Tres organizaciones civiles presentan hoy una singular solución de hábitat para sectores populares cada vez más desalojados del mercado inmobiliario: Plan Integral de Vivienda Social, Alquileres Justos y Dignos, se llama, y se trata de poner en alquiler inmuebles ociosos, detraídos de la especulación inmobiliaria, en acuerdo con sus titulares que los compraron, precisamente para eso.

Concejalía Popular, Rancho Aparte y Orillas son las tres ONG que, en coordinación con universidades y otros espacios de la economía social, interpelan al Estado y su incapacidad para garantizar la vivienda como derecho y no solo como negocio.

Nire Roldán, exconcejal y referente de la primera entidad referida, explicó que detectaron un centenar de inmuebles en desuso desde hace 2 a 5 años, en barrios y en el microcentro, incluso. Empezaron con 10 para negociar con sus dueños y acordar ofrecerlos como vivienda de alquiler social.

El primero de ellos se inaugurará esta tarde en Ayolas y Ayacucho. Se llama "La Perla de Tablada", hostel social y bibliohábitat popular, según reza la propuesta del inmueble recuperado. Consta de habitaciones de 1 a 6 plazas para brindar soluciones habitacionales temporales a determinadas personas y familias excluidas del mercado de locación. Son 36 plazas de alquiler. "Una solución pequeña pero que servirá como ejemplo para que alguien desde el Estado lo tome como política pública que hoy no existe. Es la utilización social de la plusvalía urbana", recalcó Roldán a este diario.

El propietario accedió a ceder el inmueble en comodato por tres años, a costo 0.

"Jóvenes embarazadas, trabajadores, estudiantes, o personas dedicadas al cuidado de familiares que necesiten temporalmente una solución habitacional, de la ciudad o de localidades de la región", enumeró Roldán. Y en caso de no tener recursos económicos para abonar el alquiler, el inquilino podrá usar el "bono Perla", una idea que permite el canje de días de alojamiento por trabajo social, docente, de cuidados o de economía social para dar respuesta solidaria a la necesidad urgente.

En planta baja se cuenta, además, una biblioteca popular abierta al barrio.

La experiencia se tomó de un proceso similar desarrollado en Bogotá, cuando era alcalde el actual presidente colombiano, Gustavo Petro. Allí el estado local salió a disputarle terreno al narcotráfico. Una solución fue la creación de lo que dio en llamar "hosteles sociales".

Tanto inmueble ocioso corresponde, mayormente, a especuladores inmobiliarios que salen al mercado a comprar deuda, aprovechar oportunidades de esa clase. Luego, las propiedades acopiadas no tienen la situación jurídica y normativa en condiciones para derivar en un nuevo negocio en el corto plazo. En esa rendija del negocio es que las tres ONG de la iniciativa metieron la cuña y empezaron a persuadir a esos actores de la plaza inmobiliaria rosarina.