El abogado Oscar Guillén, que junto a Fernanda Guillén defiende a Miranda Ruiz, anunció que analiza presentar un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, y el juez de Garantías N° 2 de esa ciudad, Héctor Mariscal Astigueta.

Así lo afirmó ante Salta/12 tras la conferencia de prensa que dio junto a la médica y el equipo interdisciplinario que la acompañó al momento de realizar una interrupción legal del embarazo (ILE), según lo enmarcado por la Ley 27.610, que garantiza las interrupciones gestacionales voluntarias y legales.

La conferencia de prensa tuvo lugar en el salón auditorio del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, donde ocurrieron los hechos, y en donde la mayoría del personal, incluidos gerentas y gerentes, acompañaron a Ruiz tras el proceso judicial iniciado. La profesional entendió que era entonces el mejor lugar para agradecer también ese acompañamiento.

La médica fue denunciada, detenida y encausada tras haber realizado una ILE el 24 de agosto del año pasado. El viernes último (cuando Miranda también cumplió años), el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, la sobreseyó por entender que su actuación fue dentro de la Ley.

Guillén explicó que la posibilidad de una apelación al sobreseimiento solo puede ser en caso de que se eleve de manera extraordinaria ante la Corte de Justicia de Salta. Pero sostuvo que esas apelaciones solamente rigen cuando están en riesgo derechos de las personas, y no quienes representan al Estado, con lo que el fallo va camino a quedar firme. 

Arbitrariedad y peligro social

Al hacer un análisis del proceso penal contra la médica, que duró más de un año, Guillén entendió que hubo organizaciones civiles que “quedaron tan sorprendidas como yo”, por el accionar de Vega y Mariscal Astigueta. Interpretó que “es tal el grado de arbitrariedad, que hay un peligro social en Tartagal” ante lo que mostró el Poder Judicial en este caso.

“Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acompañamiento que tuvo Miranda y sufre un poder tan desbocado y tan arbitrario”, analizó el letrado al mantener la posibilidad de pedir que juez y fiscal sean sometidos a un jury de enjuiciamiento con el fin de que sean destituidos. Ratificó el juez "se asoció al fiscal y actuó como otro fiscal, en lugar de controlar cómo se hacía la investigación”.

Añadió que este largo proceso implicó el gasto de “ingentes recursos del Estado”, que podrían haber sido para “hospitales o escuelas”, más cuando la arbitrariedad se notaba a los 15 días, cuando se tuvo la historia clínica en mano.

Causas vigentes y otras por abrir

El proceso derivó en otras imputaciones contra un médico ginecólogo y un técnico, por la falsificación del certificado que se realizó tras el aborto. El ginecólogo que estaba de guardia no habría atendido a la joven gestante de 21 años que ese día accedió a pastillas sublinguales para realizarse la ILE. Cuando se produjo la expulsión, al momento de hacer el certificado, el técnico llenó el papel, pero, según dijo en la Justicia, siguiendo las indicaciones del ginecólogo. El médico dictó un índice que, por los números establecidos, indicaban que el feto estaba con vida, algo que no era cierto.

Casual o causalmente, el médico que está imputado por esa falsificación es el mismo que antes había sido denunciado por Miranda Ruiz de manera administrativa y penal, por haber realizado abortos a cambio de dinero o sexo.

Al respecto, en el documento que leyó en la conferencia de prensa, Ruiz afirmó que “la Justicia de Tartagal encubre y no persigue a algunos abusadores y profesionales, hombres que por negligencia e impericia han ocasionado daño a la vida de las mujeres, incluso con fallecimiento de las dos vidas, pero encarcela a una médica mujer comunitaria por haber participado en una Interrupción Legal del Embarazo”.

Al hablar con Salta/12, Miranda Ruiz recordó el caso de Aldana Quico, joven wichí de 18 años que había ingresado al Hospital de Tartagal con el feto muerto a inicios de este año y no tuvo la atención que requería por parte del ginecólogo que debía atenderla, según surgió de la denuncia de los familiares de la chica, que finalmente falleció. El médico esperaba que el feto saliera a través de un “parto normal”.

En ninguno de los dos casos de decesos por presunta atención deficiente, que tiene acusados a dos profesionales médicos varones, se conoció demasiado ni en la Justicia ni mediáticamente cómo continuaron los hechos, como sí ocurrió con la residente criminalizada por cumplir la Ley.

“Es mucho el daño que me hicieron“, sostuvo la médica al recordar que el pasado viernes 16 de septiembre fue la última vez que se presentó ante la Fiscalía de Tartagal a firmar, pues su imputación también implicó medidas restrictivas.

Adelantó que analizará si continuará con medidas legales contra las seis personas que testificaron falsamente en el juicio, y las demás exposiciones que realizaron la concejala de Salvador Mazza, Claudia Subelza, y la diputada provincial Cristina Fiore.

“Víctima de dos odios”

“Creo que inicialmente fui víctima de la combinación de dos odios: el odio por haberme animado a hacerle una denuncia penal a un ginecólogo del Hospital por abuso a una menor. Lo denuncié de oficio en el año 2020. Resulta que los datos de la planilla falsa que él ideó y puso en la historia clínica, los usó la tía para denunciarme”, indicó Ruiz al recordar que la causa en su contra incluso se inició porque la familiar de la gestante, una mujer mayor de edad, hizo denuncias por un delito de instancia privada, lo que no debiera ocurrir.

“El otro odio es de sectores que viven de la militancia política y el estado, y necesitan justificar su existencia, sin importar los medios que usan a tal fin. No hay convicciones detrás de quienes deben mentir y escrachar para defender su ideología”, afirmó la médica. 

Aseguró que la violencia política se “ejerció desde los dos lados. La parte corrompida del sector celeste (sectores antiderechos) logró mi exposición mediática, judicialización y detención. Y la parte corrompida del sector verde logró usarme políticamente, manipulándome durante meses para ser referentes de la causa”.

En este punto sostuvo que “organizaciones con sede espiritual y/o física en Buenos Aires se arrogaron una representación hegemónica de mi caso. Fui capital político, económico y simbólico para ellas. Las denomino el ‘Feminismo Federal Porteño’, que, de ninguna manera, aunque lo digan, me ‘han acompañado’. Más bien me han hecho daño y entorpecido". "Continúan arrogándose ‘acompañamiento’ al momento de comunicar mi sobreseimiento. Actuaron como la resistencia que el poder necesita para seguir existiendo”, sostuvo.

Aclaró además que así como no se puede hacer una estrategia jurídica desde Tartagal para defender a alguien en el Poder Judicial de Buenos Aires, tampoco se debe hacer lo contrario. “Así como la medicina es situada, la abogacía también”.