La Cámara Federal de Casación Penal enciende motores para resolver la situación de Mauricio Macri en la causa por el espionaje a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. En las últimas horas y después de un pedido de la defensa del expresidente para imprimirle velocidad al trámite, rechazaron las recusaciones contra los integrantes de la Sala II de ese tribunal, que podrán empezar a analizar el expediente. Aún queda pendiente una presentación que hizo la abogada Valeria Carreras por uno de los camaristas que viajó a la estancia de Joe Lewis, como había revelado Página/12.

A mediados de la semana pasada, el abogado de Macri, Pablo Lanusse, le pidió a la Cámara de Casación que resolviera cómo iba a quedar integrada la Sala II. Casación tiene que decir si confirma el sobreseimiento que le habían dictado a Macri los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia o si entiende que el expresidente debe continuar procesado por el espionaje, como había resuelto en Dolores el juez federal Martín Bava.

Macri está interesado en cerrar ese capítulo en los tribunales para que no siga repercutiendo en la política de cara a una interna de Juntos por el Cambio que no se muestra muy apacible. Días atrás, el radical Facundo Manes recordó que el expresidente tiene cierta fascinación por espiar a los propios. Es lo que surgió en la causa de los espías conocidos como Súper Mario Bros, que hicieron seguimientos a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó, Nicolás Massot y a la propia Florencia Macri, la hermana menor del líder del PRO. En ese expediente, Llorens y Bertuzzi dijeron que los agentes actuaron por su propia cuenta y que no siguieron un plan ideado desde las altas esferas del gobierno de Macri.

El sábado, una de las fundadoras de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, volvió a poner el tema del espionaje sobre la mesa al decir que nunca sufrió tanta persecución como en su propio gobierno. En el pasado, Carrió había apuntado tanto contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como contra la Policía Federal (PFA) de Patricia Bullrich. Macri únicamente respondió que no entendía a su aliada política.

En los tribunales de Comodoro Py, a Macri no le va mal. La Sala II de la Cámara Federal de Casación está integrada este año por Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. A Mahiques lo recusó Carreras por sus vínculos con el macrismo –por ejemplo, haber sido ministro de Justicia de María Eugenia Vidal o ser el padre de quien tenía a su cargo la relación con el Poder Judicial en el gobierno de Macri–. A Ledesma la recusó un exdirectivo de la AFI, Eduardo Winkler, con un argumento exótico: como la jueza fue crítica de las reuniones secretas de sus colegas en Olivos y en la Rosada, ella tendría animadversión contra Macri.

Para resolver las recusaciones junto con Yacobucci, se sortearon a otros dos jueces: Mariano Borinsky y Ana Figueroa. Carreras recusó a Borinsky por sus encuentros con Macri para jugar al tenis o al paddle. Sin embargo, rechazaron la presentación por una cuestión de plazo. Lanusse recusó a Figueroa por haber declarado que fue víctima de las presiones de la mesa judicial del macrismo.

El miércoles, Yacobucci y Borinsky avanzaron en el análisis de las recusaciones. La del exdirectivo de la AFI contra Ledesma la rechazaron por haber sido presentada fuera de fecha. En el caso de Mahiques dijeron que no hubo argumentos sólidos para forzar su apartamiento. 

Yacobucci y Borinsky ni siquiera trataron la recusación de Figueroa, pese que ella había contestado al planteo de Lanusse diciendo que siempre observó con "objetividad, honestidad, imparcialidad y racionalidad" su desempeño como magistrada. La explicación para no hacerlo fue porque ya estaban los dos votos. A Figueroa le había pasado algo similar con otros colegas que la dejaron fuera de la discusión sobre la causa de los Súper Mario Bros.

Horas antes de que rechazaran el pedido para apartar a Mahiques, la abogada Carreras había presentado una ampliación a raíz de que este diario publicó que había viajado junto con otros jueces y con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, en un avión privado a Bariloche. No está claro que la Sala II le vaya a dar tratamiento al nuevo pedido de Carreras. Carreras le dijo a este diario que espera que analicen su ampliación. En caso contrario, evalúa un recurso para llevar el tema a la Corte. “Si Macri está apurado, que se anoticie sobre los cinco años de espera de los familiares”, resaltó la abogada. 

Carreras también recusó al fiscal Raúl Pleé. La Casación deberá analizar ese pedido para apartar la fiscal que también visitó a Macri en Olivos y que reconoció que no renunció a su cargo por pedido del expresidente. Lo lógico sería que la Sala II convoque a audiencias para escuchar a las víctimas, como establece la ley, aunque habrá que ver cuál es la premura de sus señorías.

El mes próximo se cumplirá el quinto aniversario del hundimiento del San Juan. Para el juez Bava, la AFI –desde su delegación de Mar del Plata– espió a las familias desde diciembre de 2017 hasta que se encontró el submarino en noviembre de 2018. Lo hizo para adelantarle a Macri información clave en un tema que atraía el interés de la comunidad internacional.

Cuando el caso pasó a Comodoro Py, la Cámara Federal porteña no negó que se haya hecho inteligencia sobre los parientes sino que lo justificó diciendo que la AFI actuaba para garantizar la seguridad interior y la seguridad presidencial. Tanto las querellas como la fiscalía recurrieron esa decisión que ahora deberá ser analizada por la Sala II de Casación. Macri está confiado en terminar el año con el capítulo del espionaje cerrado.