Tras haber anulado la sentencia que permitía el acceso al aborto en Estados Unidos, la ultraconservadora Corte Suprema inicia este lunes un nuevo período de sesiones en el que se apresta a tomar otras decisiones fuertes, en especial en cuanto a los derechos de los afroestadounidenses y de las parejas homosexuales. Discriminación, derechos electorales, inmigración: son varios los casos explosivos en la agenda de la alta jurisdicción estadounidense que tiene, por primera vez en su historia, a una mujer negra entre sus magistrados.

La llegada de Ketanji Brown Jackson, nominada por el presidente demócrata Joe Biden, no modifica el equilibrio en el seno del tribunal máximo de Estados Unidos, que conserva una sólida mayoría de seis jueces conservadores en un total de nueve, tres de ellos nominados por el expresidente republicano Donald Trump.

Entre 2021 y 2022, "la corte se apoyó en este bloque conservador para volver sobre jurisprudencias establecidas desde hace tiempo" y "parece estar dispuesta a continuar (...) sin restricciones", según David Cole, director jurídico de la influyente organización de defensa de los derechos cívicos ACLU.

En junio, la Corte Suprema revocó la sentencia que desde hace cerca de 50 años garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos, expandió el derecho a la portación de armas, reforzó el lugar de la religión en la esfera pública y limitó los poderes de la agencia a cargo de la protección medioambiental.

Esas decisiones regocijaron a los conservadores. Ilya Shapiro, del conservador centro de pensamiento Manhattan Institute, asegura que la Corte está proceso de "corregir los excesos" de los años 70.

Para Shapiro, el fallo que en 1978 definió el marco legal para los programas de discriminación positiva en la admisión a universidades es el próximo en la mira. 

El 31 de octubre, la alta corte dedicará una audiencia a los mecanismos de selección de la prestigiosa Universidad de Harvard y de la Universidad pública de Carolina del Norte. Estos establecimientos, como muchos otros, tienen en cuenta criterios de raza para asegurar la diversidad de los estudiantes y corregir la menor presencia de jóvenes negros o hispanos a causa del pasado segregacionista de Estados Unidos. Esas políticas, consideradas por algunos como "racismo a la inversa", fueron siempre objeto de oposiciones legales pero hasta ahora esas iniciativas  fracasaron.

La misma Corte Suprema consideró en dos ocasiones que las universidades podían tomar en cuenta ciertos criterios raciales con la condición de que estos se utilicen solo para asegurar la diversidad de la población estudiantil, pero ahora parece lista a dar marcha atrás.

En otro caso, relacionado con el mapa electoral en el estado de Alabama y en agenda a partir del martes, la Corte podría desmantelar una parte de la emblemática ley de 1965 que puso fin a las reglas segregacionistas que limitaban el derecho al voto de los afroestadounidenses del sur. Esa ley sobre "derechos cívicos" permite la creación de distritos electorales de negros para asegurar que tengan representantes en el Congreso. Pero es ilegal concentrarlos en un solo distrito o distribuirlos en varios de ellos con el fin de disminuir el peso de sus votos.

El tema es de mucha importancia en un país donde los electores negros votan mayoritariamente por los demócratas, y los votantes blancos tienen mayor tendencia a apoyar a los republicanos.

Otro caso, proveniente de Carolina del Norte, podría "tener fuertes consecuencias para la democracia", según Sophia Lin Lakin, que sigue los asuntos electorales para la ACLU. Los legisladores republicanos de este estado defienden una nueva interpretación de la Constitución que, de ser retomada por la Corte Suprema, daría "un poder sin control a los legisladores locales sobre la organización de las elecciones federales", afirma la experta.

Matrimonio igualitario

Cinco años después de haber dado la razón a un pastelero cristiano que no quería venderle una torta de matrimonio a una pareja de hombres, la Corte Suprema volverá sobre este tema sensible, presentado esta vez por un creador de sitios web.

En 2018, la Corte había dado un fallo de alcance limitado. Pero esta vez podría autorizar de forma más amplia a los comerciantes cuyos productos tienen naturaleza "creativa" a eludir la leyes antidiscriminación a nombre de sus convicciones religiosas. Siguiendo esa lógica, "los arquitectos podrían rehusarse a diseñar casa para familias negras, los pasteleros a hacer tortas de aniversario para niños musulmanes", teme David Cole.

De ahora al 30 de junio, cuando finalizan las sesiones, se espera que la alta corte también decida sobre las políticas de expulsión de los inmigrantes sin documentos, la pena de muerte o las políticas de adopción de niños indígenas nativos.

Las inmunidad de internet

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos aceptó el lunes escuchar dos casos que desafían la inmunidad legal de las empresas de internet sobre los contenidos publicados por sus usuarios.

Uno de los casos fue presentado por la familia de Nohemi González, una estadounidense de 23 años que fue una de las 130 personas muertas en los ataques del grupo Estado Islámico (EI) en París, en 2015. La denuncia alega que Google violó la Ley Antiterrorista de Estados Unidos al recomendar videos del EI que incitaban a la violencia en YouTube, propiedad de Google.

"Los servicios de Google tuvieron un papel esencial en el desarrollo de la imagen de EI, su éxito en el reclutamiento de miembros de todo el mundo, y en su capacidad para realizar ataques", según la denuncia.

Por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, empresas como Google, Facebook y Twitter no son consideradas compañías editoras y, en consecuencia, no son legalmente responsables de los contenidos publicados por sus usuarios.

Una corte de rango inferior sentenció en el caso González que Google esta protegida por la Sección 230, que sus defensores consideran esencial para proteger la libertad de expresión en internet.

Esa norma fue atacada por legisladores demócratas y republicanos ya que la izquierda afirma que las tecnológicas promueven el discurso de odio de la extrema derecha y la derecha alega que permite a las empresas censurar las voces conservadoras. Entre los principales críticos de esa norma se cuenta el ex presidente Donald Trump, quien fue excluido de Twitter y Facebook luego de que sus partidarios asaltaron el Capitolio en 2021.

El otro caso aceptado por la Corte es una demanda que acusa a Twitter de complicidad con el terrorismo. Un tribunal inferior que revisó el caso se negó a dictaminar si el servicio de mensajería tiene la protección de la Sección 230.