Con menos dinero del que el Estado se pierde de recaudar por la exención del impuesto a las Ganancias a jueces y juezas --un privilegio vergonzoso-- se podría implementar de forma completa la ampliación de licencias por nacimiento y adopción, incluyendo a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, como establece el proyecto de Ley “Cuidar en Igualdad”, enviado por el Gobierno en mayo a la Cámara de Diputados, y que todavía no se trató. La propuesta aumenta la licencia por maternidad de 90 a 126 días corridos y de dos a 90 días la de progenitores no gestantes, adecuándolas a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La ampliación de licencias significaría para el Estado un 0,14 por ciento del PBI, mientras que la exención de Ganancias a magistradxs y funcionarixs judiciales le cuesta 0,16 por ciento del PBI.

El dato surge del informe “¿Por qué Argentina necesita un sistema nacional integral de cuidados?”, elaborado por Unicef y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y se comentó en los pasillos de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer que finalizó el viernes en Buenos Aires y en la que los países participantes se comprometieron a “adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado a través de la implementación de políticas y sistemas integrales de cuidado desde las perspectivas de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos”, un logro de la diplomacia feminista.

Desde el martes, el Gobierno argentino fue anfitrión de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer, --la mayor cumbre intergubernamental que define una agenda de igualdad y género para América Latina y el Caribe-- y que este año tuvo eje en “los cuidados”, pero la delegación oficial no pudo presentar la sanción del proyecto de la ley “Cuidar en Igualdad” como esperaba.

“Estamos muy a favor del proyecto presentado por el Gobierno argentino y esperamos que avance su debate parlamentario”, dijo a Página 12 Cecilia Alemany directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, representante de organismo de Argentina.

El proyecto empezará a debatirse en la Cámara de Diputados, con audiencias informativas donde expondrán expertxs, a partir del 24 de noviembre, según anunció la diputada oficialista Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara baja en el Foro de Parlamentarias que se celebró entre lunes y martes con legisladoras de la región.

La demora en el tratamiento tiene que ver con discusiones al interior del bloque del Frente de Todos pero también con el lobby en contra de cámaras empresarias como la Unión Industrial Argentina, que no quiere que los varones --que sean padres-- puedan llegar a tomarse hasta tres meses de licencia por nacimiento. Las mujeres solo representan el 20,7% del empleo industrial formal. El proyecto, que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, establece un aumento gradual de las licencias para progenitores no gestantes que pasarían de 2 a 15 días desde la sanción y a 30 a los dos años, a 45 a los cuatro, a 60 a los seis y finalmente a 90 días a los ocho años. El costo de las nuevas licencias lo asume la seguridad social, por lo que no implica una carga para lxs empleadorxs.

Pero ese no es el único eje del proyecto: también incorpora en el Plan Médico Obligatorio a cuidadorxs domiciliarios --para personas adultas mayores que así lo requieran, según su situación de dependencia personal--, apunta a ampliar la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados destinando para eso el 8,5 por ciento del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y prevé transferir recursos para pagarles salarios a cuidadoras comunitarias, aquellas mujeres sobre todo de sectores empobrecidos que hacen esa tarea en sus barrios sin recibir paga a cambio.

¿Qué dejó la XV Conferencia Regional sobre la Mujer?

Organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) con apoyo de ONU Mujeres y otros organismos de la ONU, la XV Conferencia recibió a las máximas autoridades de género de América Latina y el Caribe y tuvo como eje convocante “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación”. ¿Por qué este tema? Con la profundización de las desigualdades estructurales y de la crisis económica en la región durante la pandemia de covid-19, la Cepal propuso para revertirlas que el trabajo de cuidados --de niñeces, adultos mayores dependientes, de personas con discapacidad-- que hoy mayoritariamente realizan mujeres y no es remunerado y les quita tiempo para ingresar al mercado laboral, formarse o disponer de tiempo libre, de ocio, se convierta en un trabajo remunerado, de calidad, con exigencias de capacitación. En Argentina las mujeres dedican casi 7 horas diarias, el doble que los varones, según la Encuesta de Uso del Tiempo del INDEC.

Para tomar dimensión del impacto de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas hay que recordar que es el sector que más aporta a la economía nacional: representa 15,9% del PBI, seguido por la Industria (13,2%) y el Comercio (13%).

Un círculo virtuoso

Alemany destacó los cinco componentes básicos de los sistemas integrales de cuidado: creación y ampliación de servicios, regulación de los servicios y de las condiciones laborales, formación de las personas que cuidan, gestión de la información y del conocimiento, y comunicación para promover el cambio cultural. “Invertir en sistemas de cuidado genera un círculo virtuoso. Es una inversión inteligente y sostenible”, explicó.

En diferentes paneles que se hicieron durante la cumbre regional se puso el énfasis en que ese “círculo virtuoso”: Se crea empleo formal --que genera ingresos impositivos--, y esa profesionalización de los cuidados permite que sean de mejor calidad, y a la vez hay una liberación de tiempo de las mujeres, que podrán terminar sus estudios secundarios, ir a la universidad, por ejemplo, y romper con el círculo de la pobreza y también disfrutar de tiempo libre, un bien escaso para muchas.

De eso, en una síntesis bien apretada, se habló en los cuatro días que duró la XV Conferencia, con experiencias, evaluación de costos fiscales, impacto en las economías y sobre todo en la vida de las mujeres y personas que cuidan y necesitan ser cuidadas. Se presentaron una serie de publicaciones con investigaciones y datos precisos para que los Estados tengan insumos para avanzar con legislaciones y políticas públicas.

Uruguay es el gran ejemplo en la región porque aprobó en 2015 una ley para la creación de un sistema integral de cuidados y la viene implementando.

De acuerdo con los cálculos de la Cepal, en la región las mujeres dedican un 19,6 por ciento de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado mientras que los hombres apenas un 7,3 por ciento. Es decir, las mujeres dedican a estas actividades casi el triple del tiempo que ellos.

¿Qué acordaron los países?

Como en cada Conferencia Regional sobre la Mujer de la Cepal, los países participantes acordaron un documento final, el Compromiso de Buenos Aires, con 54 puntos. Fue clave para llegar al texto consensuado el rol de Marita Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de Mujeres, elegida para presidir las negociaciones. “Esta declaración política es muy importante porque no solo toma la perspectiva de los cuidados desde una manera integral, que es el reconocimiento de un derecho y que es trabajo, pero también incorpora otros temas como la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, las desigualdades estructurales en general, y también las interseccionalidades, la multiculturalidad, y un cambio muy significativo en el lenguaje porque incluye a las mujeres en toda su diversidad pero también a personas LGTBQ+ --un colectivo que no estaba nombrado hasta ahora en los compromisos de las conferencias regionales--. Deja una herramienta contundente. El desafío es cómo eso se traduce luego en políticas públicas. Pero es importante para las disputas por las distribuciones de riqueza en cada comunidad y cada país, y eso es lo que nos toca en Argentina y en nuestra provincia”, destacó en diálogo con Página 12 la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

En el Compromiso de Buenos Aires se reconoce “el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado”.

Una innovación es que incluye la articulación de la agenda de cuidados con reconocimiento de las personas con discapacidad a contar con los apoyos necesarios para desarrollar su vida de forma autónoma y poder brindar y recibir cuidados respetando sus decisiones, reconociéndoles el carácter de sujetos activos en el cuidado y no como receptores pasivos.

“Avanza, además, al señalar la necesidad de encarar los procesos de reestructuración de deuda respetando los derechos humanos y con enfoque de género. Innova al propiciar pactos fiscales feministas y una decidida acción contra la evasión y la elusión. Avanza también al enfatizar que la respuesta a esta “crisis existencial” generada por el neoliberalismo financiero no se resuelve con políticas cosméticas remediales, sino asumiendo un cambio civilizatorio que ponga a las personas y al planeta en el centro de las decisiones y comprende que la sociedad del cuidado es una sociedad igualitaria, libre y con justicia económica, social, ambiental y de género”, destacó Perceval en diálogo con Página 12.

“Es muy interesante el modo en que este documento enfatiza el elemento económico dinamizador de la inversión en los cuidados: promueve el desarrollo de infraestructura, el empleo y multiplica el bienestar de las generaciones presentes y futuras. El Compromiso es un acuerdo político fuerte, sólido, anclado en las obligaciones ya acordadas por la comunidad internacional y que nos da al interior de todos los países las herramientas para avanzar en la exigibilidad de respuestas de políticas públicas fundamentales”, dijo a Página 12, Delfina Schenone Sienra, directora Área Políticas de ELA, quien participó del Foro Feminista y también en la XV Conferencia.

Según datos de la Cepal, aproximadamente un 60 por ciento de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declara no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades familiares, mientras que en hogares sin presencia de niños y niñas del mismo tramo de edad esta cifra se ubica en el 18 por ciento. Las mujeres de entre 20 y 59 años en hogares con presencia de niños o niñas menores de 5 años son quienes antes de la pandemia presentaban las menores tasas de ocupación y quienes, al mismo tiempo, registran los mayores descensos en los niveles de ocupación como consecuencia de la crisis. El Compromiso de Buenos Aires marca un camino claro hacia donde ir para revertir esta situación injusta. La Cepal estima que cerrar las brechas género de participación laboral podría incrementar el PBI en 6,9 puntos porcentuales entre 2016 y 2030 en la región.