La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires detectó una serie de irregularidades e inconsistencias en la ejecución de uno de los principales programas de asistencia habitacional para personas en situación de calle del Gobierno porteño. Se trata de "Asistencia a familias de Alta Vulnerabilidad", dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en el que la Auditoría encontró subejecuciones presupuestarias, áreas vacantes y falencias de control interno y de seguimiento de la población, entre otros puntos. Además, el informe revela que el 25 por ciento de las personas que reciben el subsidio habitacional deben recurrir a la Justicia para poder acceder a él.

Del programa “Asistencia a familias de Alta Vulnerabilidad Social” depende el "Subsidio Habitacional 690", el principal plan del Ministerio a cargo de María Migliore para la población en situación de calle. Se trata de un subsidio que funciona como un fortalecimiento transitorio al ingreso familiar, destinado exclusivamente a cubrir gastos de alojamiento para las personas en situación de calle. El informe de la Auditoría muestra en esa área diversos problemas presupuestarios, como subejecuciones o desvíos de fondos entre sectores sin dar a conocer su destino final. 

Entre otros puntos, el informe marca que, durante el año 2020, en el programa se realizaron 25 modificaciones presupuestarias y 18 de ellas, el 72 por ciento, "fueron aprobadas por decreto y no se publicaron en el Boletín Oficial". "Además, no se tuvo acceso a los correspondientes actos administrativos probatorios de requerimiento de modificación presupuestaria", agrega el informe. 

La subejecución se tradujo en problemas concretos, específicamente en el seguimiento de las familias en situación de calle. "Tan grande es el abandono de las familias que el informe muestra como durante el año 2020 las Direcciones del área estuvieron largo tiempo vacantes, no se creó el equipo profesional que manda la Ley 3.706 del 2010 para realizar evaluación de las familias y mucho menos un equipo de seguimiento” sostuvo el auditor general por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz.

Según precisa el informe, que no se haya creado ese equipo de seguimiento tuvo diversas consecuencias: la ausencia de evaluaciones técnicas del Programa y la falta de actualización de las llamadas "fichas socioambientales" que consignan datos demográficos, sociolaborales, sanitarios y educativos de las personas. De esto último se desprende que el Programa no cuenta con datos propios al momento decidir, por ejemplo, la renovación o no de los subsidios. 

Además, la Auditoría advirtió que el programa "no permite precisar la cantidad de subsidios solicitados". "El Programa no cuenta con estadísticas ni indicadores sobre composición del hogar y cantidad de miembros que lo componen ni tampoco sobre las condiciones del establecimiento hotelero o vivienda que alquilan", agregan los y las auditoras en el informe. 

Actualmente, el subsidio 690 está compuesto por poco más de 20 mil pesos mensuales o un pago único de casi 244 mil. Teszkiewicz afirmó en este sentido que, más allá de las irregularidades detectadas, el monto abonado no alcanza para solucionar el problema habitacional de las familias, ya que, en promedio, una habitación con baño y cocina compartida ronda los 40 mil pesos mensuales. 

"Asistir a una persona o familia en situación de calle, otorgando montos que no alcanzan para el fin que están planteados demuestra que Rodríguez Larreta y María Migliore no quieren resolver el problema ni acompañar a las familias, mientras gastan fortunas en la publicidad de una supuesta integración que ellos mismos hacen imposible”, aseguró el auditor del FdT, quien agregó además que para obtener los subsidios las familias tienen que pasar por "trámites y requisitos burocráticos de casi imposible cumplimiento, como los presupuestos del hotel en documento membretado”. 

El paso por la Justicia también es otro de los obstáculos con el que se topan las familias. El informe detectó que 4.353 subsidios, el 25 por ciento de los otorgados en 2020, se tramitaron judicialmente por interposición de un amparo. "Es escandaloso que quienes están atravesando una situación tan terrible como ser desalojados de su vivienda y terminar en situación de calle, deban recurrir a la justicia para que se apliquen políticas públicas establecidas por ley y que deberían alcanzar a todes", alertó Teszkiewicz, quien concluyó que "este informe de Auditoría deja al descubierto que la única política de Larreta y Migliore para las familias en situación de calle es el abandono".