Banderas de diferentes pueblos originarios vestían las mesas del Salón Blanco del Congreso de la Nación. Unos cuarenta representantes de comunidades indígenas, de todo el país, presentaban el Frente Indígena Plurinacional, de Argentina, ante diputados de movimientos sociales del Frente de Todos, y funcionarios nacionales. Las organizaciones indígenas propusieron abrir un diálogo regular, para atender las problemáticas “derivadas del racismo estructural” que domina la escena indígena, desde el marco institucional que aporta el recinto legislativo.

Este Frente no es un organismo oficial. Está gestionado plenamente por integrantes de pueblos originarios. Y la presentación, realizada ayer, buscó acercar posiciones para que se pueda “legislar con los pueblos indígenas” y no “para ellos”. Los asistentes hablaron en representación de sus pueblos, nucleados en agrupaciones como Matria, Llanka’j Maki, Red TICA (Territorios Indígenas de Conservacionistas, de alcance nacional), el Consejo Plurinacional de Trabajadores del Abya Yala (provincia de Buenos Aires), o representantes del Consejo de Participación Indígena, que trabaja con el INAI.

Buscan también, visibilizar un contexto de “sostenida violencia institucional” contra las comunidades, sostuvieron, en referencia a las problemáticas de tierras cuya hostilidad se evidenció en los últimos allanamientos a domicilios de mujeres mapuches en Bariloche. En ese contexto, resulta “estratégica” la alianza con los movimientos sociales --sostiene Gabriel Jofre, werkén del pueblo mapuche de Mendoza-- porque aporta representación política a un actor subsumido en la discriminación racial. 

Los funcionarios y diputados nacionales del Frente de Todos presentes en la reunión compartieron la necesidad de establecer una agenda común “donde se escuche, se debata y se legisle". “No se puede luchar por lo que no se conoce”, dijo la diputada Natalia Souto (Barrios de Pie). A su turno, Verónica Caliva (CCC) y Leonardo Grosso (Movimiento Evita) agradecieron la presentación y propusieron la continuidad de los encuentros. 

El armado de un frente “es una alegría, porque cada pasito que damos en nuestra organización es valioso”, compartió el presidente del Inaes, Alexandre Roig. “El modelo que agrupa a muchas banderas es el único viable en una Argentina que no es uniforme, sino una nación plural”, describió. Convocó “a unificar luchas del pueblo obrero y la clase trabajadora”, y sostuvo que “los derechos se constituyen sobre las deudas, cuando se asume las deudas, como ocurrió en Napalpí, donde se puso en evidencia la verdad”, en alusión al juicio de reparación histórica por la matanza realizada en el Chaco.

La participación de Roig, como la del vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Luis Pilquimán, o la de Ernesto Paillalef, director de Proyectos de la Secretaría de Economía Social que dirige Emilio Pérsico, junto a los legisladores, o a invitadas especiales como la investigadora Marta Aparicio (santiagueña residente en Alemania), le otorgó amparo institucional a la propuesta. Quizá la puerta a un diálogo que, desde el Estado nacional, no había podido concretarse desde el ya histórico --por su trascendencia-- juicio por Napalpí.

El antecedente

El Frente nació formalmente esta semana, durante un encuentro en Florencio Varela -el 1 y 2 de noviembre-, pero se constituye a partir un antecedente emblemático. Su origen se remonta al Chaco, y a la apertura de las audiencias del Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napaplí (1924), a mediados de abril. Allí se gestó lo que hoy se formaliza, con la intención de promover acciones vinculadas a la agenda legislativa que involucra a los pueblos indígenas: “Para que sea con los pueblos, y no para los pueblos indígenas que se legisla”, señaló uno de los jóvenes wichi presentes. “Queremos visibilizar en este contexto, el Congreso Nacional, la situación de emergencia que vivimos, por la violencia institucional que cae sobre nuestras comunidades”, expresó otro joven del pueblo Qom. 

La palabra fue rotando entre los asistentes, a modo de “asamblea”, describió luego, en diálogo con Página/12 Jofré, werkén y productor caprino, trashumante. “Esta presentación plantea la necesidad de trabajar con la agenda legislativa, entendiendo que el artículo 75 de la Constitución se refiere a las atribuciones del Congreso, y el artículo 17 reconoce los derechos indígenas, y la preexistencia, entre otras cosas de la posesión comunitaria de las tierras”, explicó. “Estar proponiendo esto en el Salón Blanco del cuerpo central de la Cámara de Diputados de la Nación, no solo es un hecho político sino también institucional de los pueblos indígenas”, señaló el werkén. 

La convocatoria fue motivada por dos premisas, retoma Jofré. Una es la necesidad de unificar la reivindicación histórica de las culturas preexistentes a Estado nacional, algo que se hizo evidente en Napalpí: “Ahí nos planteamos la necesidad conformar un frente donde unificar los reclamos”, explica. Esto lo sintetizó al inicio de la jornada: “Estamos aquí por el reconocimiento de los derechos y del lugar de todos los pueblos indígenas, en la agenda legislativa” vinculada esencialmente a educación, salud, y acceso a tierras aptas, detalló sobre el problema estructural que enfrentan las comunidades.

“Presentar el Frente en este espacio, permite visibilizar las temáticas más urgentes: el acceso a la vivienda, la salud, la educación, y contra la violencia y el racismo”, suma. Luego dedica “un párrafo especial al accionar del Poder Judicial: hubo mujeres detenidas y trasladadas, y tuvimos el nacimiento de un niño mapuche indígena, en cautiverio, un hecho dramático que no se veía hace mucho tiempo. Eso se denunció también acá”, afirmó Jofré.

Para el portavoz de las comunidades “el tercer eje de la cuestión, es la alianza estratégica con organizaciones sociales, que en muchos casos se vinculan a la urbanidad, pero también hay una diversidad de organizaciones que en los territorios articulan con las organizaciones indígenas”. Faltaba la articulación a nivel nacional, detalla. “Esto es histórico, porque en la urbanidad estas organizaciones contienen a la población indígena desplazada”. Y concluyó: “Esto es para nosotros lo más importante, poder llegar en una alianza con organizaciones sociales y políticas al Congreso, y plantear la necesidad de proyectar una representación indígena, como horizonte de posibilidad real para nuestras comunidades”.