La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, denunció una maniobra del Gobierno para sacarla del cargo
“El asedio no es a mi persona sino a la institución”
Afirmó que Macri quiere poner a una persona de su confianza en su puesto y lo vinculó al caso Odebrecht. Hoy la citarán a indagatoria.
Alejandra Gils Carbó comparó a Mauricio Macri con Nicolás Maduro.Alejandra Gils Carbó comparó a Mauricio Macri con Nicolás Maduro.Alejandra Gils Carbó comparó a Mauricio Macri con Nicolás Maduro.Alejandra Gils Carbó comparó a Mauricio Macri con Nicolás Maduro.Alejandra Gils Carbó comparó a Mauricio Macri con Nicolás Maduro.
Alejandra Gils Carbó comparó a Mauricio Macri con Nicolás Maduro. 

La procuradora general Alejandra Gils Carbó vio cómo circulaba el fin de semana por portales y redes sociales la noticia de que el Gobierno estaba esperando que fuera citada a indagatoria en Comodoro Py para expulsarla finalmente por decreto. “No podría acatar un acto de esa invalidez, que expondría a que cualquier fiscal sea destituido por decreto, incluso los jueces de la Corte”, se plantó ante el anuncio la jefa de los fiscales federales. “Se intenta crear una sospecha de corrupción con el objetivo de justificar mi desplazamiento por modos ilegales e inconstitucionales ya que (el oficialismo) no ha tenido los votos ni las causales para el juicio político”, dijo Gils Carbó y comparó a Mauricio Macri con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que intenta echar a la fiscal general de ese país, Luisa Ortega, una mujer de origen chavista que ha denunciado violaciones a los derechos humanos del régimen actual. “Veo un afán de concentración del poder”, y recordó que Macri fue explícito al decir que “quería poner a un hombre de su confianza” en el órgano hoy a su cargo.  Dijo que el ministro de Justicia, Germán Garavano, nunca le pidió la renuncia cara a cara sino sólo a través de los medios y le atribuyo un intento de inmiscuirse de manera ilegal en la investigación sobre las coimas de Odebrecht en Argentina. Advirtió que el fiscal Eduardo Taiano estaba recibiendo fuertes presiones para citarla como sospechosa y, a las pocas horas, los portales de los grandes medios anunciaban que hoy se concretaría el planteo, lo que también confirmaron allegados a la fiscalía a PáginaI12. Es en una causa donde se la responsabiliza por anomalías en la compra del edificio donde funciona la sede de la Procuración la calle Perón 667.

Gils Carbó se mostró preocupada por lo que ve como “un crecimiento de la violencia contra el sistema judicial” donde “jueces federales han denunciado presiones y los jueces laborales están expuestos a una campaña de difamación y de hostigamiento constante, con pedidos de juicio político”. “Esto empezó en 2015 durante las paso cuando el entonces candidato ya ahora Presidente decía que yo tenía que renunciar si él asumía, desconociendo el texto constitucional que dice que el Ministerio Público es autónomo e independiente y no tiene que retirarse cada vez que cambia el gobierno”, señaló la procuradora. Fue en una entrevista en Radio con Vos, con el conductor del programa La Inmensa Minoría, Reynaldo Sietecase, y esta cronista. Gils Carbó explicó que Garavano, para dar vía libre a la posibilidad de echarla por decreto, viene abonando la teoría de que el mecanismo de juicio político no es aplicable a fiscales sino solamente a jueces, para lo cual a la vez tramita una acción judicial planteada por el llamado Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, el que apoyó los golpes de estado, y ha estado largamente al mando de la familia Martínez de Hoz.   

Gils Carbó señaló que Joaquín Morales Solá fue uno de los primeros en anunciar su posible remoción por decreto. El fin de semana se sumaron los portales La Política online y Urgente 24, mientras que Garavano dio una entrevista radial en la que dijo que se había reunido con Gils Carbó para que diera un paso al costado y que ella “pareciera tener la misión de sostener a un sector de la política” o que “Gils Carbó entorpece y no ayuda a las causas contra el gobierno anterior”. La Procuradora contestó ayer: “No es cierto que se haya puesto delante de mí a decirme que me vaya del cargo. Me lo dicen por los medios. Pero es parte de la mise en scene que están creando para justificar el pedido de indagatoria, y las fuertes presiones”.  

En defensa propia

–El Gobierno insiste en que usted pertenece al kirchnerismo, que está vinculada a Justicia Legítima y que eso hace que se traben las investigaciones contra ex funcionarios. 

–Absolutamente no es así. No conocemos ni un solo fiscal que haya dicho que yo pretendía instruirle alguna investigación. No he hecho más que suministrarles recursos y respaldo institucional. Saben que tienen respaldo para investigar Correo Argentino, Avianca, Los Sauces, Nisman… para cualquier tipo de investigación. Este asedio no es sólo a mi persona, es a la institución. Hubo dos intentos de reforma de la Ley orgánica del Ministerio Público (durante el actual gobierno) con los que se intentaba poner al mando de la Procuración a cuatro funcionarios del Poder Ejecutivo que serían designados sin un procedimiento parlamentario y sin estabilidad. Fracasado ese proyecto se intentó poner como órgano de gobierno del Ministerio Público una comisión bicameral, nuevamente quedaba el ministerio publico sujeto a los devenires de la política, contrario a lo que dice la Constitución. Más adelante se generó a través de la comisión bicameral, cuya creación yo pedí porque es el área de control y seguimiento por excelencia del Ministerio Público Fiscal, una gran campaña mediática diciendo que había concursos y traslados irregulares. Se judicializó y fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo que dijo que los concursos que tramitaron mientras estuve en el cargo de procuradora fueron hechos de acuerdo a la ley y que los traslados estaban previstos en la ley orgánica y habían sido una práctica de todos los procuradores. 

–¿Qué haría si se firma un decreto para sacarla del cargo?  

–Sería un acto totalmente inválido. Si es necesario haría acciones judiciales. Habría además una fuerte reacción de los organismos internacionales. No puedo acatar un acto de esa invalidez. Expondría a los fiscales a que también fueran destituidos por decreto. O por qué no los miembros de la Corte. Yo no tengo vinculación con el kirchnerismo. Para ser designada procuradora fui examinada durante seis horas, televisadas, por los senadores, que votaron el 93 por ciento mi designación. Encontraron garantías de independencia porque fui quien impugnó la fusión entre Cablevision y Multicanal que aprobó el presidente Néstor Kirchner, porque denuncié el fraude en el concurso comercial Del Plata que se caratuló Banco Nación sobre estafa. La titular en ese momento era Felisa Miceli, ministra de Economía en el gobierno de Kirchner cuando yo hago la denuncia. 

Paralelismo con Venezuela

“Si usted se pone a pensar, existe un paralelismo entre lo que le está pasando a Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela, y lo que me está pasando a mí. Maduro pretende destituirla por un modo contrario a la constitución. Lo que me pasa a mí, que están procurando armar una puesta en escena para justificar una destitución por decreto. ¿Por qué la quiere destituir Maduro a Luisa Ortega? Por cumplir su rol constitucional. Ella ha denunciado violaciones a los derechos humanos”, explicó Gils Carbó. 

–¿Está comparando a Macri con Maduro? 

–Le estoy mostrando un paralelismo. Las conclusiones que las saque cada uno. En mi caso no soy ni opositora ni militante de ningún partido y realmente siento rechazo y desilusión cuando algún periodista me llama la enemiga o archienemiga del Gobierno. Es algo que se pretende instalar. Yo no soy ni enemiga ni opositora. Tengo que cumplir un rol que es defender los derechos fundamentales de las personas y la Constitución. Así lo he hecho cuando dictaminé en contra del tarifazo, cuando dictaminé en contra de la detención ilegal de Milagro Sala, cuando la Procuvin investiga la violencia policial, como la brutal represión a la marcha Ni Una Menos, o contra a la instalación de una carpa docente. 

Por qué quedarse  

“Lo ha dicho el propio Presidente. ¿Qué ha dicho en los inicios cuando pedía mi renuncia? ‘¿Quiero poner a un hombre de mi confianza’,  además tenía que ser varón. En un programa de Mirta Legrand dijo que yo estaba detrás de Correo, Avianca, Panama Papers. Es algo falaz, Panama Papers, por ejemplo, empezó con una denuncia en el exterior. Nadie puede pensar que los fiscales federales sean marionetas de la procuradora general”, sostuvo la Procuradora. 

Ante esta avanzada, la procuradora expuso las razones que la impulsan a quedarse: “¿A usted le parece que en un contexto de violencia hacia la justicia donde se pretende sacar a un procurador por decreto, para sacarlo por la ventana, usted se imagina el escándalo internacional al que se vería expuesta argentina, un escándalo que ya está instalado en los organismos internacionales por la detención ilegal de Milagro Sala? Imagínese si se suma una destitución por decreto al mejor estilo Nicolás Maduro. ¿Usted piensa que en ese contexto yo voy a dejar al ministerio público fiscal, a los fiscales, sin el respaldo que hoy tienen para investigar todas las causas? El Ministerio publico fiscal es un organismo de máxima importancia en el sistema de frenos y contrapesos que hace a un sistema republicano, lo que no se está tolerando es el ejercicio de ese rol”. 

La causa por el edificio

El fiscal Taiano pedirá la indagatoria de Gils Carbó por supuestas irregularidades en la compra del edifico de la Procuración que habría costado 43 millones de pesos mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, que actuó por intermedio de Juan Carlos Thill, a quien se habría pagado una comisión de 3 millones de pesos por la intervención en el trámite de su medio hermano, hombre del área de contrataciones de la Procuración, Guillermo Bellingi. Thill pidió ayer nulidades de todo en la causa. Taiano dirá que Gils Carbó cometió delitos como negociaciones incompatibles y abuso de autoridad.  

Ante esa acusación, Gils Carbó respondió: “El Estado, o sea el Ministerio Público Fiscal, no pagó comisiones. Fue una de las condiciones. Ya habían fracasado tres licitaciones por distintos motivos. Esta era la cuarta. Como Procuradora según las reglas de la administración pública podía haber hecho una venta directa. Todo el trámite lo hicieron funcionarios que hace veinte años que estaban en ese trabajo. Fue el precio más barato inferior a la tasación judicial. Participaron 25 funcionarios de distintas áreas, planificación, arquitectura, logística, el secretario general de administración, hubo dictámenes de jurídicos, auditoría interna, auditoría externa, no hubo posibilidad de que yo tuviera conocimiento del hecho que luego aparece en los medios. 

–¿Usted reconoce que hubo una irregularidad? 

–Sí, porque yo separé a un funcionario por estos hechos. Surgió en los medios que un medio hermano de este funcionario habría cobrado una comisión de tres millones de pesos por asesorar al oferente. La comisión la pagó inmobiliaria. Y no es un millón ni medio millón de dólares. Son 176 mil dólares. La mitad está en la cuenta de este señor y la otra es lo que debe investigarse, que es quién la cobró. Lo que se está intentando a través de estos casos es crear una sospecha de corrupción con el objetivo de justificar mi desplazamiento por medio de modos ilegales e inconstitucionales ya que no han tenido los votos ni las causales para el juicio político. 

Odebrecht 

El Gobierno dice que la investigación por las coimas de la constructora no avanza por culpa de Gils Carbó. Ella sostiene: “Me encuentro en la misma situación de un juez de la Corte: no puede intervenir en los casos de los jueces; yo no puedo intervenir en los caos de los fiscales. Hay cinco fiscales que investigan causas sobre Odebrecht y no les puedo dar instrucciones, puedo generar buenas condiciones para investigar. Así los he dotado de recursos y firmé con el procurador de Brasil, Rodrigo Janot, un convenio para la creación de un equipo de binacional de investigación, que llama la atención en el resto del mundo. Pero mucho más ajeno tiene que ser el Poder Ejecutivo, porque la Constitución dice que no puede injerir en causas judiciales. Sin embargo, el ministro Garavano se ha reunido con los abogados de Odebrecht anunciando una negociación. Yo quisiera saber qué es lo que les ha ofrecido. Es absolutamente ilegal que se siente con una parte, y en un contexto: están investigados no sólo funcionarios del gobierno anterior sino funcionarios del actual gobierno y personas allegadas al presidente de la República. El tema Odebrecht no es ajeno a mi intento de destitución. Poder tener un hombre de confianza al frente de la procuracion general sería una nueva vuelta de rosca para injerir en el caso.”