El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó este jueves a los cuatro integrantes de Revolución Federal. La decisión la tomó apenas dos días de que los integrantes del grupo violento de ultraderecha fueran excarcelados por la Cámara Federal porteña, íntimamente ligada al macrismo. Se trata del referente del grupo, Jonathan Morel, y los miembros Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile.
Los cuatro fueron procesados sin prisión preventiva, en virtud del reciente fallo de la Cámara, y cada uno sufrirá un embargo sobre sus bienes de 9 millones de pesos. El juez consideró que había “elementos probatorios suficientes” para encontrarlos responsables de formar una agrupación que buscaba “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
El delito por el que fueron procesados es el previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Revolución Federal y el atentado a CFK
De acuerdo al fallo, los integrantes de Revolución Federal tuvieron “por finalidad imponer sus ideas y combatir las ajenas, infundiendo temor en la población y obligando a autoridades públicas nacionales a abstenerse de salir a la calle en condiciones seguras, a cancelar conferencias de prensa por miedo de daño a futuro, o mostrarse en público junto a sus simpatizantes”.
El grupo Revolución Federal hace tiempo que está en la mira de los investigadores del atentado a Cristina Kirchner, que analizan sus vínculos con “la banda de los copitos” y también el extraño financiamiento recibido del Grupo Caputo, relacionado con el ex ministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri.
El fallo con el procesamiento no sostiene que la agrupación estuviera comprometida directamtne en la ejecución del atentado a CFK. Pero cita la cronología que había planteado inicialmente en la causa el fiscal Gerardo Pollicita, donde se señala que el accionar de la agrupación “desembocó en la instauración de un estado de alarma social en virtud del atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación”.
"Tanto por redes
sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones
tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a
la propagación del odio, principalmente contra autoridades públicas de la
actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos, constituyéndose
así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia
social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de
magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de
Kirchner, el pasado 1° de septiembre”, reconstruyó el juez Martínez de Giorgi.
La Cámara Federal que protege a Revolución Federal
Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dictaron el martes la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de Revolución Federal que en sus intercambios hablaban abiertamente de matar a CFK, que recibieron millonarios aportes de la familia Caputo –de íntima amistad con Mauricio Macri– y en cuyas pequeñas pero incendiarias actividades públicas participó Brenda Uliarte, partícipe central del intento de magnicidio.
Indignados por la resolución destinada a dificultar la investigación del atentado a CFK, el presidente Alberto Fernández, ministros y legisladores del Frente de Todos cuestionaron con dureza el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña. “Están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó con la vida de la vicepresidenta de la Nación”, afirmó el jefe de Estado. “Son operadores al servicio de lo peor de la política”, expresó el ministro de Justicia, Martín Soria.
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