El último jueves se presentó el Primer Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina (IASSAA 2022), realizado por la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines (Red CALISAS). Allí se facilitaron diversos indicadores para saber cuál es el estado de situación de la soberanía alimentaria en el país. El informe implicó un trabajo conjunto con organizaciones de la comunidad, por medio de una encuesta nacional y seis foros regionales en CABA-AMBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia. 

En el caso particular de la región NOA, tanto la encuesta como el foro en el NOA, se llevaron adelante desde la Cátedra Abierta de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, y de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, contando con la colaboración de integrantes del Equipo de Ecología Política de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y del INTA Catamarca.

En el NOA, la encuesta obtuvo 28 respuestas de organizaciones, mientras que se recogieron 30 respuestas de productores. El foro tuvo lugar el 12 de agosto de este año en la Universidad Nacional de Salta, con modalidad presencial y virtual. En su mayoría, el intercambio estuvo protagonizado por organizaciones campesinas e indígenas de las provincias de Salta y Jujuy.

Entre las problemáticas que se trataron se destacó el intercambio que se generó en el eje defensa del territorio y arraigo cultural. De allí surgió como cuestión central el acceso a la tierra, el territorio y al agua segura para garantizar soberanía alimentaria, y se diferenció la noción de tierra y de territorio, además de plantear "la necesidad de discutir los derechos de uso y propiedad". 

"Se acordó que la disponibilidad de estos bienes comunes resultan indispensables para construir soberanía alimentaria", se afirma en el informe, en referencia sobre todo a la lucha de los pueblos originarios en procura de obtener la titularidad de sus tierras, y en ese sentido se dialogó particularmente sobre las estrategias de lucha y "se expresó la preocupación por la criminalización de la protesta". 

Eln el informe se advierte que "resulta clave" avanzar en los trámites de personería jurídica, conocer y utilizar las herramientas del derecho en relación a los pueblos originarios y las comunidades campesinas. En esa línea, se subrayó que "la tenencia precaria de la tierra obstaculiza también la posibilidad de acceder a servicios esenciales como el agua". 

Y es que del análisis de la región del NOA se evidenció que "el acceso al agua segura surge como una problemática específica en relación a la contaminación" por "parte de empresas, perjudicando directamente el agua que utiliza el sector campesino para el consumo y la producción". También aparecieron las problemáticas en relación al precio de los arriendos, como los limitantes en la disponibilidad de tierras para construir huertas comunitarias en ámbitos urbanos.

Asimismo, las organizaciones expresaron su preocupación por la instalación de empresas mineras de litio y la falta de información sobre el impacto ambiental que podrían generar. Particularmente, cuestionaron el discurso hegemónico (en los medios masivos de comunicación y desde los gobiernos provinciales y nacionales), sobre los supuestos beneficios en relación al trabajo y la riqueza que la explotación de este mineral puede traer, especialmente en Salta y Jujuy. 

En la misma línea, mostraron el descontento hacia los gobiernos que otorgan "libre uso de agua a las empresas mineras, lo que contrasta con la falta de obras públicas para mejorar el acceso a la población que produce alimentos". En ese sentido, en el informe se señaló que las universidades deberían ser un espacio de discusión crítica sobre este tema. 

Esta consideración también se debió a que se reconoció como problemática el uso de agrotóxicos, particularmente en los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población, "a partir del aumento de casos de cáncer en ciertas zonas expuestas al uso de agrotóxicos". 

Otros temas que surgieron en el intercambio fueron "la ausencia de políticas públicas en ámbitos rurales", como el mantenimiento o mejoramiento de caminos, o ausencia de atención sanitaria permanente. "Todas estas cuestiones son centrales para abordar la posibilidad de vivir dignamente en el campo para asegurar la disponibilidad de alimentos en el ámbito regional", se señaló.

En el informe también se afirma que la defensa de la tierra y el territorio “es a partir de ocuparla y trabajarla”, tal como lo expresaron quienes participaron en el foro. En ese marco, desde el NOA se propuso generar espacios que permitan dar a conocer experiencias de lucha y de organizaciones de más larga data; capacitar a las organizaciones en el marco jurídico vinculado a la defensa del territorio; promover la educación intercultural y visibilizar los saberes ancestrales de comunidades indígenas y campesinas. 

También se consideró la posibilidad de fomentar acciones que permitan avanzar en la propuesta de la vuelta al campo y el arraigo rural. Mientras que, en cuanto a los temas transversales a las problemáticas de territorio y arraigo rural, se sugirió fortalecer ferias y huertas comunitarias, articular con las escuelas técnicas de la comunidad y también con las áreas del gobierno local, visibilizar el rol de las mujeres como guardianas del territorio, abordar la salud de manera integral, incorporando el enfoque de la soberanía alimentaria y fortalecer espacios de acuerdo en relación al acceso al agua. 

A su vez, el informe general establece que se debe instrumentar un Banco de Tierras para la producción agroecológica y desarrollar acciones para una Reforma Agraria Integral.

Sistemas productivos soberanos

Otro de los aspectos trabajados en el NOA fue la discusión en torno a los sistemas productivos de la agricultura familiar, campesina e indígena. Casi de inmediato surgió que la problemática principal para el desarrollo de los cultivos y la crianza de los animales es el desigual acceso al agua. 

A ello se sumó la contaminación del agua natural, causada por una importante presencia de arsénico en varias de sus fuentes. Un caso puntual es la situación de la localidad de San Carlos, en Salta. "Fue una preocupación que se expuso de forma generalizada", se precisa en el informe. 

Las organizaciones también plantearon la necesidad de una red que permita conseguir animales y alimentos para los animales, y también una red de información que favorezca el acceso y la construcción de precios justos. Asimismo, mencionaron las dificultades derivadas de las restricciones y controles sanitarios (por parte de SENASA y Gendarmería) junto a "la falta de infraestructura para la producción agrícola y ganadera orientada especialmente a la agricultura familiar", debido a que se denunció la ausencia de mataderos habilitados para faenar o las precarias condiciones para el transporte de la producción. 

En el informe se sostiene que "en relación al acceso a los mercados, también se evidenció el rol de lxs intermediarixs y la baja capacidad de negociar los precios con éstxs por parte de lxs productorxs". En otra instancia, se visualizaron las dificultades vinculadas a la recuperación o pervivencia del conocimiento experiencial y ancestral y la transmisión de los saberes hacia las jóvenes generaciones. Por ejemplo, se mencionó la gran cantidad de plantas medicinales cuyo uso sólo permanece en la memoria de lxs ancianxs. 

Dentro del intercambio entre las organizaciones, emergió "con fuerza" la necesidad del acceso a políticas públicas por parte de la agricultura familiar, campesino e indígena, ya que se manifestó que herramientas como la Ley de Bosques "no son prácticamente accesibles porque requiere de la titularidad de las tierras". Además de que implican la elaboración de planes de conservación, de manejo sustentable o bien de cambio de uso del suelo. 

"La realización de estos planes necesita de un saber técnico para la confección de diagnósticos, líneas de base, relevamiento de especies, georreferenciamiento, por lo que si las comunidades o productorxs no se encuentran asesorados por alguna ONG o institución del Estado, difícilmente puedan presentar un plan o pedido de fondos compensatorios en el marco de la Ley de Bosques", se subrayó en el análisis. 

En ese sentido, se propusieron varias líneas de acción, como la conformación de una junta de gestión de agua, para lograr un uso racional de este recurso o atender y dar seguimiento al mantenimiento de acequias. También se habló de vincular las ayudas sociales con la producción de alimentos procedentes de la agricultura familiar; de recuperar el valor de la semilla nativa y criolla, y de construir una red de contactos para favorecer procesos organizativos entre productores/ as y entre organizaciones. 

Camino a la comercialización

En cuanto a la comercialización de los alimentos, los productos elaborados y las artesanías, se destacó que las familias producen para el autosustento. Mientras que, cuando existen excedentes, "se presentan problemas para la venta por la falta de canales de comercialización y con ello se pierde la posibilidad de que ingrese dinero a las familias para conseguir bienes que no se producen hacia adentro del sistema". 

En ese sentido, se reconoció que la agroecología es el camino para producir, no obstante se identificaron limitantes para ello, como la falta de acceso a la tierra, al transporte para llegar con los productos a los lugares de comercialización (principalmente de territorios más alejados), a sistemas de comercialización para productos agroecológicos, falta de información orientada a lxs consumidores. Además de la ausencia de normativas que acompañen la producción agroecológica. 

A su vez, se planteó la urgencia de infraestructura para dar valor agregado a los productos, no solo para mejorar los precios sino también para prolongar su duración. Las organizaciones hicieron referencia a la existencia de competencia desleal en las zonas de frontera, donde ingresan productos más baratos, teniendo una igual situación con los productos industriales. 

"El problema es que lxs productores no tienen las herramientas para negociar los precios, por esta razón son los intermediarios quienes “ponen” el precio, siempre tendientes a la baja", se resaltó. 

En ese sentido, se propuso la creación de canales directos, sin intermediarios. A modo de ejemplo, se mencionó la posibilidad de crear tiendas/mercados virtuales, lo que también implicaría el dictado de capacitaciones y ayuda económica para sostener las plataformas. 

La realización del foro recibió el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y las secretarías de Agricultura Familiar, Campesina Indígena de Salta y Jujuy. Además, el foro fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputadxs de Salta. 

En la modalidad presencial participaron 55 referentes de organizaciones entre las que se encontraban la Red Puna y Quebrada, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra, el MNCI - CLOC/La Vía Campesina, el Frente Nacional Campesino (FNC), la Feria de Productores de Tartagal, la Cooperativa Embarcación, la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal (AMRAF), la Asamblea Socio Ambiental y el Consejo Wichí. Mientras que, en la modalidad virtual participaron 13 referentes de organizaciones e instituciones, como el Consejo Chané Guaraní (Salta) y la Mesa interétnica.