresa por lo que no se puede hablar de monopolio o de prácticas anticompetitivas.

Es probable que la firmeza de los tribunales europeos sirvan de incentivo a los organismos de control de Estados Unidos donde donde hay investigaciones en curso que avanzan lentamente.