El juez dispuso que las militantes feministas sigan procesadas
El delito de reclamar protección
El juez porteño Ladislao Endre rechazó el pedido de nulidad de las militantes feministas procesadas por pintar graffiti llamando al paro del 8M. No se presentaron el cura ni los gerentes bancarios cuyas paredes fueron pintadas.
Las feministas fueron detenidas a pedido de cuatro militantes ultracatólicos que se hicieron pasar por policías.Las feministas fueron detenidas a pedido de cuatro militantes ultracatólicos que se hicieron pasar por policías.Las feministas fueron detenidas a pedido de cuatro militantes ultracatólicos que se hicieron pasar por policías.Las feministas fueron detenidas a pedido de cuatro militantes ultracatólicos que se hicieron pasar por policías.Las feministas fueron detenidas a pedido de cuatro militantes ultracatólicos que se hicieron pasar por policías.
Las feministas fueron detenidas a pedido de cuatro militantes ultracatólicos que se hicieron pasar por policías. 
Imagen: Sandra Cartasso

Mientras la Justicia no da respuestas efectivas a las mujeres que denuncian violencia machista, y muchas veces no les cree a niñas y niños que denuncian abuso sexual, gastará recursos en juzgar a seis activistas acusadas de realizar pintadas con consignas feministas en el frente de una iglesia y de dos sucursales bancarias, en el barrio porteño de Almagro. Así lo resolvió ayer el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Ladislao Endre, al rechazar el pedido de nulidad de las actuaciones que había pedido la defensa, por considerar que la detención de las jóvenes fue “arbitraria” y que los cuatro militantes católicos que las denunciaron al 911, en la madrugada del 7 de marzo, –un día antes del Paro Internacional de Mujeres–, incurrieron en “falso testimonio”, e incluso se hicieron pasar por policías, dando la voz de alto al perseguirlas por la calle hasta que llegó un patrullero, tal como se vio en el video que presentó ayer como prueba la defensa, durante una  audiencia convocada por el tribunal.

La audiencia oral y pública comenzó poco después de las 13, en Tacuarí 138. La convocó el juez Endre para analizar el pedido de nulidad de la defensa. Las partes dieron sus argumentos. Por un lado, la abogada Gabriela Carpineti, representante legal de las seis imputadas, pertenecientes a distintos espacios feministas, una de ellas al Colectivo Ni Una Menos. Por el otro, el fiscal Juan Rozas, que impulsa la acusación: les imputa los delitos de daño simple y agravado por pintar consignas para convocar al 8M: es decir, el representante del Estado es quien quiere llevarlas a juicio por escribir con aerosol negro y rojo –las armas secuestradas por la policía– palabras o frases como “Paro”, “8M”, “El Patriarcado se va a caer” y “Lesbianas”. Es significativo que los supuestos damnificados no se presentaron como querellantes en la causa: ni el cura párroco de la Iglesia Santuario Jesús Sacramento, ubicada en la avenida Corrientes 4441, –a la que dijeron pertenecer los cuatro hombres que las denunciaron– ni directivos de los bancos Nación ni Galicia, donde aparecieron las pintadas en cuestión.

Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a referentes de distintos espacios feministas, estuvieron presentes en la audiencia, en apoyo a las seis activistas sentadas en el banquillo de las acusadas. El debate giró sobre si los hechos imputados encuadraban en la figura de “flagrancia”, tipificada en el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Ciudad. El artículo 78 dice: “Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza pública, por la víctima o el clamor público”. La defensa presentó pruebas –entre ellas una filmación– donde se ve que las activistas no fueron detenidas por efectivos policiales sino por los cuatro civiles que las denunciaron al 911, luego de una persecución donde, incluso, se hicieron pasar por uniformados al gritar la voz de alto. Después llegó un patrullero. Carpineti alegó, además, que no estaban las supuestas víctimas (cura y autoridades de los bancos) ni hubo clamor público. Por esa razón, consideró ilegal las detenciones y acusó a los denunciantes de incurrir en falso testimonio.

Fue curioso que tanto el juez como el fiscal, destacaron en sus intervenciones, las luchas de las mujeres por sus derechos. Rozas insistió con la imputación. El magistrado, finalmente, entendió que cada parte había defendido su posición y que el proceso judicial debe seguir adelante.  

Como testigo declaró la periodista y activista feminista Florencia Alcaraz, quien describió el contexto de violencia machista que se vive en la actualidad, recordó que se produce un femicidio por día, destacó que en el momento de las detenciones de las seis activistas, Eva Analía “Higui” Dejesús estaba presa por defenderse cuando la había querido violar un grupo de hombres para “corregir” su lesbianismo, y señaló que Milagro Sala sigue privada de su libertad, que en el país mueren mujeres como consecuencia de abortos clandestinos y que ante el achicamiento del Estado lo único que se puede hacer es militar, como lo estaban haciendo las imputadas en la madrugada del 7 de marzo.

Los denunciantes son Gabriel Omar Fittante, Juan Manuel Báez Rivora, Carlos Esteban Mater y Nicolás Djudjic. El fiscal se ocupó de aclarar que había confirmado con el párroco de la Iglesia Santuario Jesús Sacramento, que los cuatro eran fieles feligreses de esa comunidad católica.  

En la causa figura el diálogo que uno de ellos mantuvo con un operador del 911:

–Sí, yo llamé a jurisdicción de la 11, pero no viene nadie.

–¿Son cinco chicas?– pregunta el operador.

–Sí, son un grupo de cinco chicas. Se nos escapan. Estamos tratando de seguirlas para que se puedan detener pero no viene ningún móvil.

Un rato antes habían hecho la denuncia al 911 sobre las pintadas en la iglesia. También ese diálogo figura en el expediente judicial.

Para la defensa hay una “desproporción entre el daño material del que son acusadas y la violencia civil e institucional que las mismas sufrieron por parte de los denunciantes y los agentes policiales”.