La película "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, muestra en una de sus escenas el aeropuerto de Salta, Martín Miguel de Güemes. Esa toma se suma al breve recorrido que se hace por diversos paisajes de la provincia y otras jurisdicciones, y que tenía como objetivo mostrar que lo realizado durante el terrorismo de Estado, iniciado el 24 de marzo de 1976, fue un plan sistemático que se desarrolló en todo el país.
Efectivamente, desde la provincia de Salta se sumaron testimonios a los escuchados entre abril y octubre de 1985, en la Sala I de la Cámara Federal, cuando se dio inicio al Juicio a las Juntas Militares, que integró el genocida Jorge Rafael Videla. Entre los 830 testigos que se presentaron estuvo Nora Beatriz Leonard, ex presa política que viajó desde Salta el 2 de agosto de 1985 y fue de las primeras en declarar.
"Su testimonio fue clave para dar a conocer lo que sucedió en Salta durante el terrorismo de Estado", se lee en las placas de presentación del corto documental realizado por Florencia Arias Bustamante en conjunto con HIJOS Salta. Nora contó que se trató de una experiencia muy fuerte para ella.
Para dar su declaración se trasladó a Buenos Aires con un estado avanzado de embarazo. "Viajé con un poncho rojo porque estaba prohibido viajar así, entonces el poncho rojo me tapaba toda la panza", relató.
Su testimonio no sólo sumó a la evidencia del plan sistemático que pretendía mostrar el fiscal Julio César Strassera, sino que permitió reconstruir los hechos ocurridos el 6 de julio de 1976, en la Masacre de Palomitas, en la que once detenidos en la cárcel de Villa Las Rosas, ubicada en la ciudad de Salta, fueron fusilados en el paraje Palomitas, a unos 60 kilómetros al sur de la capital provincial.
Entre los asesinados estaban su hermana Celia Leonard y su cuñado Leonardo Ávila, quienes fueron sacados del penal bajo las órdenes del ex policía federal y entonces teniente del Servicio Penitenciario de Salta Juan Carlos Alzugaray. Nora estuvo tres años presa llegando a compartir el pabellón con su hermana, aunque luego fueron separadas. No obstante, en el testimonio que brindó en el Juicio a las Juntas, contó que vio cómo fueron sacados Celia y Leonardo desde el penal.
Declaró que en la noche que sacaron a los detenidos que iban a fusilar en el falso traslado, su hermana estaba amamantando a su bebita de cuatro meses, que había nacido mientras ella estaba en cautiverio. La beba después fue dejada bajo custodia de otra de sus hermanas. Nora contó que pudo "apreciar un movimiento inusual en el establecimiento penitenciario, que consistía en que se apagaron las luces del penal, así como la presencia de muchos militares para participar en el traslado".
En la Masacre de Palomitas también fueron fusilados Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen “Chicha” Alonso, María Amarú Luque de Usinger, Rodolfo Usinger, Roberto Oglietti, José Víctor Povolo, Alberto Simón Savransky y Pablo Eliseo Outes.
En el juicio a las Juntas Nora lanzó la afirmación: "No puedo ser amiga de los asesinos de mi familia", frase que paralizó a Strassera y al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo. "Ví que la cara de Strassera se transfiguraba y la de Moreno Ocampo también, pero entonces dije: 'eso no implica que mi testimonio sea parcial'", relató en la pieza audiovisual. Afirmó que estaba "absolutamente" probada la manera en cómo se había realizado la "tarea" que concluyó en la masacre.
"Esto para mí no fue una operación de guerra, sino un múltiple homicidio", manifestó.
Para Nora, una de las cosas más relevantes que sucedían alrededor del juicio era "la publicidad de los hechos". Las personas estaban muy atentas a los testimonios, que salían casi transcriptos en los diarios de la época. "Era espeluznante las cosas que se leían y muchísima gente argentina no sabía lo que pasaba", recordó.
Destacó que se debe tener en cuenta que en ese año aún los militares gozaban de "muchísimo poder". En ese sentido, se acordó de la figura del teniente coronel (f) Carlos Mulhall, que como máximo jefe militar en la provincia fue también responsable de la Masacre de Palomitas, que en 1985 dijo que se sentía orgulloso del papel que desempeñaron los militares e integrantes de fuerzas de seguridad que estaban bajo sus órdenes. "Esa actitud de soberbia lo podía hacer en ese momento, pero no pasó lo mismo cuando tuvo que enfrentar el juicio en Salta. Ahí no decía una palabra", sostuvo Leonard, quien integra la organización de derechos humanos Lucrecia Barquet.
Dijo que esperó durante mucho tiempo poder dar su testimonio en el juicio. Y por, a pesar de que estaba en la etapa final de su embarazo, las ganas de declarar la mantenían con energías. Incluso, le pidió a Strassera que le permitiera dar su testimonio en primer lugar porque ya tenía fecha de parto.
"Cuando declaré los defensores de los militares me trataban muy mal, me decían cosas fuertes, pero estaba tan convencida", pues recordaba que tanto su hermana como su cuñado eran personas sensibles que luchaban por el pueblo "y a ellos les dolía el dolor del pueblo". Tras dar su testimonio en 1985, contó que su familia se mostró orgullosa por lo que había hecho, y de regreso en Salta "la gente me paraba en la calle, me felicitaban, quería que les cuente cómo era el juicio".
Una vigilia por la ley
La Mesa de Derechos Humanos de Salta convocó a una vigilia pidiendo la media sanción del proyecto de ley de Memoria, Verdad y Justicia. A partir de las 16, se reunirán en la plaza frente a la Legislatura, donde habrá una serie de actividades: radio abierta, una intervención de estudiantes del Bachillerato Artístico Tomás Cabrera y la proyección de la película Argentina,1985.
"Te invitamos a sumarte con tu arte, tu presencia y tu compromiso", invitó la Mesa. La iniciativa legislativa surgió de la Mesa de Derechos Humanos y la Asociación Miguel Ragone y fue presentada públicamente el 12 de octubre. Con ella se pretende impulsar políticas públicas de memoria sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo estatal, con el objetivo de promover una cultura de respeto por los derechos humanos y la democracia.
Recientemente, la Universidad Nacional de Salta aprobó adhirió al proyecto de ley, que tomó estado parlamentario el 27 de septiembre en la Cámara de Diputados de la provincia. Antes ya se había manifestado el Comité para la Prevención de la Tortura de Salta, que pidió "su urgente tratamiento y aprobación en el curso del presente periodo legislativo".
A 46 años del último golpe de Estado, "consideramos que es imperioso y necesario que existan instituciones democráticas que resguarden los documentos y la memoria de esos hechos aberrantes para que todos/as los/as ciudadanos/as gocen del derecho a acceder a la información desde su fuente", añadió el Comité.
También se pronunció a favor de la iniciativa la delegación Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Aseguró que con ella se "impulsan políticas públicas de Memoria sobre las graves violaciones cometidas por el terrorismo estatal, con el objetivo de promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos y la Democracia".
