“Jujuy vive una sucesión inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas”, concluye un reciente informe elaborado por referentes de derechos humanos y legisladores nacionales y provinciales sobre “las violaciones a las libertades democráticas” en el territorio gobernado por el radical Gerardo Morales. La comisión que elaboró el informe trabajó sobre denuncias de ciudadanos y organizaciones sociales y sindicales jujeñas que “permiten constatar” la “situación represiva y de violación a las libertades democráticas” que transita esa provincia. Los testimonios certifican casos de persecución sindical, política, por causas sociales, raciales o ambientales, así como también revelan casos de gatillo fácil y torturas en comisaría. La comisión decidió difundir lo visto y oído con una alerta destinada al resto del territorio argentino: “El gobierno de Morales busca transformar a Jujuy en la capital nacional de la represión y la impunidad. Un laboratorio que, si triunfa, intentarán trasladar a nivel nacional”.
Una veintena de referentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, diputados y diputadas, nacionales y de Jujuy, de diferentes colores políticos se reunieron los primeros días del mes pasado en la capital provincial para escuchar qué tenían para decir los militantes perseguidos, los trabajadores despedidos y suspendidos, los jóvenes maltratados y estigmatizados. Hubo referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre y de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. También asistieron trabajadores del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre - La Matanza y de Justicia Ya!; de Madres y Familiares de Ex Detenidos de Jujuy, del colectivo de Ex Detenidos de Ledesma y de Ex Presos de Libertador San Martín. Participaron algunos de los abogados de Milagro Sala, diputadas y legisladores del Frente de Izquierda nacional, local y neuquino; del Frente para la Victoria y del Peronismo para la Victoria, así como también del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular jujeño –aquel que integra la Tupac–.
“Es significativo que nos hayamos juntado alrededor de un reclamo, más allá de las diferencias. Demuestra que es justo, que estamos hablamos de violaciones a los derechos humanos graves”, remarcó Myriam Bregman, diputada por el FIT. “Se trata de una negación del Estado de derecho enorme”, continuó Araceli Ferreyra, colega del Peronismo para la Victoria. Es que, desde que Milagro Sala fue detenida, en enero pasado, cada uno por su lado, comenzó a enterarse de historias “graves”: despidos, extorsiones, ataques directos de las fuerzas de seguridad, suspensiones, amenazas. “Muchísimas, porque el caso de Sala era el más conocido, pero desde entonces lo que se desató en Jujuy fue una verdadera cacería de opositores, de luchadores, de todo aquel que insistiera en contra de la impunidad. Morales no dejó un solo sector libre de persecución”, puntualizó la diputada del FIT.
Entonces, decidieron organizar un encuentro que sirviera de zona de exclusión a las víctimas de ese coto de caza. “Fue mucha la gente que se animó a acercarse”, detalló la diputada. La Gendarmería recibió a algunos participantes del encuentro, como a la diputada Ferreyra y al diputado provincial neuquino Raúl Godoy, con intensas y “sospechosas” revisiones de los remises que los trasladaron desde el aeropuerto hasta el hotel. Infantería “merodeó durante todo el día” el lugar en donde estuvieron reunidos que, semanas atrás se supo fue “espiado” por los servicios de inteligencia. Al día de hoy, tanto participantes como denunciantes siguen recibiendo amenazas: antes de ayer, la militante jujeña del PTS Natalia Morales recibió un mensaje de Whatsapp anónimo en el que le advertían que “la policía de Jujuy” la seguía y que era considerada por “el servicio de inteligencia que responde a (el gobernador, Gerardo) Morales” como “la nueva Milagro Sala”. Ella fue una de las extrabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar que denunció en el encuentro persecución sindical.
En busca de repudio
El objetivo del informe es que los hechos que lo integran “puedan ser lo suficientemente difundidos y conocidos para generar el necesario y urgente repudio”. “La comisión de derechos humanos de Diputados debe tomar cartas en el asunto”, entendió Ferreyra, quien deslizó que entre el abanico de posibilidades para “revertir” la situación que se imaginan existen el juicio político y la intervención de la provincia. “No hay antecedentes en 30 años de democracia de las persecuciones que está llevando a cabo Morales”, evaluó.
“Es peligroso ver la foto que significa Jujuy”, postuló Bregman en referencia al entramado de alianzas políticas: “Es un gobierno provincial amparado por el nacional, por el presidente Mauricio Macri, integrado por un gobernador radical y un vicegobernador que viene del espacio de Sergio Massa. Es una unidad de tres espacios políticos decididos a avanzar en contra de los trabajadores y luchadores”.
Situación inédita
Los referentes de derechos humanos y legisladores detectaron que “la situación inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas” comenzó con la detención de Sala y de otra decena de integrantes de la Tupac Amaru y está “enmarcada” en la ampliación del Tribunal Superior de Justicia donde fueron nombrados como jueces activos “militantes del radicalismo que hicieron su propia y escandalosa reforma para poder asumir”. Con esa mayoría propia en la máxima autoridad judicial de la provincia “iniciaron una cacería de brujas para demonizar cualquier reclamo obrero y popular, dejando además vía libre a las patronales y al propio gobierno en los planes de ajuste y despidos”, denuncian en el documento. Ejemplifican: despidos y cesantías en la secretaría de Agricultura Familiar y en el sector de educación pública; despidos y suspensiones en empresas de acero e ingenios azucareros; detención de comisiones internas sindicales, represión a trabajadores. Además, denunciaron la aplicación del Código Contravencional aprobado durante la anterior gestión provincial “que criminaliza a la juventud, la pobreza y la protesta y otorga superpoderes a la Policía”.
En el informe figuran transcriptos –en la mayoría de los casos, con los nombres cambiados “por seguridad de los denunciantes”– los testimonios recibidos durante el encuentro. Estos son algunos fragmentos de lo que declararon ante la comisión:
- Persecución política. “Soy del Partido Comunista. Mi compañero Juan Nieva de la organización Marina Vilte me pasa a buscar por mi casa (en una camioneta). Me dice ‘se me hace que ese auto blanco que está atrás (VW blanco) nos viene siguiendo desde tu casa’. ‘A ver, da la vuelta en U’, le digo, y damos la vuelta en U, y el auto da detrás de nosotros la vuelta en U. Frenamos el auto, y el otro frena. Era un VW blanco, todo polarizado. Tomamos por la Ruta 9, y había un control vehicular. Entonces le digo a mi compañero: ‘Pará al costado y avisale a los policías que ese auto nos esta siguiendo’. Cuando paramos al costado y yo me bajo para hablar con estos policías, el auto blanco se para, y bajan dos personas corriendo, y vienen hacia mí. Mostrando la placa dicen ‘brigada de investigaciones’ y me dicen ‘vos bajate de la camioneta y subite al auto’, obviamente con insultos. ‘Nosotros te seguimos a vos por orden de Gerardo Morales. Dale bajate.. yo si quiero lo llamo y los meto en cana’, y así. Me empieza a pedir los datos personales, me pregunta dónde trabajo, dónde estudio, qué carrera estudio. Y en reiteradas oportunidades, quería saber a qué gremio pertenecía y en qué agrupación de la facultad militaba”.
- Persecución sindical. Silvio “Chopper” Egüéz, trabajador del Ingenio La Esperanza: “Tengo 36 años de trabajo en la empresa. Hace como dos meses atrás hicimos asamblea de 300 compañeros, donde se tomó la decisión de ir y correrlos a los gerentes. Porque esta empresa, que está en quiebra, tiene gerenciadores por parte del Gobierno y por parte de privados. Y a nosotros nos denunciaron. Ellos aducen que fuimos violentos, que rompimos la administración, que rompimos una puerta, que le pegamos a un gerente de RRHH. Todo eso es mentira. Y a 19 compañeros nos suspendieron 29 días. De esos 19 compañeros, 9 fuimos denunciados penalmente.”
Julio Mamaní, delegado de Aceros Zapla, referente del PTS-FIT:
“Buenas tardes a todos. Soy delegado del sector mantenimiento. Nos elevaron una causa hace dos años, cuando hicimos un paro por reclamar los salarios. En Aceros Zapla hicimos un paro que duró bastante, duró un mes. Entonces el dueño de la empresa nos inicia una causa. La causa es ‘compulsión a la huelga’, así la definieron, lamentable. Lo que yo quiero recalcar es que estuvo quieta la causa dos años, y cuando entró el nuevo Gobierno, lamentablemente, empezaron -como todos dicen acá- el apriete. El apriete a la gente que tiene a cargo representar a los trabajadores. Nosotros somos los tres cabezas visibles del sindicato. Siempre estamos en todas las luchas.”
- Gatillo fácil y torturas en comisarías. Vecinos de San Pablo de Reyes. Familiar de uno de los detenidos: “Sufrimos un allanamiento en nuestro domicilio, supuestamente una persona, Iturbe creo es el apellido, nos hizo una denuncia, no solamente a nosotros sino a 9 personas más, porque habían desaparecido cosas. Hicieron un allanamiento, nos dieron vuelta la casa. Yo tengo hermanos chiquitos, han entrado brutalmente. No nos mostraron la cédula de identificación, los autos no tenían patente. Y se los llevaron, fueron 9 chicos que fueron detenidos. Se los llevaron y dijeron que supuestamente era por averiguación de antecedentes, y dijeron que a las 12 los iban a soltar, pasó las 12, la 1 las 2 y no los soltaron. No nos dejaban que les demos comida, nada. Recién como a las 22-23 los liberaron. Se los llevaron como detenidos. De los 9 domicilios que allanaron no encontraron nada.”
