El ex fiscal rosarino Fernando Rodrigo quedó al borde de ir a juicio oral y público por haber intervenido el teléfono de su ex pareja y de su círculo íntimo mientras era funcionario del Ministerio Público de la Acusación. El acusado enfrenta una pedido de pena de cinco años. Rodrigo renunció a su cargo en agosto de 2017, después de ser suspendido por incluir esas líneas telefónicas en pedidos de intervenciones en una causa donde él investigaba desarmaderos de autos.

El ex fiscal fue llevado a audiencia preliminar el martes en el Centro de Justicia Penal, donde la fiscal Natalia Benvenuto lo acusó por el delito de peculado de trabajos y servicios públicos en concurso ideal con falsedad ideológica y uso de instrumento público agravado por su calidad de funcionario público.

La fiscal Benvenuto ya adelantó que pedirá en el juicio una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en todo el país. Ese último dato resulta sensible, ya que Rodrigo está entre los tres ternados para cubrir un cargo como titular de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, según los nombres que elevó el 6 de junio pasado el procurador general de la Nación Eduardo Casal al Poder Ejecutivo a través del concurso número 114, que fue convocado a través de la resolución PGN Nº 21/18.

La demora en que haya una eventual condena se explica porque la investigación mantuvo durante estos años una discusión de competencia, ya que la defensa planteó que la causa debía debatirse en el fuero federal. Sin embargo, la decisión final tras varias presentaciones judiciales fue que la investigación sea realizada por la Justicia provincial.

Rodrigo, al momento de ser imputado, se desempeñaba como jefe de una de las unidades fiscales de Investigación y Juicio, e intervenía en robo de vehículos que posteriormente eran desguazados en desarmaderos. En ese marco, presentó listas de líneas telefónicas para ser intervenidas, ya que según él, habían sido apuntadas en informes de inteligencia de la Policía de Investigaciones sobre personas sospechadas de los delitos.

De acuerdo a la evidencia exhibida por la fiscal Natalia Benvenuto, el ex funcionario judicial pidió entre agosto de 2016 y julio de 2017 “cinco interceptaciones de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto respecto de doce números telefónicos”, que fueron otorgadas por jueces que habían interpretado que se trataba de personas involucradas en las investigaciones.