Madres de Plaza de Mayo y el Serpaj convocaron a una conferencia mañana martes junto a la CTA Autónoma y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) por la represión y la situación en Villa Mascardi. La conferencia se realizará a las 13 en Piedras 730 de la ciudad de Buenos Aires. Durante el día de ayer, cuatro de las siete mujeres mapuches detenidas en el operativo de desalojo fueron beneficiadas con prisión domiciliaria. La decisión de la Justicia local llegó tras las denuncias de organizaciones de derechos humanos y la renuncia de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

"Lo que viene haciendo la jueza (federal Silvina Domínguez) nos genera toda esta situación de indefensión para ellas, porque es imprevisible lo que va a hacer", señaló uno de los abogados de las detenidas, Ezequiel Palavecino, de la APDH. Palavecino puso énfasis en las "contradicciones" de la jueza que en un mismo día "dictaminó el traslado hacia Bariloche de las cuatro mujeres detenidas" que antes había enviado a Buenos Aires y que, al mismo tiempo, decidió otorgar la domiciliaria.

El martes pasado las fuerzas de seguridad nacionales intervinieron en el conflicto por los terrenos en Villa Mascardi y desalojó los predios que circundan la ruta 40. Con la colaboración de las fuerzas provinciales, desplegaron un operativo que terminó con la detención de las siete mujeres que se encontraban en la toma en el asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, donde se encontraban con sus hijos. Los integrantes de los pueblos originarios de la zona reclaman la posesión de las tierras ancestrales, que habitaban antes de la conformación del Estado argentino.

Martha Luciana Jaramillo, Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas, fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria por ser madres o cursar un embarazo. Sin embargo Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera continúan apresadas en la Unidad Regional V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche. Junto a Jaramillo, las tres habían sido llevadas en avión a Buenos Aires con destino al Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, pero ante la presión y las denuncias de haber vulnerado sus derechos fueron trasladadas de regreso a Bariloche por decisión de la jueza.

La intervención de las fuerzas de Seguridad en el conflicto fue cuestionada fuera y dentro del gobierno nacional. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el Servicio Paz y Justicia convocaron a una conferencia de prensa a la que se sumaron la CTA Autónoma, la APDH y el Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya.