Malena Silveyra es socióloga. Valeria Thus, abogada. Cada una desde su rol, aportaron y aportan al trabajo jurídico de las querellas de familiares de víctimas y sobrevivientes del genocidio de la última dictadura. Son, además, investigadoras y docentes de Derecho en diferentes universidades y en esa arena, juntas, sostienen desde hace casi una década el seminario de extensión universitaria --de la carrera de Derecho en la UBA-- "Los y las estudiantes vamos a los juicios" con una preocupación: ¿qué se está haciendo para cumplir con la necesidad de que el proceso de juzgamiento de los genocidas desborde las salas de los tribunales? Y con el mismo objetivo, acaban de concretar otro mojón: editaron Juzgar los crímenes de Estado. A 15 años de la reapertura de los juicios en la Argentina, un libro en el que compilaron una docena de trabajos de análisis sobre el proceso de juzgamiento de los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado.

"Los trabajos que componen el libro buscan salir de la sala de audiencias, problematizar lo que sucede ahí, criticarlo, mirarlo desde diferentes formas", apunta Silveyra en una entrevista con este diario que comparte con Thus. "El proceso genocida no solo afectó a quienes pasaron por campos de concentración, a sus familiares, a sus amigos. Sino que transformó toda nuestra sociedad. Este proceso, entonces, nos sirve a todos. Era necesario colaborar desde distintos lugares para que eso que pasara en las audiencias saliera de allí", completa. En la charla, la abogada suma entre las razones del origen del libro, editado por Eudeba, "la necesidad de pensar una educación en derechos humanos y romper con la ritualización que muchas veces tiende a ser una encerrona".

En trece capítulos, Juzgar los crímenes de Estado reúne las miradas de las compiladoras, pero también de otres actores vinculados a la última etapa del proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura cívico militar, que ya superó los 15 años. Tras la declaración de nulidad de las leyes de impunidad, Miguel Osvaldo Etchecolatz fue el primer represor condenado, en septiembre de 2006, en un juicio oral y público. El sobreviviente Jorge Julio López, uno de los testigos principales de aquel debate, desapareció por segunda vez un día antes del veredicto. Este mes se cumplieron 16 años de su ausencia.

El libro, rescata Thus, "es una apuesta a un diálogo entre todos los actores que trabajamos este tema y que nos paramos en ese escenario judicial, que no es solamente ocupado por operadores judiciales y testimoniantes”. Por eso, la clave interdisciplinaria que atraviesa la publicación es “fundamental”.

Hay en la publicación, por ejemplo, un artículo sobre el acompañamiento a los testigos como política de Estado, escrito por Fabiana Rousseaux, coordinadora del plan nacional de acompañamiento a testigos y querellantes víctimas del terrorismo de Estado; otro sobre los archivos como territorios de memoria, a cargo de Samanta Casareto, directora de Gestión de Fondos Documentales del Archivo General de la Nación, y Jazmín Lavintman, especializada en Archivos y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay artículos a cargo del investigador especializado en genocidio Daniel Feierstein y del juez federal Daniel Rafecas; la fiscal Ana Oberlin planteó avances y retrocesos sobre violencias diferenciales a mujeres cis, gays, lesbianas, trans y travestis durante el terrorismo de Estado y María Eugenia Mendizábal esbozó un avance del proyecto de investigación que lleva adelante sobre las violaciones a los derechos humanos de las infancias durante la última dictadura. Hay un repaso sobre el testimonio, otro sobre la responsabilidad civil y otro sobre la causa ESMA y los vuelos de la muerte, a cargo de la fiscal Mercedes Soiza Reilly.

En su generalidad, los trabajos apuntan a un análisis del proceso en sí mismo “en su continuidad”, remarca Thus, ya que “la idea de la continuidad del juzgamiento permite salir de la pregunta sobre cuáles fueron los crímenes a aquella que indaga en las causas de esos crímenes”.

Para las compiladoras, la publicación es una manera de “sacar” los juicios de las salas de audiencias. Y, también, de afrontar el presente de una sociedad en la que la vida de su vicepresidenta fue atentada sin más. “La posibilidad de juzgar lo ocurrido durante el genocidio es también la posibilidad de poner en discusión qué pasó, por qué pasó, y sobre todo, cuánto de eso de alguna manera establece las condiciones en las cuales vivimos hoy --plantea Silveyra--. Porque lo que les planteamos a las nuevas generaciones es que es necesario pedir justicia, participar de este proceso, no solo por empatía con quienes lo sufrieron en carne propia, sino porque nos tiene que doler a nosotros mismos el modo en que nos ha afectado, lo que nos ha legado aquel genocidio, la imposibilidad de mirarnos a la cara, la imposibilidad de pensar proyectos alternativos desde el presente”.